FSP-UGT ve prevaricación en la elección del secretario general de Educación nuevo

La designación de Carlos Ortega, licenciado en Derecho y docente, como nuevo secretario general de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha colmado la paciencia, por reiteración, de la FSP-UGT de Ceuta, que ayer anunció que lo denunciará por la vía Penal “con el objetivo de que se cumpla le ley y se inhabilite a aquellos que dictan resoluciones injustas a sabiendas [prevaricación]” si la ciudadanía no les descabalga antes de sus puestos en las urnas.

A juicio de Bendayán y Cucurull la vía elegida es tan legal, como a su juicio acreditan los antecedentes, como la de convocar un Concurso, que es lo que exigen los ugetistas.
Para el sindicato, sin embargo, “las declaraciones de Bendayán son un claro ejercicio de cinismo y de falta de respeto a los funcionarios que trabajan en la Dirección Provincial” porque según su criterio “pretende confundir los intereses de la comunidad educativa con sus intereses personales y los de sus amigos, a los que coloca a dedo en puestos de trabajo que no le corresponden”.
FSP-UGT considera que esta decisión “demuestra que las políticas sectarias del Gobierno del PP están tan vigentes o más que con el anterior director provincial” porque “pretender colar que un docente por el hecho de ser amigo y correligionario de Bendayán va a desempeñar un puesto administrativo mejor que el personal formado para ello es como decir que un técnico de administración daría clases mejor que un docente”.
Los de Juan Carlos Pérez opinan que “la afirmación de que existen dos métodos para nombrar al secretario general de la Dirección Provincial es una falacia de tal calibre que cae por su propio peso” ya que “solo existe una forma legal que es el concurso de méritos ajustado al perfil de la relación de puestos de trabajo donde existe una clausula, la Ex11, que excluye expresamente al personal docente”.
“Lo demás, utilizar la comisión de servicio de forma fraudulenta, es la ilegalidad del enchufismo, del amiguismo, el sistema dedocrático típico de los políticos reaccionarios que pretender estar por encima de la ley”, criticó en un comunicado FSP-UGT, que censuró que “a este Gobierno que se le llena la boca de hablar de legalidad, de cumplimiento de las normas y de igualdad ante la ley se le ve claramente el plumero reaccionario del embudo de que la ley es para los demás y no para ellos”.
Para reforzar su argumentario, el sindicato recordó que la senadora por Ceuta del PP Luz Elena Sanín interpeló en 2009 al Gobierno socialista de entonces sobre la presunta “ilegalidad” que suponía nombrar secretario general de la Dirección Provincial “a un profesor en lugar de nombra a un Técnico de Administración General”.
El Gobierno que todavía lideraba José Luis Rodríguez Zapatero le respondió que “la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado no dice nada respecto al tipo de funcionarios que deban ocupar unos puestos u otros, por lo que no cabe vulneración alguna de dicha Ley, por razón del cuerpo de pertenencia del funcionario que ocupa un puesto de la Administración General del Estado”.
Además, aclaró que “el puesto de secretario general de la Dirección Provincial de Educación en Ceuta, con nivel complemento de destino 26, está previsto sea ocupado por un funcionario de grupo Al o A2 de cuerpos pertenecientes a la Administración General del Estado”.
En aquel momento la Administración argumentó que "como quiera que no se encontró un candidato de grupo A2 (de grupo Al resulta prácticamente imposible) con conocimientos de la administración educativa, es decir, adecuado al puesto y que, además, esté interesado en prestar sus servicios en Ceuta, y ante la grave responsabilidad que suponía dejar sin cubrir el puesto, se nombró a un funcionario del Cuerpo de Maestros”.