Unas avalanchas que consintió Marruecos, etiquetado como “socio útil” por el Gobierno de la Nación.

Fuentes del Ejecutivo han informado de esa investigación de Marruecos, de la que han concretado que fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Bourita, a su homólogo español, José Manuel Albares. Así lo recoge la agencia Efe.

Sin acusaciones por parte de España

El Gobierno de España ha mantenido hasta ahora que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de esa entrada masiva en Ceuta, y así lo ha reiterado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso.

No obstante, ha precisado que si el Gobierno tuviera pruebas "sólidas" actuaría "en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación".

Las fuentes citadas han subrayado que esas palabras no suponen un cambio de actitud, ya que recalcan que en todo momento se ha asegurado que no se puede responsabilizar a nadie de lo sucedido porque no hay evidencias para ello.

Llamada a la embajadora

Sánchez apuntó en su comparecencia que el pasado 21 de agosto el Gobierno convocó a la embajadora marroquí en España ante las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en las que en las últimas semanas han reivindicado la soberanía o la liberación de Ceuta y Melilla.

Ante el hecho de que no se informara en su momento de esa convocatoria, el Gobierno subraya que las relaciones bilaterales, máxime en un asunto como éste, requieren prudencia.

En España, la magistrada María Tardón tiene el reto de empezar a arrojar claridad en este asunto.

La Fiscalía ya ha comunicado que avala que la Audiencia Nacional investigue lo que sucedió el pasado 30 de julio porque es competente para ello.

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La colocaron en el espigón, pero no como obstáculo para impedir entradas, sino como elemento que se debe sortear y cuya presencia permite que se practiquen las devoluciones cuando se entra a nado.

Este viernes, en torno a las 14.00 horas, la Guardia Civil y Marsave tuvieron que intervenir ante la entrada de dos personas. Uno quiso escapar tras cruzar a nado, pero fue finalmente interceptado por la Benemérita; el otro tuvo que ser asistido por los socorristas tras quedar desvanecido sobre una roca pasado el espigón.

Ambos sortearon las boyas colocadas desde el pasado 1 de agosto. En el caso del joven que requirió de atención, se encontraba convulsionando y tuvo que ser atendido por Marsave en el puesto del que disponen para lograr estabilizarlo.

Se contó también con una ambulancia. La Guardia Civil intervino para proceder a la interceptación de ambos y posterior traslado a Marruecos.

Las barreras, tanto en Tarajal como en Benzú

El elemento de contención que superaron estos dos inmigrantes es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

Esta estructura, dispuesta tras las avalanchas de finales de julio por Interior, se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

Su colocación se dispuso para poder aplicar las devoluciones cumpliendo a su vez con lo recogido por la sentencia del Tribunal Supremo.

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Los firmantes de este documento han dejado claro que la situación de la ciudad autónoma trasciende el ámbito migratorio y debe abordarse como una cuestión de Estado, ya que afecta directamente a una frontera tanto española como europea, comprometiendo gravemente la seguridad, la integridad territorial, la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

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Exigencia de recursos para evitar un impacto en la estabilidad presupuestaria

La declaración institucional pone en valor el enorme esfuerzo realizado de forma local por Ceuta para contener y gestionar la presión extraordinaria sobre sus recursos presupuestarios, su economía y sus servicios públicos. Las comunidades firmantes recuerdan que un territorio de las dimensiones y singularidad de Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una crisis de esta magnitud.

Por este motivo, exigen formalmente al Estado la dotación inmediata de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para hacer frente a la emergencia y recuperar la normalidad en la zona. El objetivo prioritario de este auxilio es evitar que los costes extraordinarios derivados de la crisis fronteriza terminen afectando a la estabilidad presupuestaria de la Ciudad Autónoma o mermando la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

Un plan de refuerzo permanente en seguridad, justicia, sanidad y educación

Más allá de las medidas urgentes para paliar la emergencia inmediata, las comunidades autónomas reclaman un cambio estructural en la implicación del Estado en el norte de África. La declaración insta a un refuerzo permanente de la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, especialmente en áreas críticas para el bienestar y la cohesión como la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad y la educación.

Para lograr un control efectivo de los flujos en la zona, el manifiesto detalla la necesidad de acometer las siguientes actuaciones clave: modernización de las infraestructuras fronterizas para adaptarlas a los retos actuales, incremento sustancial de los medios personales, materiales y tecnológicos destinados al control de la frontera, creación de instrumentos específicos de financiación, desarrollo económico y cohesión social

Estas peticiones se sustentan en la singularidad geopolítica de Ceuta y Melilla como las únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en el continente africano, un hecho diferencial que requiere un compromiso firme, constante y coordinado por parte de las instituciones nacionales y europeas.

"Proteger Ceuta es proteger España": Un mensaje de unidad territorial

El documento concluye con un rotundo llamamiento a la unidad institucional y a la corresponsabilidad de todos los territorios que integran el Estado español. Los firmantes recuerdan que la defensa de la estabilidad, el desarrollo y el futuro de Ceuta no es un problema local, sino una responsabilidad compartida por todas las instituciones y autonomías.

La declaración cierra con una proclama de solidaridad explícita: "Ceuta no está sola". Bajo esta premisa, se apela a la conciencia colectiva recordando que proteger Ceuta es proteger España y que la frontera de la ciudad autónoma es, en última instancia, la frontera de todos.

"Ceuta no está sola. La defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España”, recordando que “proteger Ceuta es proteger España y que la frontera de Ceuta es la frontera de todos”, finaliza así el texto.

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Una de esas estampas se encuentra en la playa del Trampolín, donde las chozas improvisadas continúan siendo las protagonistas.

Por la zona deambulan numerosos inmigrantes, mientras las construcciones precarias levantadas junto al entorno conforman una imagen que muchos vecinos consideran impropia de una ciudad europea en pleno 2026. El paso de los días no ha cambiado una situación que sigue ofreciendo, según puede apreciarse sobre el terreno, una estampa difícil de normalizar.

La situación tiene además una prolongación en otro de los espacios afectados. En la zona de la antigua Fábrica de Guano, el escenario parece extenderse como una especie de segunda fase de este asentamiento improvisado. Cada vez son más los inmigrantes que acampan en el lugar, instalando sus tiendas de campaña y ocupando progresivamente este espacio.

 

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Un asentamiento que crece

En este punto de la ciudad, la actividad cotidiana se ha ido organizando alrededor de la propia presencia de quienes permanecen allí. Incluso se ha improvisado una especie de ‘supermercado’, donde se venden productos de primera necesidad y consumo habitual, como zumos, leche, barras de pan o tabaco.

Durante la jornada, muchos de ellos se agrupan para jugar al balón y pasar las horas en un entorno marcado por la incertidumbre. Sin un destino inmediato fijado y con un futuro todavía incierto, las escenas se suceden mientras transcurre el tiempo en estos asentamientos improvisados.

Entre esas imágenes tampoco falta la figura de un peluquero improvisado, una escena que ya se ha repetido en otros puntos afectados por esta situación. La estampa vuelve a poner de manifiesto cómo, con el paso de las semanas, se han ido generando dinámicas propias en estos espacios, mientras crece el debate sobre la gestión de la crisis y las soluciones que deben adoptarse.

Vecinos cansados de la situación

En medio de este escenario están también los vecinos, que viven con preocupación y cansancio las consecuencias de una situación que se prolonga. Los residentes de la urbanización La Colina han decidido reforzar el control de acceso a su entorno mediante la instalación de una gran puerta en la entrada de la urbanización.

Ahora esperan la llegada del motor que permita ponerla definitivamente en funcionamiento. Su objetivo es evitar que se produzcan accesos no autorizados y recuperar una mayor sensación de seguridad y control en una zona cuyos vecinos aseguran sentirse directamente afectados por lo ocurrido durante las últimas semanas.

La medida refleja el hartazgo de quienes consideran que han tenido que buscar soluciones por sus propios medios ante una situación que, entienden, se ha prolongado demasiado en el tiempo. Para estos residentes, el deseo es claro: recuperar la tranquilidad que tenían antes de que esta crisis alterara su vida cotidiana.

Treinta y siete días después

Los días siguen pasando y ya son 37 jornadas desde que la vida de Ceuta y de los ceutíes cambiara de manera radical. Aunque se han producido movimientos y se han planteado iniciativas para crear espacios destinados a acoger a los inmigrantes, la sensación que persiste en buena parte de la ciudadanía es que todavía queda mucho camino por recorrer para recuperar la normalidad.

Una normalidad que muchos ceutíes añoran y que, para ellos, la ciudad perdió el pasado 30 de julio. Desde entonces, la imagen de determinados espacios urbanos y la convivencia diaria con esta situación han marcado unas semanas especialmente complejas para una ciudad acostumbrada a enfrentarse a circunstancias excepcionales, pero que ahora vive una realidad que continúa abierta.

El 30 de julio quedará señalado como una fecha relevante en la historia reciente de Ceuta. Pero, más allá de las cifras y de las decisiones que se adopten para hacer frente a esta situación, quedará también el recuerdo de estos días de incertidumbre y agonía para muchos ciudadanos, que observan con preocupación cómo su ciudad sigue lejos de aquella imagen cotidiana que reconocían como propia y que desean recuperar cuanto antes.

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La magistrada María Tardón tiene el reto de empezar a arrojar claridad en este asunto. Es la misma que lleva la investigación del famoso narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. Del tráfico organizado de hachís se pasa a investigar qué hay detrás de un auténtico chantaje, de un ataque premeditado contra la frontera sur de Europa.

La Fiscalía ya ha comunicado que avala que la Audiencia Nacional investigue lo que sucedió el pasado 30 de julio porque es competente para ello.

Ahora la magistrada Tardón deberá determinar el paso que da, después de haber recibido informes sobre los hechos en un escenario de conflicto político por señalar al autor intelectual de ese auténtico desastre, es decir, de quien propuso mover a miles y miles de mujeres, niños, hombres y familias al completo hacia la puerta de Ceuta.

Esa es la clave de todo esto: si existió esa premeditación, si se orquestó la entrada masiva el mismo día en el que el rey de Marruecos celebraba la fiesta del Trono, pero, sobre todo, quien ordenó el ataque.

Lo que determina la Fiscalía

De momento, sobre la mesa, se tienen varios informes. El último el que ha entregado la Guardia Civil para comunicar que no recibió aviso sobre el alcance que tendría esa llegada de inmigrantes, pero sí las informaciones del CNI que no apuntaban al pase de 80.000 personas.

La Benemérita no señala quién estuvo detrás de todo esto, pero sí recoge, porque es evidente y verificado por todos, que existieron alertas sobre lo que podría suceder, sin la envergadura que posteriormente tuvo.

El de la Policía Nacional era claro al apuntar a agentes marroquíes como quienes guiaron a esa entrada, apoyándose con otros de paisano, no uniformados.

El fiscal jefe, Jesús Alonso, asume este caso que investiga la Audiencia Nacional por ser un asunto que afecta a la seguridad nacional, estando sobre la mesa posibles delitos de inmigración legal, homicidio y organización criminal.

La instrucción debería concretar si se produjo una acción que afectó a la independencia y seguridad del Estado.

Informes de Guardia Civil y Policía Nacional

El desastre ya está provocado, ahora todo radica en qué se sabía realmente sobre esa entrada masiva, si se trató de una acción coordinada y, sobre todo, por parte de quién.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha dejado claro que agentes marroquíes facilitaron la entrada de miles de personas, camuflando ese gesto con un fin migratorio.

La Guardia Civil ha elaborado su propio informe a cargo de la Jefatura de Información, son pocos folios en los que se responde a lo que les solicitó Tardón. Cifra los muertos que hubo, 82; aunque sin poder concretar que otros cuerpos hallados con posterioridad fueran de la avalancha.

La magistrada, en una providencia de principios de agosto, solicitó a la Guardia Civil un informe sobre su actuación en este episodio y que le detallara si recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

Este documento está en manos de la magistrada desde este viernes.

Una de las patas más importantes de todo este asunto está en Marruecos, allí se inició todo, allí se originó la estrategia para ejecutar un plan que terminó con muertes y el bloqueo de Ceuta. Hay que aclarar quién promovió todo esto.

El origen de todo

Tardón acordó abrir diligencias previas después de recibir una denuncia penal presentada por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas».

Se le pide por parte de la Fiscalía que declare secreto parcial de las actuaciones para que pueda avanzar en las investigaciones.

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Este viernes ha sido el tercer día que tanto docentes como padres y madres preocupadas y vecinos afectados se han acercado hasta la explanada situada frente a la escuela, lugar donde se instalará este espacio de acogida.

La indignación durante este viernes ha ido in crescendo. A las 08:00 horas, un grupo reducido de padres se ha presenciado en el lugar con la intención de paralizar la actividad de los obreros que operan en la zona con el objetivo de acondicionar este espacio de recursos para inmigrantes.

Indignación

El enojo ha sido mayor cuando los afectado se han percatado tanto de la presencia de la Policía como de un nuevo trabajo de los obreros para evitar manifestaciones en el terreno.

Desde primera hora de la mañana, los operarios trabajaban en el vallado del perímetro de este descampado situado frente a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África con el objetivo de evitar sucesos como el ocurrido durante la jornada del jueves.

Este pasado jueves un grupo de manifestantes paralizaron la jornada laboral, consiguiendo así evitar el comienzo de la instalación de carpas para inmigrantes.

Este viernes se ha requerido presencia de la Policía Nacional para frenar a los manifestantes y comenzar así con el trabajo encomendado.

Zona vallada para evitar manifestaciones

Una vez vallada la zona, un trabajo que se ha estado realizando hasta las 10:00 horas, los operarios han dado comienzo a la jornada. Ahora sí, el espacio de acogida para inmigrantes está en marcha, sus instalaciones son una realidad y avanza viento en popa y a toda vela.

Esta realidad ha despertado una gran frustración e indignación entre familias afectadas, vecinos de la zona y trabajadores que desempeñarán su docencia en esta nueva escuela infantil.

La familias no se rinden

A media mañana, lejos de rendirse, algunos vecinos han vuelto a interrumpir la jornada laboral. Esta vez no han conseguido pausar el desarrollo del montaje, pero han conseguido cruzar la valla y ocupan la zona centro del terreno para mostrar su rechazo.

Las familias de los niños y niñas que pasarán horas en la Escuela Infantil Nuestra Señora de África están realmente preocupados por esta situación. Sus esfuerzos y concentraciones parecen no estar dando soluciones y el sentimiento de abandonos crece por horas.

Un avance considerable

Por otro lado, el acondicionamiento del espacio ya muestra un avance considerable. Ya se han instalados los esqueletos de dos carpas que servirán de cobijo a los invasores que irrumpieron en Ceuta a finales de julio.

Ni docentes ni familias que necesitan hacer uso de las instalaciones entienden de dón surgió la idea de instalar un asentamiento para inmigrantes en frente de una zona tan sensible como lo es una escuela infantil.

A pesar del irremediable comienzo de las obras, los afectados no desisten en su intento por hacer cambiar al Gobierno de España esta decisión, denominada “inentendible”  por todos los que están relacionados con la escuela: docentes, familias y vecinos.

Continuarán las protestas y continuará la visibilidad a esta situación.

Comisiones Obreras

Ante esta situación, Comisiones Obreras ha exigido una solución ante la intención de instalar una zona de acogida de personas migrantes junto a la nueva escuela.

“Reclamamos la búsqueda de una alternativa que permita compatibilizar la atención a las personas migrantes con la tranquilidad de las familias y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos”, han trasladado.

Para CCOO, la Ciudad debe valorar dos alternativas: cambiar el emplazamiento previsto para el campamento de acogida o, en caso de mantener su ubicación actual, no proceder al traslado de los menores de los centros Juan Carlos I y Nuestra Señora de África a la nueva escuela infantil.

CSIF

Por su parte, CSIF exige garantías de seguridad antes de la apertura de la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África y ha solicitado a  la Ciudad “una actuación urgente antes de la apertura de la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África, prevista para el próximo 28 de septiembre”.

“El centro tendrá capacidad para aproximadamente 176 menores de entre 0 y 3 años, además de los trabajadores que prestarán servicio en sus instalaciones”, han informado.

Una visita técnica

Además, ha solicitado una visita técnica, una evaluación específica de riesgos y un pronunciamiento expreso sobre la idoneidad preventiva de mantener estos dispositivos junto a una escuela infantil.

CSIF considera que la prevención debe actuar antes de que se produzca cualquier incidente y exige que la seguridad de trabajadores y menores quede plenamente garantizada antes de la apertura del centro.

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Según publica Redacción Médica, la propuesta afectaría únicamente a las clases teóricas programadas en las últimas horas de la tarde, cuando ya ha anochecido, con el objetivo de reforzar la sensación de seguridad entre el alumnado.

La medida se encuentra entre las distintas opciones que analiza la institución académica a pocos días del inicio del nuevo curso universitario.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Luis Gómez Urquiza, ha explicado al citado medio que el campus no ha registrado incidentes y que la situación en sus instalaciones está "totalmente controlada", aunque reconoce la preocupación existente entre parte del estudiantado.

Un comité de emergencia para afrontar la situación

De acuerdo con la información publicada por Redacción Médica, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, declaró el pasado lunes la situación de emergencia y activó el plan de respuesta institucional, lo que ha derivado en la creación de un comité específico encargado de diseñar medidas para afrontar las consecuencias de la crisis por la invasión procedente del vecino país.

Entre las propuestas que se encuentran sobre la mesa figuran el refuerzo de la seguridad en los accesos al campus y la identificación de los estudiantes para entrar en las instalaciones universitarias.

Preocupación entre alumnos y futuros estudiantes

El decano ha reconocido que la facultad ha recibido consultas de alumnos de nuevo ingreso que muestran inquietud por la situación que vive Ceuta. Aunque no tiene constancia de renuncias a plazas en el Grado de Enfermería, sí admite que algunos estudiantes han trasladado su preocupación tras seguir la actualidad informativa de las últimas semanas.

La inquietud también alcanza a quienes deben realizar prácticas clínicas. Según recoge el medio especializado, varias estudiantes han expresado su temor por tener que desplazarse diariamente a zonas próximas a uno de los centros habilitados para la atención de inmigrantes, ubicado junto al hospital donde desarrollan parte de su formación práctica.

Transporte y nuevas plazas de prácticas

Para garantizar la normalidad académica, la Universidad de Granada trabaja junto a la Ciudad Autónoma en distintas alternativas. Entre ellas figura la posibilidad de habilitar un microbús para facilitar el traslado de los estudiantes hasta los centros sanitarios.

Asimismo, se estudia ampliar las plazas de prácticas en otras ciudades con las que existen convenios de colaboración, aunque desde la facultad insisten en que Ceuta sigue ofreciendo una formación de calidad para los futuros profesionales sanitarios.

Temor a una caída de matriculaciones

Uno de los aspectos que más preocupa a los responsables universitarios es el posible impacto que la crisis migratoria pueda tener en las matriculaciones del próximo curso académico.

Según Gómez Urquiza, las inscripciones para este año se formalizaron antes de la entrada masiva de inmigrantes, por lo que la demanda del Grado de Enfermería no se ha visto afectada. Sin embargo, considera que si la situación se prolonga en el tiempo podría repercutir en la elección de estudios por parte de futuros alumnos.

En este contexto, la facultad mantiene como prioridad garantizar que ningún estudiante renuncie a cursar sus estudios en Ceuta por motivos relacionados con la crisis y que la calidad de la formación no se vea comprometida.

Por ello, la opción de trasladar algunas clases teóricas al formato online sigue siendo una de las medidas que se valoran de cara al inicio del curso, según informa Redacción Médica.

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“Se están imponiendo restricciones arbitrarias al acceso de los representantes sindicales a diversas dependencias policiales”, más aún el CATE.

“Durante las últimas jornadas sus delegados se han desplazado a los distintos centros de trabajo con la intención de comprobar de primera mano las condiciones laborales de las plantillas, atender las necesidades de los afiliados y evaluar el impacto operacional del despliegue en el actual contexto de presión asistencial y migratoria”, denuncia el sindicato.

En el caso del CATE, se les ha transmitido verbalmente que “no está permitida la visita sindical a determinadas dependencias sensibles”.

Una orden que no es legal

Para el sindicato, esta prohibición carece de base legal y supone un grave menoscabo de la actividad sindical en un punto crítico donde la presencia de los delegados resulta imprescindible para velar por los derechos y la salud laboral de los agentes destinados en dicho servicio.

Quieren verificar aspectos clave como las condiciones higiénico-sanitarias, la dotación de medios de protección individual, los turnos de descanso y el dimensionamiento de las plantillas ante picos de demanda operativa, sin interferir en ningún caso en la operativa policial ni en la custodia de los ciudadanos extranjeros allí atendidos.

El SUP subraya que estas restricciones contravienen frontalmente lo establecido en el artículo 89.3.a) de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, el cual ampara explícitamente el derecho de asistencia y libre acceso de las organizaciones sindicales representativas a los centros de trabajo para el desarrollo de sus funciones legales.

El sindicato remarca que la labor de representación no puede quedar supeditada al arbitrio o criterio discrecional de las jefaturas ni de la Administración, especialmente bajo la responsabilidad de un Gobierno que abandera la protección de los derechos de los trabajadores y la transparencia institucional.

Con un ZETA menos

A esta situación se suma un grave problema en la operativa diaria de seguridad ciudadana: la retirada de un indicativo ZETA (Z), destinado al patrullaje activo y a la respuesta inmediata en las calles, para ser asignado de forma fija a labores de control de acceso.

El SUP critica duramente esta medida, advirtiendo que detraer un radiopatrulla de la vía pública debilita la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia, mermando el servicio de prevención y la seguridad que se presta a la ciudadanía ceutí.

La organización sindical hace hincapié en que estas decisiones operativas no son sino el reflejo de la alarmante falta de recursos humanos que padece la Policía Nacional en Ceuta.

La acuciante escasez de personal y la falta de cobertura de vacantes obligan a recurrir a parches improvisados que sobrecargan a las plantillas existentes y comprometen la operatividad del servicio en un territorio de especial complejidad estratégica y alta presión migratoria.

¿Dónde está la orden?

El SUP solicita la intervención urgente de la Dirección General de la Policía, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior, exigiendo que aclaren de inmediato si se ha emitido alguna instrucción formal o directiva interna que restrinja el acceso de los sindicatos al CATE o a cualquier otra instalación policial en Ceuta.

En el supuesto de existir dicha orden, el SUP exige que se remita de forma oficial por escrito, debidamente motivada y con indicación expresa del rango normativo que la ampare.

De lo contrario, la organización advierte que emprenderá las acciones legales y administrativas oportunas para defender el libre ejercicio de la libertad sindical, solicitando de forma paralela la restitución inmediata del indicativo Z a labores patrulleras y el refuerzo urgente de la plantilla para dotar a Ceuta de los medios humanos que realmente necesita.

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Este avance se ha materializado tras una conversación telefónica mantenida entre el comisario de la Unión Europea y el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destinada a evaluar de primera mano la evolución de los acontecimientos en la ciudad autónoma.

I had a good phone call with Minister Grande-Marlaska on the evolving situation in Ceuta. He updated me on Spain’s response and the next steps concerning the return of those who remain illegally, as well as efforts to improve security on the ground.

— Magnus Brunner (@magnusbrunner) September 4, 2026

Avances clave en la asistencia de emergencia y el apoyo financiero

La comunicación directa entre el Gobierno español y las instituciones de Bruselas ha permitido desbloquear aspectos fundamentales de la petición española. Según ha detallado el propio comisario de Interior, se han logrado avances importantes en la solicitud de asistencia de emergencia.

El principal objetivo de esta medida de urgencia es canalizar recursos dirigidos a proporcionar un apoyo financiero y operativo adicional a España para mitigar el impacto de la crisis sobre el terreno.

Este soporte de emergencia por parte de la Unión Europea resulta de gran relevancia para reforzar las capacidades y recursos de la administración española ante la constante evolución de la situación en Ceuta. Los fondos y medios logísticos de carácter adicional permitirán dar una respuesta coordinada y con mayor solvencia operativa en el área fronteriza.

Prioridades estratégicas: seguridad y retorno de inmigrantes ilegales

Durante el encuentro telefónico, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al comisario europeo una actualización detallada de la respuesta de España ante la situación.

En esta línea de acción conjunta, el ministro ha precisado cuáles serán los próximos pasos a seguir por el Gobierno, centrándose especialmente en dos áreas críticas para la estabilidad y el control de la zona:

• El retorno de los inmigrantes ilegales: se abordaron formalmente las acciones para el retorno de aquellas personas que permanecen de forma ilegal en territorio español.
• La mejora de la seguridad en el terreno: se explicaron los planes y esfuerzos coordinados para incrementar y robustecer la seguridad directamente en Ceuta.

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“La legislación española no permite identificar a una persona únicamente por su aspecto, origen o nacionalidad aparente, pero sí exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuar y hacer cumplir la ley cuando concurren los presupuestos legales que justifican una intervención”, expone la sección sindical en un comunicado.

CSIF está valorando utilizar los cauces oportunos para solicitar que se investigue qué actuaciones se están realizando cuando una persona es localizada en las calles, asentamientos u otros espacios de Ceuta y existen indicios objetivos de que pudiera encontrarse de forma irregular en territorio nacional.

Trámites legales o no se cumplen órdenes

En concreto, el sindicato considera necesario esclarecer si, una vez realizada la identificación y comprobada una posible situación irregular o la ausencia de la documentación o autorizaciones correspondientes, se están efectuando los trámites legalmente previstos y, cuando proceda, el traslado ante la autoridad competente, o si, por el contrario, existen instrucciones, criterios u órdenes que estén provocando que determinadas actuaciones no se realicen.

CSIF considera especialmente grave la posibilidad de que, teniendo conocimiento de situaciones que pudieran requerir intervención policial, se estuviera decidiendo de forma deliberada no identificar, no comprobar la situación administrativa o no iniciar los trámites correspondientes, “algo que no podemos asegurar desde CSIF que esté ocurriendo, aunque hayamos recibido reclamaciones en ese sentido”, denuncian.

Si se da con pruebas sería importante

“Si llegara a acreditarse una omisión deliberada y sistemática en la aplicación de la legislación, CSIF exigirá que se determinen quién dio las instrucciones, quién asumió las decisiones y qué responsabilidades que pudieran corresponder”, añade el sindicato.

“Ceuta no puede convertirse en un territorio donde determinadas leyes simplemente dejen de aplicarse. La ley también se cumple en Ceuta. Y quien ordene lo contrario, deberá responder”.

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