La arquitectura del Tarajal impide un control que evite esta situación Garantizar que un marroquí cuya condena ha sido sustituida por la expulsión no volverá a Ceuta en menos de 24 horas es un imposible. Y lo es, a pesar de los complacientes discursos oficiales, porque los hechos demuestran lo contrario. La propia Policía reconoce su incapacidad para controlar a los que acceden a territorio español andando. Es tal la cantidad de personas que pasan por el filtro que termina chocando ese binomio seguridad-comercio al que aludía el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, en su charla sobre seguridad ofrecida la semana pasada en Ainara.
Ha habido casos de detenciones de la misma persona en una sola semana y, en el plano doméstico, expulsiones continuadas de marroquíes que, por la hora, no podían estar en Ceuta pero que se encontraban en los lugares de ocio captados por el robo fácil. Un dato: la UPR detuvo sólo en Nochevieja a más de treinta en las cercanías del Poblado, todos incumpliendo las normas de extranjería.
Pero si estos datos pueden resultar llamativos más aún lo son las historias que se han visto en el juzgado, de individuos personados ante el magistrado por la comisión de delitos cuando, supuestamente, deberían estar en Marruecos sin poder entrar en la ciudad al tener vigente una orden de expulsión. Hace unos meses llegó a presentarse por un robo un individuo que tenía orden de expulsión dictada por un juzgado peninsular por tentativa de homicidio. El hecho es que el citado, que debería estar cumpliendo esa expulsión, pudo entrar a los pocos días para seguir cometiendo delitos. No tardó ni una semana en hacerlo.
Hay casos más llamativos ya que sus protagonistas consiguen entrar en varias ocasiones. La Policía Nacional no puede llevar a cabo una labor de identificación sobre las personas que garantice que este tipo de situaciones no se va a volver a producir. Controlar uno por uno a todos los que cruzan el paso supondría levantar todas las alarmas en una ciudad que depende, en buena parte y sobre todo en determinados sectores, del otro lado del Tarajal. El 'ojo' del agente se convierte en ocasiones en el mejor controlador para comprobar si esa persona es un conocido delincuente habitual. Saber cuántos pueden entrar sin deber hacerlo es un imposible.
El propio delegado del Gobierno daba un dato en su charla sobre seguridad: el 80% de los delitos que se comete en la ciudad no los está realizando residentes ceutíes, sino extranjeros. Detrás de ese dato hay algo más, algo que han denunciado en varias ocasiones los sindicatos policiales: los expulsados por orden judicial tanto dictada por juzgados de Ceuta como de la península se quedan en la zona norte de Marruecos, convirtiendo el otro lado de la frontera en un asentamiento de expulsados que ven en el paso del Tarajal una forma de buscarse la vida.
Esta situación se produce exclusivamente en Ceuta y contra la misma no cabría más que reformar la arquitectura que hoy por hoy presenta el paso fronterizo para facilitar que haya controles como deben hacerse.
Las bases de datos de la Policía están plagadas de delincuentes que, una vez que son fichados por la Científica, se comprueba que usan distintas identidades, que emplean documentos falsos y, lo más grave, que coleccionan órdenes de prohibición de entrada en España como quien colecciona cromos.