El Gobierno de Vivas ya paralizó hace un año y medio su plan para promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el objetivo de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”.
Con aquella disposición se buscaba “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa” siempre cumpliesen los requisitos fijados en 2013 en una Resolución de cambio de régimen de cesión.
En caso de proceder a la venta, intención definitivamente paralizada ahora, el planteamiento del Ejecutivo local pasaba por exigir a los aspirantes “los requisitos generales habituales”, esto es, “estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad mínima de tres meses, tener nacionalidad española o residencia permanente, estar empadronados en Ceuta desde hace al menos cuatro años, carecer de vivienda, contar unos ingresos con entre 2 y 2,5 veces el IPREM [532,51 euros mensuales este año]”.
La Administración ha intentado “depurar” durante los últimos meses situaciones irregulares en esas viviendas. Con ese trabajo se logró cuperar media docena de casas y se abrieron otros doce expedientes tras acumular indicios de que la VPO estaban, en realidad, vacías u ocupadas irregularmente.
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