El fraude de las facturas para obtener permiso de residencia y el archivo judicial

Necesitan documentos para regularizar su situación en España y hay quienes están dispuestos a facilitárselos. Este martes, la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta anunciaba una investigación en torno a la obtención de facturas falsas por parte de ciudadanos marroquíes para obtener justificantes de cara al permiso de residencia por arraigo.

Tal y como indicó la Policía en una nota de prensa, la finalidad principal de esas facturas era la acreditación de la permanencia continuada en España, requisito imprescindible para justificar el tiempo de residencia necesario que obliga la legislación vigente en materia de extranjería para poder solicitar una autorización excepcional de residencia por arraigo. De este modo, regularizaban su situación administrativa en nuestro país.

 En esta operación, se detuvo al empleado de un establecimiento de pinturas y ferretería, quien elaboraba dichas facturas fraudulentas. Se le acusa de los presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Por los delitos de falsedad documental, se ha procedido además a la detención de diez personas, a los que se suman otros cinco imputados que, por el momento, no han podido ser localizados.

Facturas, ausencia de delito y archivo judicial

El pasado 28 de enero, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 dictaba auto de sobreseimiento libre y archivo de unas diligencias por un caso idéntico al que ahora difunde la Policía, cuya Jefatura no ha concretado a este periódico si ambos asuntos tienen relación entre sí, si se trata de los mismos hechos o posteriores que han derivado de este inicial archivo.

El caso es que en dicho auto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se alude a siete marroquíes que se encontraban en los años 2022 y 2023 en situación irregular en España. Se ganaban la vida realizando reformas de carpintería o construcción, además de pintando en casas particulares de Ceuta.

Todos ellos acudían a comercios de la ciudad para abastecerse de materiales y herramientas de trabajo, como es el caso de ese establecimiento de ferretería y pinturas.

Uno de los empleados de este local les expidió facturas de los productos comprados, sin que, en algunos casos, fueran incluidas en la contabilidad de la empresa. Esos documentos fueron aportados por estos marroquíes en el expediente administrativo para obtener el permiso de residencia en España por arraigo social.

La clave está en si esa conducta tiene encaje en una acción delictiva recogida en el Código Penal, por lo que se tiene que determinar si las facturas tienen naturaleza de documento público o privado.

En base a resoluciones dictadas por el Supremo se considera dicho documento como privado y se niega que se haya realizado para perjudicar a otro, por lo que se mantiene que el hecho en sí no es constitutivo de delito. Una medida que ha derivado en el archivo del caso.