Justicia para Francisco Javier Sauquillo, la víctima ceutí de la matanza de Atocha

La matanza de Atocha, ocurrida en el Madrid de 1977, dejó huella en Ceuta ya que una de las víctimas de aquel atentado era vecino de nuestra ciudad. Francisco Javier Sauquillo, abogado laboralista, quien resultó gravemente herido muriendo días después en el Hospital Primero de Octubre, fue atacado a disparos cuando se encontraba en el despacho con más letrados.

Uno de los autores de ese crimen fue el español Carlos García Juliá, condenado por la matanza y fugado hasta que las autoridades policiales dieron con él en Brasil. Ahora el Tribunal Supremo ha autorizado la extradición, atendiendo la petición del Gobierno español y el que fuera militante de Fuerza Nueva tendrá que responder ante la justicia.
García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel como autor material de cinco asesinatos. Se fugó y desde entonces la Policía le estaba siguiendo una pista hasta llegar a Brasil. Su periplo de escapadas le llevó a Bolivia, donde fue encarcelado por narcotráfico, a Chile, Argentina… haciendo uso de información a nombre de terceras personas. García Juliá solo cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad falsa venezolana.

Una calle en su honor en Ceuta

La Audiencia Nacional de España había pedido al Gobierno que solicitara a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión. Unos años para hacer justicia por todas las víctimas de la matanza y, también, por el ceutí Sauquillo, que tiene una calle rotulada en Ceuta, su ciudad natal, en concreto en la barriada de Juan XXIII.

El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado en 1980 por cinco asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas y en 1991 se le concedió la liberad condicional.