La virtud consiste en un término medio que, según Aristóteles, se encuentra “entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto”. El Gobierno de Ceuta y la Federación Provincial de Vecinos (FPAV) de Ceuta lo han encontrado para dar continuidad a las Brigadas Verdes sin partir peras y dejar a sus 134 empleados al pairo del Fondo de Garantía Salarial.
Ni 4,6 millones, como iban a costar en 2023 con Tragsa; ni 3,5, como costaron este año con la entidad vecinal; ni 3, el precio justo que había calculado el Ejecutivo local para sufragar costes salariales y laborales sin más dispendios.
Al final el sostenimiento de los 134 trabajadores actualmente en nómina de la Federación le saldrán a la administración por unos 3,2 o 3,25 millones. Los 200.000 o 250.000 no recogidos en el Presupuesto de la Ciudad aprobado por el Pleno para el próximo ejercicio saldrán de alguna modificación de créditos.
Ese ha sido, según las fuentes consultadas por este periódico, el compromiso adquirido este miércoles por los consejeros de Hacienda y Medio Ambiente, Kissy Chandiramani y Yamal Dris, con los representantes de la FPAV, que han alegado que con solo 3 millones apenas cubrirían gastos de personal sin contar todos los corrientes mínimos.
Así, la Federación no tendrá tanto margen de maniobra como durante los últimos años, cuando ha seguido percibiendo 3,5 por ejercicio pese a haber visto reducida (al menos teóricamente de 154 a 134) su nómina de empleados en las Brigadas, pero tampoco caerá en la inanición económica.
A cambio de esa mano presupuestariamente más abierta, el Gobierno ha reclamado a la FPAV que ponga algo de orden en un proyecto con 15 años de trayectoria que ha ido recibiendo agregados de otros fallidos (como las Brigadas Cívicas del Príncipe) y que actualmente arrastra un porcentaje de mano de obra de rentabilidad indefendible.
El resultado del encuentro será que la Federación aceptará firmar el convenio de 2023 y no se desentenderá de las Brigadas Verdes, como anunció el martes, una vez negada en referéndum la alternativa de subrogar a la plantilla en Tragsa y rechazado por los técnicos el sueño de acceder directamente a alguna empresa municipal como Obimace u Obimasa.
La FPAV ha confirmado este jueves la información adelantada por El Faro y, en un comunicado, ha indicado que su prioridad es “mejorar las Brigadas Verdes”. “Entendemos que con la disponibilidad y confianza que nos da en estos momentos la Ciudad es viable la firma del convenio por la cantidad asignada y, juntos elaborar los proyectos de ejecución y afianzar los mismos”, ha valorado el resultado del encuentro mantenido con los consejeros Chandiramani y Dris.
“La FPAV”, ha añadido, “continua sin descanso el trabajo insistente para el buen rumbo de los trabajadores, siendo cierto que el futuro están en sus manos y son ellos los primeros que tienen que aportar más si cabe para que el rendimiento y el buen funcionamiento sea lo más optimo posible”.
“Sin su esfuerzo y colaboración será muy difícil levantar las Brigadas Verdes y la Federación”, han advertido los de Francisco García Segado, que a principios de semana había anunciado que no firmaría el contrato para dar continuidad a la gestión del proyecto si solamente recibía en 2023 un total de 3 millones.
“El objetivo principal de la Federación era y es el futuro y la estabilidad de los 130 trabajadores, que por la situación existente estaban contrariados y sin saber el final de esta coyuntura”, ha argumentado para justificar su cambio de parecer.
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