Las
Brigadas Verdes en Ceuta podrían haber llegado a su punto de colapso antes de lo temido. El presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (
FPAV), entidad que las ha gestionado con fondos de la
Ciudad desde su nacimiento, ha anunciado este martes que no
seguirá haciéndose cargo en 2023 de sus 134 trabajadores actualmente si a cambio solamente recibe 3 millones de euros, a lo que ha calculado el Gobierno de Ceuta que ascienden sus costes laborales y salariales. La FPAV pretendía recibir el próximo ejercicio 3,8 millones (solo el MDyC apoyó su alegación en el Pleno), más de los 3,5 que ha percibido en 2022, como en los últimos años a pesar del decrecimiento de una plantilla que tiene la subida de sueldos y la incorporación de personal vetada desde hace tiempo. El Ejecutivo local ofreció a los trabajadores ser
subrogados en Tragsa manteniendo e incluso mejorando condiciones retributivas y de trabajo, pero en referéndum acordaron por un estrecho margen rechazar esa oferta (que costaba mucho más a la Ciudad, concretamente 4,6 millones en 2023) y quedarse con la FPAV, que ahora se desentiende. En un comunicado, Francisco García Segado ha explicado que ha consensuado con la Junta Directiva de la Federación “no firmar el próximo convenio con la Ciudad” y darle traslado de su posición al Comité de Empresa de los trabajadores para su conocimiento.
"La partida de gastos de personal y de funcionamiento como luz, agua, seguridad, gasolina, seguros, etcétera, es superior a la subvención ofrecida"
Según la FPAV, una vez analizado el asunto con sus Servicios Jurídicos y su Tesorería, con 3 millones al año “es inviable dar estabilidad a los trabajadores y mucho menos dar mejoras, pues solo la partida de gastos de personal y de funcionamiento como luz, agua, seguridad, gasolina, seguros, etcétera, es superior a la subvención ofrecida”. “Ante esta situación que nos planta la Ciudad somos incapaces de gestionar unas Brigadas Verdes en tales condiciones, aunque nuestra intención como Federación, tal y como se ha demostrado durante estos últimos años, no era otra que el futuro de los 135 trabajadores y familias, pero hemos comprobado cómo las puertas se nos han ido cerrando desde la Ciudad día tras día hasta llegar a esta situación”, ha precisado. “Nos pondremos a disposición de la Ciudad y de la consejería responsable para que, en los próximos días, nos den las órdenes oportunas para lo que determinen, pues son ellos los que tendrán que decidir qué hacer ante esta situación” ha apuntado la Federación, que es la que mantiene las relaciones contractuales con los trabajadores. La FPAV ha ido salvando en varias ocasiones los distintos reparos puestos por la Intervención de la Ciudad al uso que ha hecho de los fondos aportados por la administración. La posibilidad de que se reprodujesen pegas en la fiscalización sin excusa y que los trabajadores volviesen a sufrir impagos había llevado tanto al Ejecutivo del PP como al PSOE a ofrecer la salida de Tragsa como alternativa de “seguridad”, pero más de la mitad de la plantilla prefirió quedarse con la Federación o persistir en exigir su integración directa en una empresa municipal, algo que los técnicos consideran inviable.