El Foro para la Integración de los Inmigrantes pone el foco en los transfronterizos

El Foro para la Integración social de los Inmigrantes, que es el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de ese colectivo en España, ha puesto en su último informe anual, publicado esta semana, el foco sobre los transfronterizos que se han quedado atrapados en Ceuta tras el cierre de la frontera del Tarajal y no han renunciado a sus empleos, pasando a un limbo en el que su situación solamente es regular en la ciudad autónoma en el mejor de los casos cuando están en horario laboral.

El cierre de fronteras como la de Ceuta y la limitación de movimientos durante el estado de alarma dio lugar a “situaciones que afectaron al conjunto de la población y particularmente a trabajadores y trabajadoras migrantes” que se han ido consolidando con el paso del tiempo e incluso empeorando, en el caso de quienes ven caducar sus documentos sin posibilidad de renovarlos ni de empadronarse en la ciudad.

Sobre el Tarajal, su clausura el 13 de marzo de 2020 “afectó a trabajadores y trabajadoras transfronterizos marroquíes que en su mayoría estaban empleadas en hogares”.

“Parte de ellas y ellos se quedaron en las Ceuta y Melilla sin poder regresar a Marruecos: en algunos casos pudieron seguir trabajando, pero en otros perdieron su empleo sin beneficiarse de las medidas implementadas por España para paliar esta situación”.

Con la pandemia se ha dificultado más el acceso a servicios básicos primarios

“En el contexto de la pandemia se han acrecentado desigualdades que afectaban a las personas migrantes y refugiadas desde antes, mientras que otras se han hecho visibles o han aumentado”, alerta el trabajo, que destaca que “son especialmente preocupantes las relacionadas con el acceso a la atención primaria en salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo decente y a los servicios sociales. Esto ha afectado gravemente el ejercicio de los derechos por parte de esta población”.

En el caso de las trabajadoras del hogar, porque el Sistema Especial no contempla la contingencia por desempleo y en el caso de los trabajadores transfronterizos que cotizan por desempleo, porque no pueden recibir la prestación si no residen en España.

“Quienes permanecieron en Marruecos no pudieron seguir desempeñando sus trabajos o hacerse cargo de sus negocios cuando era trabajadores por cuenta propia; además, tampoco fueron beneficiarios de las medidas previstas”, alerta el Foro en su dictamen.

El Foro reclama suprimir la libre circulación de peticionarios de protección

A su juicio, buena parte de las iniciativas adoptadas en pandemia para la protección de niñas, niños y jóvenes, así como las que privilegiaron la unificación familiar, “no tuvieron la repercusión esperada, dada la desinformación y desconocimiento por parte de algunas entidades públicas y privadas; la imposibilidad de implementarlas en casos específicos; y la congestión en la asignación de citas para acceder a los trámites administrativos, entre otras razones”. En este marco, se plantea que los avances telemáticos que deben facilitar el acceso a la administración pública por parte de la ciudadanía “fueron la principal barrera con la que se encontró la población extranjera, a la vez que potenciaron el crecimiento de intermediarios que cobraban por facilitar servicios públicos que son gratuitos”. Igualmente, llama la atención sobre la calidad de las resoluciones de protección internacional y el retraso en su notificación.

En ese sentido, el Foro pide expresamente “suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la península, aplicando la reciente jurisprudencia que reconoce este derecho a las personas solicitantes”, algo que solamente se ha comenzado a hacer tras la avalancha de mayo del año pasado para aliviar la presión que soportaba la ciudad.

“Como han señalado numerosas organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo, el hacinamiento de los CETI de Ceuta y Melilla se produce fundamentalmente porque no existe un protocolo de traslado a la Península que se cumpla ni transparencia en los criterios con los que se realiza esta actividad”, resalta el informe anual.