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El formato actual de la PEvAU se mantiene hasta 2025

Los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación "no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de extrema urgencia"

Fuentes ministeriales han informado este jueves 31 de agosto que el formato de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) del curso 2023-2024 se mantendrá. Un anuncio que esperaban las comunidades y ciudades (Ceuta y Melilla) autónomas, además de las universidades.

De manera que los cambios que estaban previstos no se aplicarán sino hasta el 2025, argumentando que el Gobierno se encuentra en funciones.

Al respecto, han ampliado que el aplazamiento responde a que los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación “no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de extrema urgencia”.

De acuerdo con lo que ha indicado el ministerio, la aprobación de la norma "excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas”.

Adicionalmente, han explicado que la decisión adoptada “atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias”.

Tras conocerse la decisión, esta ha sido trasladada por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, a representantes de los rectores de las universidades y a las comunidades autónomas durante una reunión por videoconferencia.

Hay que recordar que este aplazamiento hasta 2025 fue solicitado hace unos meses por Crue Universidades “por considerar que era muy precipitado la aplicación de los cambios, aunque en ese momento no se atendió su petición”.

El borrador de real decreto que regula el examen para el curso 2023-2024, que ya estaba tramitado y solo restaba su aprobación en Consejo de Ministros, fue paralizado el pasado mes de mayo a consecuencia de la convocatoria electoral del 23 de julio.

El Gobierno adujo que estaba en funciones y, por tanto, dejaba su aplicación al Ejecutivo que saliese de las urnas.

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