Fomento trabaja en el marco para dar agua y luz legal a casas fuera de ordenación

Tras la anulación parcial de la Ordenanza de Cédulas de Habitabilidad ahora se redacta un Reglamento Urbanístico

Casi tres años después de la anulación judicial del controvertido artículo 15 de la Ordenanza de Cédulas de Habitabilidad aprobada en 2013 para que las viviendas fuera de ordenación con unas condiciones mínimas y que no puedan ser demolidas ni regularizadas con los instrumentos en vigor tengan acceso a suministros básicos, al menos hasta que se apruebe el nuevo PGOU, el Gobierno de Vivas sigue trabajando para conseguir ese objetivo por otros medios.

En septiembre del año pasado, Caballas elevó al Pleno una propuesta para elaborar una Ordenanza Reguladora del Procedimiento Administrativo de Declaración de la Situación de Asimilación al Régimen de Fuera de Ordenación que sirviera para “regular situaciones consolidadas que, aún naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que o sea posible la restauración de ese orden jurídico infringido”.

El consejero de Fomento sometió el proyecto a una doble condición para recibir el apoyo del PP: “No invadir el marco competencial que nos corresponde y evitar una segunda nulidad por parte de los tribunales” y “no generar ningún tipo de derechos a los infractores de las normas urbanísticas”.

Bajo ambos condicionantes avanza ahora la actuación gubernamental. En abril, la Consejería que dirige Néstor García inició los trámites legales preceptivos para la aprobación de un Reglamento de Medidas Urgentes sobre Disciplina Urbanística cuyo texto vendrá a “regular detalladamente, entre otros extremos, el régimen de la asimilación a fuera de ordenación”.

Consulta

30 días. Superado el plazo de consulta pública, ahora sigue la tramitación del Reglamento.

Tras someterse a consulta pública, “a día de hoy, una vez trascurrido ese período de 30 días hábiles y tras el análisis de las aportaciones que se han recibido, incluida la de la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, se procederá a continuar la tramitación del correspondiente Reglamento”, según el balance del grado de cumplimiento del Acuerdo Plenario alcanzado hace quince meses que ha hecho la Consejería de Fomento.

El documento parte de que no se hará viable “ninguna posible ‘legalización urbanística’ de lo ilegalmente construido” sino que se pretende “simplemente arbitrar con la mayor claridad posible el régimen jurídico de la declaración de construcciones y edificaciones en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación en Ceuta, manteniendo su consideración de contrarias al ordenamiento jurídico, pero, al mismo tiempo, clarificando su situación legal de acuerdo con la doctrina jurisprudencial emanada desde hace tiempo por el Tribunal Supremo”.

“La Ciudad”, resume, “necesita afrontar situaciones consolidadas que, aun naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que no resulte posible la restauración de ese orden jurídico infringido”.