Fomento revisa las obras ilegales de Loma Colmenar

Lo habían anunciado y ayer ejecutaron la promesa. Miembros del equipo multidisciplinar creado para detectar la presencia de obras ilegales recorrieron las 225 viviendas construidas en Loma Colmenar. Unas viviendas que fueron entregadas hace algo más de dos años y que han sufrido variaciones desde el mismo momento en que fueron ocupadas. Mucho se ha escrito de las obras ilegales que han terminado por alterar notablemente la arquitectura de Loma Colmenar y ahora lo que se pretende es que visitas como la de ayer vengan a servir definitivamente de algo. Hasta las obras de promoción pública, que están bajo titularidad de la Ciudad y que supusieron un desembolso superior a los 20 millones de euros, se desplazaron ayer la propia consejera de Fomento, Susana Román, y la subdirectora general de Obras Públicas, Carolina Pérez, además del gerente de Emvicesa, Antonio López y técnicos del Área. Recorrieron la barriada, vieron las obras, hablaron entre ellos y dialogaron a su vez con el presidente de la asociación de vecinos, Rafael García. Todo con un mismo objetivo: poner encima de la mesa el estado real de las 225 viviendas, ver qué obras pueden ser legalizadas y ver cuáles resulta imposible de aceptar por lo que no queda más salida que su derribo.
In situ Román recalcó que la Ciudad no va a permitir que las obras ilegales que puedan taponar salidas de emergencia o puedan alterar de forma peligrosa la arquitectura inicial continúen. Así se lo hizo saber al presidente vecinal Rafael García, buscando un consenso para que se vaya concienciando a los vecinos de que no se puede permitir la ocupación de determinadas zonas comunes que se ha hecho o el seguimiento de obras ilegales. Y es que en las 225 viviendas de Loma Colmenar no se ha puesto un punto y final a estas prácticas. Las obras siguen, y así lo demuestran la cantidad de toldos de plástico con los que los que están llevando a cabo estas actuaciones las tapan y esconden a ojos de los viandantes.
En eso se fijó también Román. En eso y en aquellas construcciones cuya legalización es inviable y a la que hay que poner punto y final. Es interés de la Ciudad llegar a un cierto consenso, iniciando este camino contando con el apoyo de los vecinos. Tal y como explicó la consejera de Fomento a ‘El Faro’, se ha dado un plazo estimado de un mes para que el equipo multidisciplinar bajo su Área vuelva a reunirse con los vecinos, cotejando y revisando las obras ilegales existentes en la zona. Una vez llevada a cabo esa reunión, se informará de los pasos que deben seguir aquellos que han realizado obras que son susceptibles de legalización al igual que los pasos que deben dar aquellos cuyas actuaciones urbanísticas fuera de la ley tienen que ser demolidas.
Ya en 2010 quien fuera presidente de Emvicesa, Francisco Márquez, visitó estas mismas obras anotando todas las ilegalidades detectadas. Algunos de los que eran titulares de esas viviendas ahora ya no lo son, así que desde Fomento se tiene que cotejar no sólo las identidades de los ocupantes de las casas sino también la existencia de esas obras ilegales y las de nueva aparición.
Lo que sí ha confirmado la Ciudad es que, por mucho que este trámite sea largo y complejo, se está en disposición de que se cumplan los expedientes abiertos, recuperando la arquitectura de la obra de promoción pública.
Todas las informaciones obtenidas tras este trabajo pasarán al departamento de Disciplina Urbanística para, después, seguir los trámites oportunos. ¿Y cuál es el final de esta cadena? Los juzgados. Allí han llegado ya media docena de causas que esperan su ejecución. Lo complicado es que los trámites, los recursos, las alegaciones y los plazos son tan lentos que cuando llega una sentencia firme que ordena una ejecución puede que el denunciado tenga ya unos derechos adquiridos. Inspecciones también a las 170 viviendas para advertir a SEPES Aunque el motivo principal de la visita girada ayer era la comprobación de las obras ilegales en las 225 viviendas de Loma Colmenar, los responsables del Área de Fomento también revisaron las 170 viviendas situadas justo al lado del Hospital Universitario y que dependen directamente de SEPES. A la ya ‘famosa’ ventana abierta en este bloque, que tiene ya una sanción de Emvicesa, se ha sumado la detección de varias deficiencias que se han percibido en la obra, algunas de ellas tienen que ver con roturas provocadas. La Ciudad comprobó ayer estos extremos para dar notificación de los mismos a SEPES. Lo que pretende la institución municipal con actuaciones como la emprendida ayer es que se lleve a cabo una reintegración de los elementos originales. Quiere conseguirse en base al consenso, aunque, advierten, si el mismo no se logra lo realizará el Ayuntamiento de manera subsidiaria y luego pasará el coste a la persona que viva en esa vivienda. Incluso se impondrán las correspondientes multas y se llegaría incluso, en los casos más graves, a la expulsión de la casa. Algo a lo que no se quiere llegar de ninguna de las maneras. Todos los expedientes de los que tiene constancia la Ciudad se abrieron a los pocos meses de que las familias comenzaran a vivir en Loma Colmenar y comprobar que se habían realizado muchas obras ilegales, sin solicitar los correspondientes permisos. Tras una larga tramitación, ahora desde la Ciudad se ha decidido que ha llegado el momento de hacer cumplir la ley. La pescadilla que se muerde la cola Poner veto a las construcciones ilegales se ha convertido en un problema serio para la Ciudad. Problema con todos los factores definidos, en el que se entronca la problemática social, con la carencia de infraestructuras y con una forma ‘cultural’ de proceder que no presenta temor alguno a las leyes. Ya no sólo son los casos detectados en Loma Colmenar, en donde lo grave es que son viviendas que siguen bajo titularidad pública y en las que se ha permitido la alteración absoluta de fachadas y hasta salidas de emergencia. A esto se añaden problemáticas con las que se está topando el Área de Fomento en barriadas como el propio Príncipe, en donde hay viviendas en las que se ha descubierto una farola de alumbrado público dentro de un armario. ¿Cómo es posible? Porque el caos urbanístico y la construcción alocada ha terminado ocupando terreno que era público y asumiendo elementos, como el caso de esta farola, que no pueden retirarse del espacio ocupado.
La lucha contra las construcciones ilegales anunciada por la Ciudad sigue su paso; un paso lento porque hay que cumplimentar trámites y adecuarse a los plazos. A los derribos llevados a cabo se prometen otros. Desde Fomento se asegura que se va a continuar en esa línea, pero reconocen que se trata, en algunos casos, de la pescadilla que se muerde la cola porque al final el círculo vicioso, ya cerrado, es complejo de resquebrajar.
Hay barriadas enteras en las que el 80% de sus ocupaciones son ilegales y en las que son muy pocos los vecinos que disponen de algo fundamental como una escritura de sus terrenos. Acometer la obra con la contundencia debida es un imposible porque habría que derribar barrios enteros. Desde la Ciudad se apuesta por ordenar la demolición de aquellas obras que se presenten como más graves, contando con la implicación del grupo que, de forma específica, se está encargando de la detección y sanción.