Desde que se iniciara el proyecto de demolición de las construcciones ilegales a lo largo y ancho de toda la ciudad, la Consejería de Fomento ya ha logrado recuperar casi 6.000 metros cuadrados de parcelas de dominio público sólo en las calles Norte y Fuerte y en los alrededores del colegio público Reina Sofía. Es en estas zonas donde la Consejería ha hecho mayor hincapié dada la ingente cantidad de construcciones ilegales allí detectadas, y que, en la gran mayoría de los casos, “no responde a construcciones incipientes, sino a terrenos ya parcelados, donde se han encontrado palés y los primeros forjados y pilares”, explica el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel.
De la superficie total recuperada, un importante porcentaje se concentra en la zona trasera del colegio, donde se está llevando a cabo la tramitación, por parte de la Consejería de Hacienda, de la cesión de terrenos para la construcción de una guardería. El llano, de grandes dimensiones, proporciona casi 3.000 metros cuadrados para esta edificación que, hasta el momento de la intervención, estaba ocupado por edificaciones ilegales.
El ritmo de los derribos, que ejecuta la Oficina de Obras del Príncipe, depende de las condiciones en que se encuentren las edificaciones. Por un lado, sería “inmediata”, de tratarse únicamente de construcciones de chapa, según explica el arquitecto municipal Javier Arnaiz. Una segunda posibilidad aparece cuando la construcción no está habitada “y aunque sea un inmueble de hormigón también se derriba inmediatamente”. El problema radica en las edificaciones con habitantes a las que es inviable acceder, lo que hace necesario poner en marcha la vía judicial. “El desalojo es complicado, porque aquí hay que esperar la sentencia”, explica Arnaiz.
De cara a esta última situación, la Consejería de Fomento se ha marcado como objetivo inmediato iniciar un proceso de regularización de viviendas, en base al Plan General de Ordenación Urbana. Que una vivienda pueda ser regularizada dependerá de que no estén afectadas por las infraestructuras básicas, como viales o redes de saneamiento, que recorran la zona. “Esto no significa que todas se puedan regularizar. Será en base a las necesidades urbanísticas del Príncipe. En el caso de las que estén afectadas por infraestructuras básicas, se procederá a contactar con los usuarios para su realojo y posterior demolición”, aclara Doncel.
La regularización implicaría un proceso previo de cesión y estudio de derecho de superficie, con la aplicación incluso de un canon, conformando así lo que se ha venido a denominar como “operación de transformación urbanística que dará paso a la regularización de la vivienda”.
A partir del PGOU la Consejería de Fomento estudiará qué viviendas se encuentran dentro de la posibilidad de ser regularizadas, “hay que decidir qué cuadrante queda fuera de la ordenación y de ahí depurar qué se puede regularizar”. Este tipo de actuaciones ya se ha ejecutado con éxito en localidades como Marbella.
Por otra parte, Fomento también ha actuado en varias viviendas del Poblado de la Legión, una de ellas en una fase de construcción muy avanzada, al tratarse de un inmueble de dos plantas.
Desde la Consejería también han puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa la presencia de algunas ocupaciones ilegales en el Sardinero y Cabrerizas. “Se trata de comprobar si el terreno era de Defensa para ofrecer nuestra colaboración en proceder a la limpieza de la zona”.
Para el responsable del área, el objetivo es continuar en esta línea de demoliciones, a tenor de los informes técnicos que avalan a la Ciudad para la recuperación, con carácter de urgencia, del dominio público.
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