El pasado 4 de diciembre los
vecinos de calle Canalejas 27 se llevaban el gran susto de sus vidas, después de que el
temporal arrastrara la infraestructura que hacía de tejado sobre una vivienda en obras, denunciada desde el año 2018 por ser una construcción ilegal. El techo que se estaba colocando en el sobreático construido se desplazó y cayó sobre los patios interiores de los vecinos próximos, provocando la personación no solo de los Bomberos, sino también de la
Policía Local.
Es ahora cuando, un mes después, se ha respondido por parte del área de disciplina urbanística de la Consejería de
Fomento recogiendo las conclusiones de los servicios técnicos municipales, en las que se puntualiza que durante dos años se han hecho obras calificadas de “no legalizables” y que terminaron causando “graves daños” a otras viviendas colindantes.
En el expediente realizado por Fomento se indica que las obras se estaban ejecutando sin autorización administrativa, sin la correspondiente licencia de obra mayor. Presentan un peligro hacia la vía pública, edificaciones colindantes así como sus ocupantes, “dado que no ha sido calculada ni dirigida por facultativos que asuman la responsabilidad de estas, por lo que no existe garantía alguna”. Se indica además que junto a la paralización inmediata de las obras, se debe ejecutar la demolición de las mismas que, en parte, son consideradas no legalizables estimándose el gasto de estos trabajos en más de 10.000 euros.
Los vecinos llevaban dos años denunciando el avance de esta construcción
Hay otras actuaciones que sí se consideraban susceptibles de ser legalizables en el plazo de dos meses, para lo que se le requiere iniciar los trámites para tal fin con apercibimiento de que, de lo contrario, la Ciudad ordenará la demolición de lo indebidamente ejecutado y, en su caso, la adopción de las medidas dirigidas al restablecimiento, restitución y restauración de la realidad física alterada o transformada por las obras sin licencia. De no cumplirse, se actuará de manera subsidiaria.
De igual manera se ordena la retirada de los materiales preparados para ser empleados en la obra así como la maquinaria que afecta a la misma, advirtiendo de que en caso contrario actuaría la Policía Local.
Fomento concluye recalcando que una vez se haya emitido el informe por parte de la Policía que verifique la paralización de las obras ilegales, se procederá a incoar expediente sancionador por la infracción urbanística que corresponda.
Culmina así la actuación ‘política’ en torno a unos hechos que han tenido en vilo a los vecinos de la zona, por cuanto han ido denunciando lo que veían como testigos de la transformación de una vivienda sin contar con el respaldo legal para llevarla a cabo. Ahora se tiene que ejecutar la orden dada por Fomento en torno a un caso enmarcado en las múltiples incidencias que, en materia de disciplina urbanística, se producen en nuestra ciudad