La Consejería de Fomento prevé elevar este mes a la consideración del Pleno el texto de la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que una vez en vigor obligará a someter a un examen en menos de un año a todos aquellos que ya hayan cumplido medio siglo de antigüedad. Con ella se dará cumplimiento a la legislación nacional que el Colegio de Arquitectos exigió acatar hace ya unos dos años. El objeto de la norma se centra en “regular la obligación formal de los propietarios de edificios y construcciones de una antigüedad superior a 50 años de presentar periódicamente una evaluación en la que se haga constar el estado de conservación del inmueble y si el mismo se encuentra en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público adecuados para el uso al que se le destina”. “La necesidad de la norma viene derivada de una exigencia no solo legal sino también real”, considera el Ejecutivo autonómico, que argumenta que persigue “poder transmitir a los ciudadanos una cultura favorable a realizar controles periódicos en la edificación”; “garantizar la durabilidad y seguridad de los edificios en Ceuta evitando su depreciación y facilitando el diagnóstico de las distintas patologías” y propiciar “la ejecución de las obras que subsanen las deficiencias de que adolezcan los inmuebles facilitando un control sobre el estado del parque de viviendas local”.
Propietarios y titulares
El deber de cumplimentar y presentar el IEE de los edificios con tipología residencial de vivienda colectiva afectará a los propietarios, las comunidades o las agrupaciones de estas que abarquen la totalidad de un complejo inmobiliario, así como a los titulares de derechos. También estarán obligados a realizar el IEE los propietarios de cualquier edificio, “con independencia de su antigüedad”, cuando pretendan solicitar ayudas públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia energética, “siempre con anterioridad a la formalización de la petición”. Los edificios que cuenten con una antigüedad de 50 años, estarán obligados a disponer del IEE en el plazo de dos años a contar desde la fecha en que la alcancen. El informe tendrá una validez de diez años y deberá renovarse periódicamente “antes de que se cumpla dicho plazo”, cuyo cómputo se efectuará desde la fecha de la resolución de ‘apto’. Estarán capacitados para efectuar el IEE aquellos técnicos facultativos cualificados en función de sus competencias y atribuciones profesionales con sus respectivas especialidades debidamente habilitados. El informe elaborado deberá “verificar que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa vigente”, en particular “las relacionadas con las condiciones de seguridad, de salubridad y de ornato”. A efectos de evaluar la accesibilidad universal del edificio, comprobará “que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el mismo en los términos previstos en su normativa particular”.
Posibles ayudas para propietarios sin recursos económicos
La Ciudad podrá establecer un programa de ayudas que facilite el cumplimiento de la nueva Ordenanza a aquellos propietarios “que carezcan de recursos económicos suficientes para realizar el IEE y de las actuaciones derivadas del mismo, conforme a los planes estatales de vivienda y rehabilitación, a sus normas de desarrollo y a los convenios de colaboración, disponiendo el programa de subvenciones establecidas a tal efecto en cuanto a cuantías y beneficiarios”. Igualmente, la Administración podrá establecer “bonificaciones y/o exenciones fiscales” tanto para tramitar el IEE o la posterior licencia que ampare las obras derivadas de su carácter desfavorable. Entre los objetivos pretendidos con esta novedad normativa está “conseguir un control efectivo del parque de viviendas”.
El COACE no ve obstáculo para suscribir un convenio
El Colegio de Arquitectos aprovechó el trámite de consulta pública del texto para dejar patente que “ya se ha avanzado lo suficiente en la concepción de la Ordenanza” y que lo propicio era “acelerar al máximo su aprobación y entrada en vigor”. “Una vez eliminada la base 19ª de ejecución del Presupuesto de la Ciudad no vemos ningún obstáculo para suscribir un convenio de colaboración vinculado a la Ordenanza”, añadió el COACE en sus alegaciones.