La Asamblea ha aprobado este jueves a propuesta del MDyC y con el apoyo de todos los Grupos salvo Vox encauzar a través de la Comisión Informativa de Fomento la creación de un grupo de trabajo para analizar desde el punto de vista técnico y jurídico cómo legalizar las viviendas que cumplan los requisitos establecidos y que actualmente se encuentran fuera de regulación urbanística siguiendo el ejemplo de la Junta de Andalucía con los inmuebles “asimilados fuera de ordenación (AFO)”.
La portavoz proponente, Fatima Hamed, ha instado a la Administración local a tomar nota de la normativa aprobada al otro lado del Estrecho con el fin de acabar por la incertidumbre que soportan los propietarios, en algunos casos desde hace décadas, de viviendas que siguen fuera de ordenación urbanística a la espera de que se apruebe el nuevo PGOU.
La situación de AFO determina el régimen aplicable a una edificación terminada que ha sido construida sin las preceptivas licencias urbanísticas, o contraviniendo sus condiciones, y sobre la que no es posible adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Su reconocimiento requiere de la tramitación de un procedimiento administrativo municipal que, una vez resuelto, da acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico si ya existieran las correspondientes redes de infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma. Además, se admiten las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salubridad que garanticen su habitabilidad o uso y acceso al Registro de la Propiedad.
El PSOE se ha alineado con la propuesta y Vox la ha rechazado porque “las viviendas ilegales provocan mercadeo y problemas de seguridad, incluso para los mismos residentes”. También por el “contraste” que se genera “con quienes esperan pacientemente una VPO o ayudas al alquiler o se sacrifican para pagar la compra o arrendamiento de una vivienda”.
“No queremos dejar a nadie en la calle, pero tampoco legitimar el atajo ilegal… ¿Vamos a legalizar la torre del Príncipe o la de Villajovita? ¿Cuántos mafiosos se beneficiarían de la aprobación de esta propuesta?”, ha preguntado Verdejo, a quien Hamed ha recordado después que dos de sus líderes nacionales, Rocío Monasterio e Iván Espinosa, acaban de ver legalizado un chalé “ilegal” de cuatro plantas en Madrid.
Ali ha reclamado “coherencia” a Vox y ha recordado a Verdejo que la Junta, con el apoyo de su partido, va a legalizar más de 300.000 viviendas. “Esto ya está previsto en la ley y aquí tenemos una coyuntura muy similar a la andaluza, con muchas casas afectadas por temas de Costas, de Carreteras o de terrenos de interés nacional”, ha advertido.
Ramírez ha opinado que habrá que diferenciar entre las casas construidas antes de la entrada en vigor de nuevos planeamientos y aquellas levantadas vulnerando la normativa vigente. “Estamos para buscar soluciones y es evidente que existe un problema, pero ya se han iniciado gestiones a través de un grupo de trabajo con la Delegación para poner en común las problemáticas que afectan a las dos Administraciones”, ha destacado el consejero.
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