La Consejería de Fomento recogió ayer el guante lanzado por Caballas, que alertó de las dificultades de numerosos inquilinos de las promociones de viviendas protegidas de Loma Colmenar para hacer frente a los gastos de comunidad. Mohamed Ali, encargado de defender la propuesta, denunció que en algunos casos se están exigiendo mensualidades de “entre 60 y 80 euros”, algo que consideró “imposible de asumir” para familias de rentas limitadas y más ahora que muchas sufren el azote de la crisis económica. La consejera del área, Susana Román, negó que esos gastos de comunidad alcancen las cifras expuestas por Caballas, aunque reconoció que “la gran calidad” de las promociones de Loma Colmenar obligan a los ocupantes a asumir pagos para garantizar el correcto mantenimiento de prestaciones como los ascensores, las placas solares o los reguladores de luz. “No obstante, y haciendo gala de la buena voluntad de este Gobierno, vamos a hacer exactamente lo mismo que con el pago de las hipotecas. Vamos a reunirnos mañana mismo [por hoy] con el viceconsejero de Vivienda y con Servicios Tributarios para intentar elaborar un plan que atienda esos gastos comunes sin merma importante en la economía de las familias, por las que siempre hay que velar”, anunció Román. La iniciativa, respaldada por unanimidad, será aplicable a las futuras promociones de viviendas protegidas que entregue la Ciudad a inquilinos de rentas limitadas. Quedan excluidos, por tanto, los adjudicatarios de las VPO de Serrano Orive, con un perfil de renta muy superior a los de Loma Colmenar. La consejera aprovechó para pasar revista a las iniciativas en favor de los inquilinos que ha desplegado el Gobierno de Vivas durante la legislatura. Entre ellas, planes de viabilidad para afrontar las hipotecas con la menor cuota posible, una rebaja en los intereses o la creación de una partida, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, para atender casos de extrema necesidad. Además, recordó que los precios que se abonan en las 170 VPO de Loma Colmenar son los más bajos que permite la ley.