El Ministerio de Fomento ha aceptado recomendaciones de la Defensora del Pueblo en materia de vivienda y las ha plasmado en su Plan Estatal sobre Vivienda y Rehabilitación 2013-2016. Así, ha informado de que trabaja en una base de datos con información suministrada por las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras fuentes, para constituir un Registro General Estatal de Viviendas de Protección Oficial que presente información desagregada según los tipos de viviendas de protección oficial: tipo de promotor, si ha estado incluida en una autopromoción cooperativa, si estaban destinadas al alquiler o a la venta, si han sido ocupadas alguna vez, así como las causas de la desocupación.
El Plan del Ministerio también admite la posibilidad de modificar la calificación provisional o definitiva de las viviendas protegidas inicialmente destinadas a venta, como vivienda protegida en alquiler. Además, contempla la opción de cambiar la calificación de vivienda protegida en alquiler a vivienda protegida en venta. En marzo de 2013, la Defensora del Pueblo presentó a las Cortes Generales un estudio sobre viviendas protegidas en el que se recogían las recomendaciones ahora aceptadas por el Ministerio de Fomento. El estudio daba cuenta de las actuaciones de oficio realizadas ante las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos de municipios con más de 350.000 habitantes.
También recomienda que la renta de alquiler se determine de manera que sea más accesible para quienes no pueden tener una vivienda libre, y permita a las personas que disfrutan de una vivienda protegida en alquiler, poder quedarse en ellas. A su juicio, es importante que la renta de alquiler no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar ni el 3% del precio determinado para viviendas del entorno por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Con estas directrices se presupone que habrá un mayor control en este campo.
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