Fiscalía pide 32 años de prisión para un detenido por proxeneta en un piso de la Gran Vía

El 17 de septiembre de 2024, la Policía Nacional llevó a cabo una intervención en una vivienda situada en la Gran Vía de Ceuta, donde procedió a la detención de una persona en el marco de una operación relacionada con la prostitución.

Ahora, un año y medio después de aquellos hechos, la vista oral se encuentra próxima y el único detenido en esta operación se enfrenta a una petición de 32 años de prisión por parte de la Fiscalía.

Este periódico ha tenido acceso a la calificación fiscal, en la que se detalla el presunto mecanismo de captación y explotación de varias mujeres en situación de vulnerabilidad.

Proxeneta, captación de mujeres vulnerables

Según el escrito de acusación, el acusado, M.L.A., de nacionalidad española, habría contactado desde comienzos de 2024 con diversas mujeres de origen marroquí, colombiano y venezolano, que atravesaban una grave situación económica, con el objetivo de trasladarlas a España, concretamente a Ceuta, para ejercer la prostitución.

El procesado utilizaba internet, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para ofrecerles el traslado, facilitando tanto los billetes de transporte como el alojamiento, a cambio de que las mujeres contrajeran una deuda económica que debían saldar mediante el ejercicio de la prostitución.

Los viajes eran organizados directamente por el acusado, quien adquiría los billetes y los remitía de forma telemática. Una vez en Ceuta, las mujeres se desplazaban hasta un domicilio en Gran Vía, donde habían quedado previamente con él para iniciar la actividad.

Condiciones de explotación

Una vez instaladas en la vivienda, que el acusado tenía alquilada, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas, trabajando todos los días de la semana y permaneciendo disponibles para los clientes las 24 horas del día.

El acusado gestionaba los anuncios en páginas web, controlaba la llegada de los clientes y decidía en todo momento con quién debían trabajar, impidiendo cualquier tipo de autonomía por parte de las víctimas.

Además, según la Fiscalía, el control era total y constante, ya que el acusado permanecía en el domicilio vigilando a las mujeres, a las que limitaba la libertad de movimientos, permitiéndoles salir únicamente para comprar comida.

Sistema de pagos y control económico

Las tarifas eran fijadas exclusivamente por el acusado, sin posibilidad de negociación por parte de las mujeres, y los pagos se realizaban en efectivo o mediante Bizum.

Los ingresos obtenidos se repartían al 50%, porcentaje impuesto por el propio acusado con el objetivo de garantizar el pago de la deuda contraída por las víctimas.

Era el propio procesado quien se encargaba de la recaudación del dinero, consolidando así un sistema de control económico sobre las mujeres explotadas.

Registro policial y pruebas

En virtud de un auto dictado el 17 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, se autorizó la entrada y registro en el domicilio de Gran Vía.

Durante la intervención, los agentes localizaron a una mujer de nacionalidad marroquí que había sido previamente captada por el acusado para ejercer la prostitución.

Asimismo, en el registro se intervinieron cuatro teléfonos móviles y una tarjeta SIM, elementos que forman parte de las pruebas incorporadas al procedimiento.

Peticiones de la Fiscalía

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 32 años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También pide la imposición de una medida de libertad vigilada durante 10 años, que se ejecutaría una vez cumplida la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama el pago de 20.000 euros a tres de las víctimas, después de que una cuarta decidiera renunciar a la indemnización.