La Fiscalía pide que se designe perito judicial sobre el proyecto de Gran Vía

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que designe un perito judicial del Colegio de Arquitectos para que emita un informe sobre el proyecto de reforma de la Gran Vía, Jáudenes y la Plaza de África y sobre su tramitación por la vía rápida en la Ciudad Autónoma como reforma ordinaria y sin exposición pública.

El Ministerio Público pide de esta forma la práctica de la misma diligencia que también solicitó la coalición Caballas tras escuchar, a mediados del mes pasado, la declaración del técnico de la Administración que avaló con su firma tramitar la obra de forma expeditiva.

A la espera de que el Juzgado se pronuncie al respecto, el Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) ya ha ido dejando durante el último año y medio múltiples muestras de cuál es su opinión al respecto.

El COACE instó por escrito a García a sacar a exposición el proyecto de la obra

En septiembre de 2017, por ejemplo, la secretaria del COACE, Ana Sales, pidió por escrito en nombre de su Junta de Gobierno al consejero de Fomento, Néstor García, que sacase a exposición pública el proyecto “dada su incidencia en un ámbito urbano de especial relevancia” y “para que se puedan presentar alegaciones al mismo”.

En la misma comunicación, Sales instó al Gobierno de Vivas, que hizo caso omiso, a hacer lo mismo que cuatro años atrás con “el proyecto de Remodelación del Paseo de la Marina Española”. Además, el Colegio “insistió” en “abogar por la convocatoria de concursos de ideas para los diversos proyectos que pretenda acometer la Ciudad de forma que se pueda estimular el debate público y generar nuevas propuestas que enriquezcan y mejoren la imagen de nuestra ciudad”.

“La urgencia del Gobierno, que no de la ciudadanía, le hizo apartarse del interés general y de la legalidad utilizando de manera torticera y fraudulenta los mecanismos y resortes que le concede el poder para dar apariencia de legalidad a lo que no es más que una campaña electoral sufragada muy generosamente con fondos públicos”, alertó Caballas al Juzgado de Guardia.

Piden que declaren también tanto Moreno como Visiedo

Jesús Gentil, el arquitecto que avaló tramitar la obra de la Gran Vía por la vía rápida como reforma ordinaria sin exposición pública, se mostró a mediados de enero en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta un tanto sorprendido por haber sido el primer citado cuando, según de relieve, “no redactó el proyecto”, algo que hizo personal de Procesa, ni es personal “jurídico” de la Consejería de Fomento.

Tras escuchar su testifical en las diligencias se ha solicitado que sea citado a declarar como investigado por un presunto delito contra la ordenación del territorio el arquitecto responsable de elaborar el proyecto, Ángel Moreno, y que también sea llamada a dar su versión de los hechos la jurídico de Fomento Aurora Visiedo.

Gentil recordó en el Juzgado que ni es jurídico ni elaboró el proyecto de la obra

Gentil también dejó patente que no recibió “ninguna advertencia de legalidad” al respecto por parte de los expertos de la Administración y mantuvo que, desde su punto de vista, la obra es “ordinaria” y no precisaba, por tanto, de exposición pública. La instructora de la causa dio un plazo de cinco días a las partes para proponer la práctica de diligencias, oportunidad que Caballas aprovechó para pedir que se solicite al Colegio de Arquitectos la elaboración de “un informe pericial” sobre el caso y para aportar al Juzgado la normativa supuestamente vulnerada.

Presunto delito contra ordenación del territorio

La Audiencia Provincial ordenó en noviembre pasado reabrir la causa sobre la gestión política de la obra de la Gran Vía, archivada por la vía rápida en primera instancia tras la denuncia de Caballas, para aclarar si pudieran haberse cometido presuntos delitos contra la ordenación del territorio en conexión con prevaricación. El propio Juzgado instructor había reconocido que los hechos expuestos “en cuanto infracción de normas administrativas aplicables que debieron ser tenidas en cuenta a la hora de dictar la resolución controvertida pudieran penalmente incardinarse en el artículo 320 en relación con el 404 del Código Penal”.