Entre los años 2016 y 2017, agentes del Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas provocadas en dos vehículos y un kiosco. No eran incendios casuales, de esos que se suman a la hilera de actos vandálicos que engordan la memoria del SEIS. Tenían una nota en común: los bienes eran propiedad de agentes de la UDYCO de la Policía Nacional de Ceuta o de sus familiares directos.
La cadena de daños causados llevó a la apertura de una investigación que dio lugar a la identificación de seis personas que ahora figuran como acusadas en un procedimiento judicial. Tendrán que sentarse en el banquillo por un delito de daños por incendio de bienes y, en el caso de uno de los acusados, por otro de obstrucción a la justicia. El Ministerio Fiscal ya ha formulado escrito de acusación provisional en torno a estos hechos, solicitando la imposición de medidas ejemplares y elevadas. Es una de las calificaciones conocidas por este tipo de delito con pena más alta y a su contenido ha tenido acceso El Faro: hasta casi 20 años de cárcel para uno de los acusados.
Fiscalía lo tiene claro. Esas quemas formaron parte de un “plan de venganza y represalia” que se fraguó a raíz de “la exitosa investigación policial relacionada con el narcotráfico llevada a cabo por el grupo UDYCO de la Policía Nacional”, refleja en su escrito. Esa operación es la famosa Monte, con la que en el año 2015 se desmanteló una organización dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís desde Ceuta a la Península escondidas en dobles fondos de camiones. Fueron 31 personas las detenidas, sobre las que pesan peticiones de condena de hasta 30 años en algunos casos y que están a la espera de ser juzgadas por el tribunal de la Audiencia.
La investigación de aquel tráfico de drogas, que mantiene como investigados a varios miembros de la Guardia Civil por su presunta relación con la facilitación de embarque de camiones cargados, llevó a la creación “en el círculo de personas allegadas” a algunos de los detenidos “de un deseo de venganza contra los agentes de la UDYCO que intervinieron en la investigación, con la finalidad de tomar represalias contra ellos y amedrentarles en futuras actuaciones policiales”, concreta la Fiscalía.
Esta situación llevó a que se ordenara la quema de dos vehículos propiedad de componentes de esta Unidad así como la destrucción de un kiosco que regentaba una familiar directa de otro policía, que quedó completamente destrozado después de tres intentos de quema. A la tercera lo consiguieron.
En su escrito de calificación la Fiscalía señala a un “íntimo amigo” de los detenidos como la persona que habría ideado la comisión de estos daños en los bienes próximos a los policías. Se trata de O.P.G., persona no relacionada con la Operación Monte contra el narcotráfico pero que sí formaba parte “del círculo de confianza” de los detenidos. “Decidió llevar a cabo por su cuenta un plan de venganza en represalia por la actuación policial de la UDYCO sin la participación de las personas implicadas en aquel procedimiento”, expone el Ministerio Público. “Aprovechando la discreción que le proporcionaba no ser ninguno de los investigados en aquel procedimiento judicial y en ejecución de su propio plan de venganza y represalia” se puso en contacto con otra persona: M.M.H., a quien encargó “que ejecutara a cambio de una cantidad de dinero indeterminada una serie de incendios sobre bienes pertenecientes a agentes de la UDYCO o a sus familiares más próximos”. Este, a su vez, se valió de otras personas para que llevaran a cabo los diferentes encargos.
En las investigaciones llevadas a cabo por la Policía para dar con la detención de estas seis personas hubo intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente sobre varias líneas de móviles que manejaban los sospechosos. Además se autorizó la colocación de un dispositivo de geolocalización en uno de los vehículos empleado por uno de los detenidos. En la investigación llevada a cabo por la UDYCO en torno a quiénes eran los que estaban intentando romper la Unidad para que cesara en sus operaciones, se comprobó que después de producirse estas quemas los implicados grababan vídeos de corta duración e incluso tomaban fotografías de los coches o bienes ardiendo así como de la llegada de los Bomberos al lugar de los hechos. Era una de las pruebas que enviaban para verificar que habían llevado a cabo el trabajo.
La petición de cárcel presentada por la Fiscalía contempla penas de hasta casi 20 años de prisión para O.P.G., al que le acusa de un delito de obstrucción a la justicia por el que le pide 4 años de cárcel y tres de daños, por el que le solicita cinco por cada uno de ellos. Para el resto de los acusados las penas van variando. En el caso de M.M.H. se le piden 15 años de prisión por tres delitos de daños en bienes. Es la persona a la que se le habría encargado la ejecución de las quemas. Al acusado M.A.L. se le pide 10 años por su presunta participación en dos delitos de daños; a S.T.M., A.H.M. y N.L.H. se les pide 5 años de cárcel por un delito de quema de bien. A todos se les pide además el abono de indemnizaciones.
Tres intentos para terminar con el bien de un familiar de un agente
Fiscalía destaca en su escrito de calificación cómo los implicados en la ejecución de las quemas llegaron a actuar hasta en tres ocasiones para alcanzar su propósito: quemar el kiosco de una familiar directa de un agente de la UDYCO. En abril de 2016 fue la primera de las quemas, que terminó abortada gracias a la rápida intervención de los Bomberos. El ataque se produjo pasadas las doce de la noche. A este le seguiría otro tan solo un mes después, ya más avanzada la madrugada, que tampoco pudo conseguir el objetivo gracias a la intervención del SEIS. No pararon hasta que solo unos días después y haciendo uso de un líquido acelerante consiguieron prender fuego al local hasta conseguir, esta vez sí, su destrucción total. Se había logrado terminar con el medio de vida para una familia que terminó viéndose acosada con esta cadena de actos. En febrero de 2017 y marzo de ese año quemaron dos coches de agentes.
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