Fiscalía pide la mayor pena de internamiento para el autor de la muerte de Ibrahim

• Considera que le apuñaló “con la intención de matarle” y reclama 8 años de internamiento cerrado, la pena máxima por homicidio en base a la Ley

• Dos de los cinco menores son acusados de robo con violencia y los restantes de encubrimiento, al deshacerse del arma

La Fiscalía ha notificado a las partes la petición de internamiento que solicita para los cinco menores que, con uno u otro rol, estuvieron implicados en los sucesos que terminaron con la vida, a puñaladas, del joven Ibrahim Arraoui. De acuerdo con las penas previstas por la Ley del Menor, Fiscalía solicita la mayor de las medidas de privación de libertad para delitos de homicidio: 8 años, completados con otros 5 de libertad vigilada  con asistencia educativa.

Esta es la petición que presentará a juicio para el único de los cinco menores acusado de homicidio con la agravante de abuso de superioridad. Se trata de Mohcine K., de 17 años, con padre en prisión y madre en paradero desconocido, residente desde hace dos años en ‘La Esperanza’, impulsivo, con una conducta antisocial y que cursaba un módulo de jardinería desde hacía meses. Él es quien persiguió al joven Ibrahim desde la playa de la Ribera hasta las escaleras que conducen a la calle Independencia, agrediéndole con un cuchillo de forma violenta y causándole una lesión en el ventrículo derecho que le provocó un fallo cardiaco. Su corazón dejó de funcionar tras una agresión que, reconoce la Fiscalía en el informe a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, “perseguía la intención de causarle la muerte”.

Contra Mohcine K. se presenta la petición de internamiento más elevada, aunque el Ministerio Fiscal solicita otras medidas para los otros cuatro menores de ‘La Esperanza’ implicados en este caso, todos de 17 años salvo uno, de 15.

Así, para los llamados Sofian M. y Mohamed B. Fiscalía pide 24 meses de internamiento en centro cerrado, de los cuales los últimos tres serán en libertad vigilada. Ambos deben responder de un delito de robo con violencia, petición esta que también se pide para Mohcine K. ya que los tres, “de mutuo acuerdo” y con “ánimo de lucro ilícito” se acercaron a la víctima y a su amigo para robarle. Del botín consiguieron llevarse un cordón que portaba al cuello el joven Ibrahim. Intentaron más, pero la reacción de este, negándose a dicha entrega, terminó con uno de los crímenes que mayor conmoción ha causado entre la ciudadanía.

Sofian y Mohamed se quedaron en la playa y solo fue Mohcine el que corrió detrás de la víctima hasta apuñalarle. Después del crimen y sin saber que Ibrahim Arraoui había muerto, emprendieron la huida hacia Fuente Caballo. Es aquí en donde, según la relación de hechos recogida por la Fiscalía, los tres menores se encuentran con dos compañeros del centro, Achraf B. e Hicham Z., a los que piden colaboración para deshacerse del arma homicida. Y lo hicieron, por eso la Fiscalía les acusa de un delito de encubrimiento, por el que pide 24 meses en centro semiabierto, de los que los tres últimos serán en libertad vigilada. Los dos, “con pleno conocimiento de los hechos y con el ánimo de evitar el descubrimiento del delito, procedieron a limpiar la sangre, a romperla y a tirarla al mar, de forma que no pudo ser encontrada por los funcionarios policiales”.

Rapidez en las detenciones, en el intento de escapada

La detención de los implicados en el crimen fue rápida, tanto que mientras aún no se había procedido al levantamiento del cuerpo y aún el 061 atendía a Ibrahim, las fuerzas de seguridad ya habían dado con varios menores sospechosos de su relación. Algunos nada tenían que ver.

La radiografía de los implicados

Detrás de este suceso, que puso patas arriba toda la política desarrollada por el área de Menores, está la radiografía efectuada sobre todos los implicados, que ayuda a dibujar un retrato-robot de quienes hoy en día permanecen en Punta Blanca a la espera de juicio, que se llevará a cabo a puerta cerrada.

Se trata de cinco perfiles en parte coincidentes, tanto en su tiempo de estancia en Ceuta (llevaban dos años en el centro ‘La Esperanza’) como en su capacidad de integración (ninguno se adaptaba a las normas establecidas). Una visión que choca frontalmente con la de otros acogidos que sí cursan estudios, se integran e intentan aprender.

El área de Menores radiografió a cada uno de los cinco implicados, concluyendo, por ejemplo, que presentaban un comportamiento nada acorde con las normas aplicadas en el centro, chocando las órdenes establecidas y manteniendo enfrentamientos con otros internos. En el caso del presunto homicida, se tiene constancia de que su padre está en prisión y su madre se desentendió de él, mostrando conductas antisociales e incluso delictivas, como demostró aquella tarde, al estar dominado por un carácter impulsivo.

Los demás compañeros coinciden en su falta de esfuerzo y voluntad aderezada, en algunos casos, por la ausencia de motivación, por el hecho de ser fácilmente manipulables o por la actitud burlona ante las situaciones. Desde el día de los hechos, están ingresados en Punta Blanca.

Caso resuelto en horas gracias a la colaboración

Si por algo se caracterizó este caso fue por su pronta resolución. En horas, los presuntos implicados en el crimen eran detenidos por la Policía, que contó con la colaboración de las demás fuerzas de seguridad y la ayuda inestimable de la gran cantidad de testigos que acudieron a declarar. Testigos que apuntaron, como clave, al color de la camiseta que vestía el acusado de homicidio, lo que facilitó su arresto por el CNP cuando huían por las escolleras de Fuente Caballo y el Recinto. La operación, de la que fue testigo FAROTV, resultó espectacular. 24 horas después del crimen, se dictaban los autos de internamiento en Punta Blanca. Una vez se celebre el juicio y se dicte condena, los primeros meses los pasarán en Punta Blanca pero una vez que cumplan la mayoría de edad deberán continuar con ese internamiento en la prisión. De los cinco implicados, cuatro tienen cumplidos los 17 años así que el traslado se haría efectivo antes de cumplir con los meses de internamiento cerrado previstos y solicitados por la Fiscalía.