Fiscalía pide 11 años de cárcel y 12 de inhabilitación para un policía nacional

El Ministerio Fiscal ha pedido que se le imponga once años de prisión y otros doce de inhabilitación al agente de la Policía Nacional que, en febrero de 2011, fue detenido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) en el transcurso de la Operación Euvi.

Se le acusa de participar directamente en una organización de pase de inmigrantes marroquíes apoyando a otros procesados distribuyéndose cada uno los papeles para llevar a buen puerto la salida de Ceuta de los sin papeles. Son cuatro las personas imputadas en esta causa por un presunto delito contra los derechos de los extranjeros, así que al margen del agente de la Policía Nacional se encuentran otras tres personas para los que la Fiscalía solicita 9 años de prisión además de otros diez meses de cárcel añadida solo para dos de ellos al considerar que también incurrieron en una falsedad documental.
Los hechos a los que hace referencia la calificación fiscal a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro tuvieron lugar el 26 de febrero de 2011, noche en la que los agentes de la UCRIF optaron por reventar una operación sobre la que habían estado trabajando varios meses, manejando escuchas telefónicas, seguimientos y grabaciones. El Ministerio Público considera que fruto de ese trabajo policial se constató la existencia de una organización que facilitaba el pase de marroquíes a la península previo pago de 6.000 euros. La red garantizaba el éxito a los marroquíes gracias a que se contaba con la presunta implicación retribuida de un policía nacional que estaría de servicio en el control de embarque siempre que se preparara uno de esos pases.
Así ocurriría esa noche del 26 de febrero. La UCRIF montó un dispositivo ante la sospecha de que iba a producirse un pase. El agente imputado permanecía de servicio en el control de embarque y el resto de procesados había dispuesto un par de vehículos para facilitar la llegada a Algeciras de siete marroquíes sin papeles, entre ellos dos menores. Tal y como se supo en su día, el agente había pedido esa jornada cambiar de lugar de ubicación para estar justo en el lugar por donde iban a pasar los dos coches.
La Policía esperó que los dos vehículos pasaran por el control de la Benemérita sin problemas para comprobar que una vez llegaron al  control en donde estaba el policía éste comprobara la documentación que le entregaban los demás procesados. Algunos de los pasaportes habían sido alterados, otros no. El Ministerio Fiscal señala en su escrito de calificación inicial que el agente, de acuerdo a lo previamente acordado, “examinó tales documentaciones y pese a apreciar irregularidades y alteraciones” se los devolvió y autorizó el embarque de los coches.
Fue entonces cuando la UCRIF reventó el operativo, procediendo al abordaje sobre los dos vehículos a los que había efectuado seguimiento continuado.
En la operación, además de la detención de los procesados e inmigrantes, se localizó dinero y teléfonos móviles. Después de la judicialización del caso, buena parte de esos inmigrantes han desaparecido y de hecho han sido declarados en rebeldía por la propia justicia. Ahora, dos años después de la operación, conocidas las calificaciones y remitidas a las distintas partes representadas en esta causa, solo queda que la Audiencia, como máximo órgano judicial en la ciudad, señale el día de juicio oral.

Siete meses de investigación sobre el terreno portuario

La intervención llevada a cabo por la Policía Nacional fue fruto de siete meses de investigación, después de que se constatara una salida anormal de inmigrantes por el puerto. Fue así como, según informó la Jefatura Superior, se supo de la existencia de una micro red asentada en una localidad gaditana que recogía inmigrantes llegados a Algeciras desde Ceuta. La alerta se desvió a la ciudad y aquí comenzaron las indagaciones, que terminaron con las cuatro detenciones de los cuatro presuntos implicados en la trama y la localización de siete marroquíes recién embarcados de manera ilegal. En esta causa figuran algunas escuchas telefónicas, solo las que fueron autorizadas por el juzgado de Instrucción número 3 ya que muchas otras se denegaron, lo que terminó complicando mucho la investigación. Se sospechaba de la entrada de los marroquíes, su ocultación en una vivienda del Príncipe que no pudo ser localizada, y su posterior embarque fraudulento con ayuda de documentación que en muchas ocasiones no era siquiera alterada. Los imputados quedaron en libertad a los pocos días de su ingreso en prisión tras abonar fianzas de hasta 10.000 euros.