La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no oponerse a la tramitación del recurso presentado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden del Ministerio de Interior para deportar a los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo, si bien ha indicado que no se posicionará sobre el fondo del asunto hasta conocer el detalle de la demanda que formule finalmente la ONG.
La ONG presentó el pasado 16 de agosto un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional, para lograr que se dé por anulada la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad que impulsó la deportación sumaria de los menores migrantes residentes en Ceuta.
La Red sostiene que no se respetó el tratado bilateral entre Marruecos y España que regula este asunto, por lo que reclama que esa instrucción sea calificada como "contraria a derecho". De ser así, supondrá la nulidad de la ejecución de dicha orden y cuantas se hayan derivado de ella.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Público ha optado por no oponerse a que se tramite el recurso, lo cual no significa que lo haya respaldado plenamente, sino que allana el camino para que la ONG pueda formalizar demanda.
De hecho, el Ministerio Fiscal ha aplazado a ese momento, el de la formalización de la demanda, su dictamen sobre si el recurso debe o no prosperar, porque ahora mismo cree que el objeto del recurso no está lo suficientemente claro como para que pueda pronunciarse, de acuerdo con las mismas fuentes.
La Audiencia Nacional había emplazado el pasado 31 de agosto a la Fiscalía y a la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado para que se pronunciaran en el plazo de tres días sobre la posición del Ministerio del Interior en lo referente al retorno de menores que se encuentran en Ceuta tras las entradas del pasado mes de mayo.
Interior interesaba la inadmisión del recurso al entender que la posible vulneración de derechos fundamentales debería dirimirse, en todo caso, en el juzgado de Ceuta. Este último órgano judicial mantuvo la suspensión del retorno de menores en el marco del acuerdo de 2007 firmado con Rabat, al rechazar que pudiera ser considerado como un tratado internacional.
La opinión expuesta entonces por Interior ante la Audiencia Nacional era la contraria, manteniendo la validez del acuerdo España-Marruecos. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pactaron en Moncloa proseguir con las devoluciones de menores cuanto antes, aunque renunciando a dicho acuerdo de 2007, de ahí que para los menores que accedieron en mayo se tenga que realizar expedientes individualizados según la ley de extranjería.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instaba desde Bruselas a esperar a conocer la decisión definitiva de la Justicia con respecto a las "interpretaciones complementarias" que existen sobre el retorno a Marruecos de menores no acompañados, subrayando que todas las instituciones han buscado el interés superior de estos menores.
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