El juzgado de primera instancia de la localidad marroquí de Nador comenzó este lunes a celebrar el juicio contra 33 de los 65 emigrantes subsaharianos detenidos el pasado viernes en el intento de cruce a Melilla a los que se ha abierto un procedimiento penal, concretamente a los que se imputan delitos menos graves.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, se trata del proceso contra 33 personas, 29 de ellas de nacionalidad sudanesa y 4 chadianos, arrestadas en el intento de incursión de entre 1.500 y 2.000 emigrantes que acabó con la muerte de al menos 23 de ellos.
En la primera jornada del juicio celebrado hoy, el juez tomó la identidad de los acusados y su abogado pidió posponerlo para preparar su defensa, petición que aceptó el magistrado, que fijó la segunda sesión para el 6 de julio.
La Fiscalía marroquí les imputa delitos de tráfico de seres humanos, de secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, incendio, violencia e injurias contra la policía a 32 personas de origen subsahariano detenidas el pasado viernes durante el intento masivo de acceso a la ciudad española de Melilla por parte de entre 1.500 y 2.000 emigrantes.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, se trata de 31 personas mayores de edad y un menor, que pasaron hoy a disposición del fiscal general del Tribunal de Apelación de Nador, localidad fronteriza con Melilla, que ahora tiene que decidir sobre su ingreso en prisión. También compareció hoy otro grupo de 33 detenidos ante la Fiscalía del tribunal de primera instancia del país, a los que se imputan delitos menores.
A los 32 detenidos con delitos más graves se les atribuye "organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos de forma habitual" -lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de personas-, así como secuestro y retención de un agente de las fuerzas públicas para usarlo como rehén, provocar un incendio en el bosque donde vivían los emigrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su respaldo a la actuación de Marruecos en el salto a la valla de Melilla el pasado viernes ante la sucesión de peticiones de investigación, entre ellas la de Unidas Podemos y Más País, para aclarar lo sucedido, y sigue responsabilizando de ello a las mafias.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elogió el mismo viernes la colaboración marroquí y la actuación de su Gendarmería para intentar evitar el asalto, en el que después de sus declaraciones se supo que perdieron la vida al menos 23 personas de origen subsahariano aunque algunas ONG elevan la cifra a 37.
Durante el fin de semana ha habido voces de diversos partidos, entre ellos Podemos y Más País, reclamando que se investigue lo ocurrido, y el asunto se ha tratado en la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes. A su término, ha comparecido en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, y junto a ella lo ha hecho la ministra de Igualdad, Irene Montero, para informar del proyecto de ley trans.
Rodríguez ha insistido en la necesidad de dar una respuesta contundente para "combatir a las mafias que trafican con personas" y provocan "situaciones trágicas" como la del viernes y cuya gestión por parte de Marruecos ha evitado cuestionar.
Ha reiterado, "para que no quepa ninguna duda", que el "Gobierno agradece la colaboración en la defensa de las fronteras a las autoridades marroquíes", pero no ha querido valorar las palabras de Sánchez en las que elogió a su Gendarmería.
Sí ha lamentado la pérdida de vidas humanas en la "situación dramática" que tuvo lugar en el salto a la valla, donde se produjeron "imágenes que -ha dicho- nos encogen el alma".
Mientras tanto, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha reclamado más medios materiales y personales "para poder repeler los asaltos a la valla de forma proporcional".
En medio de la polémica, medio centenar de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se han concentrado para exigir una investigación de lo sucedido.
También la ha pedido el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien ha mostrado su "conmoción y preocupación" por "el trato violento y degradante de los migrantes africanos".
Se han mostrado igualmente a favor un total de 51 ong marroquíes e internacionales que han firmado una carta en la que piden la apertura "inmediata" de una investigación judicial independiente.
Un total de 32 personas detenidas en el salto a la valla fueron imputadas este lunes por la Fiscalía de Nador (Marruecos) de tráfico de seres humanos, de secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, de incendio, violencia e injurias contra la policía.
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