La Fiscalía General del Estado ha recogido en su memoria de 2021 su “preocupación” por las entradas de inmigrantes en Ceuta y Melilla que sortean la valla en cantidad así como ha hecho mención específica a las incursiones de marroquíes que se produjeron por los espigones de Benzú y Tarajal durante la famosa crisis de mayo, en la mayor afrenta recordada del reino de Marruecos a España.
Sobre las entradas por la valla, la Fiscalía General las etiqueta de “asaltos” y asegura que “ponen en riesgo la integridad física de los inmigrantes que intentan acceder y de los agentes que pretenden evitarlo”, además de que causan “una gran alarma social”. “Constituye un peligroso método”, advierte la Fiscalía, que no va más allá de poner negro sobre blanco su preocupación por estas circunstancias al objeto de que se adopten medidas para paliar estos daños colaterales.
Según los datos del Ministerio del Interior, el número de inmigrantes que entraron por vía terrestre a través de Ceuta y Melilla, aumentó en un 7,8 % respecto al año anterior, ascendiendo a un total de 1.845 frente a los 1.712 de 2020, habiendo entrado 1.092 personas por Melilla (331 menos que el año anterior) y 753 por Ceuta (464 más que el año precedente). Las cifras no son atribuidas solo al paso por la valla, sino que en ese concepto de ‘lo terrestre’ se incluye el bordeo por los espigones.
En su memoria general que ha sido presentada este miércoles, la Fiscalía no obvia lo ocurrido en mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en la ciudad, entre ellos muchos menores de edad. Nunca se dieron cifras oficiales pero sí que se barajó esa oscilación entre 10.000 y 12.000. “El incidente fronterizo iniciado el 17 de mayo de 2021, causado por el cruce masivo de personas por las playas de la frontera entre España y Marruecos en dirección a Ceuta y Melilla” pudo permitir el paso de unos 1.500 menores, detalle en el que también se ha detenido la Fiscalía.
La entrada de personas por la frontera de forma irregular fue “la más numerosa que se conoce hasta la fecha”. “Si bien la mayoría de estas personas fueron devueltas a Marruecos de forma inmediata o en días posteriores cercanos, el incidente supuso un grave problema de recepción y acogimiento de los recién llegados, especialmente en relación a los menores de edad, muchos de los cuales no fueron repatriados”, detalla el órgano, que recuerda la coordinación que existió entre la Fiscalía General y la de Ceuta así como las reuniones llevadas a cabo sobre este asunto.
“Todo este flujo migratorio”, advierte en su Memoria, “ha conllevado que un número importante de personas estén carentes de documentación y en situación administrativa irregular, abocadas a formar parte de núcleos marginales en condiciones de pobreza y exclusión de larga duración, que les hace susceptibles de caer en procesos de explotación, máxime en la situación de crisis económica en la que nos hallamos derivada de la pandemia, la subida de las energías y otros factores”, indica.
Por otro lado, no olvida la Fiscalía que entradas masivas de este tipo en unos momentos concretos “conlleva problemas serios de infraestructura para la provisión de lugares dignos y adecuados para su acogimiento y atención inmediata, echándose en falta la necesaria previsión de tales situaciones por parte de las autoridades competentes”. Lo que ahora verifica la Fiscalía General ya fue expuesto también en la propia Ceuta dada la situación sobrevenida tras la entrada de mayo.
Este año 2021 ha quedado patente, a ojos del órgano judicial, que las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla, así como en general las costas geográficamente cercanas al continente africano, “constituyen la puerta de acceso a nuestro territorio nacional de numerosos contingentes de personas inmigrantes menores de edad, a veces en avalanchas puntuales, lo que genera graves disfunciones en el sistema de centros de recepción y primera acogida de nuestras comunidades autónomas”, aclara.
Es por ello que considera “preciso” articular “mecanismos ad hoc de alojamiento y atención para facilitar dicha acogida, aunque temporal, y no pocos han sido los problemas para la ulterior distribución de esos menores entre los demás territorios a fin de evitar el desbordamiento asistencial y humanitario en Ceuta, Melilla e islas Canarias”, recuerda.
La Fiscalía ha advertido de que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la Delegación de Gobierno de Ceuta en 2021, supuso "atajos" y "cercenaba garantías básicas" del proceso de repatriación, como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal.
Así lo recoge en su Memoria Anual correspondiente al año pasado, como informa Europa Press, en donde recuerda que ante esta decisión tuvo que intervenir la Fiscalía de Ceuta en la esfera contencioso-administrativa.
En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones "han cesado" y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021.
En total, han sido 4.034 los menores que han entrado en el país de forma irregular en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los que también se desprende que un 75,5% de ellos (3.048) lo hicieron sin la compañía de un adulto.
Estos menores extranjeros no acompañados son mayoritariamente de sexo masculino (2.934), dado que sólo se han detectado 114 niñas. En cuanto a su origen, el mayor número procede de Marruecos (1.304), seguidos de los naturales de Argelia (540) y Mali (381).
El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la realización de un total de 882 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehacientes de ello. De ellos dieron un resultado positivo 841, confirmando el vínculo de filiación, 37 negativos y 4 están pendientes de realización de nuevas pruebas.
La Fiscalía apunta que, un año más, el problema del que dan más cuenta las fiscalías territoriales es la separación del niño del adulto mientras se realizan las pruebas de ADN hasta que se conoce que el resultado es positivo.
Con estos datos, el informe indica que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2021, determinaba que había 9.294 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección lo que, según apunta la Fiscalía, supone un "leve descenso" respecto de los 9.030 inscritos en el año 2019.
Además, ha denunciado que "prosiguen los mecanismos escasamente fiables de aportación de documentación supuestamente acreditativa de la edad, como por ejemplo, a través de WhatsApp o correo electrónico. A la vista de los problemas que se plantean en torno a la determinación de edad de los posibles menores extranjeros no acompañados, la "única solución operativa" que ve la Fiscalía es el desarrollo una Ley específica reguladora de la determinación de la edad que diseñe un procedimiento judicial, en el ámbito de las jurisdicción civil.
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