El fiscal exige a Lopera nombres y apellidos de los vacunados por el INGESA y le acusa de “obstaculizar” la investigación

La Fiscalía de Ceuta ha pedido este jueves a la Policía Nacional que pida al director territorial del INGESA, Jesús Lopera, toda la información sobre las personas vacunadas en su ámbito de gestión (entre ellos él mismo antes que personal de primera línea en tareas asistenciales), ya que en la documentación que ha facilitado “no aparecen reflejados los nombres y apellidos de las personas vacunadas, obstaculizando e impidiendo así la correcta fiscalización del procedimiento seguido".

El Ministerio Público no se conforma con la relación ‘encriptada’ bajo números de DNI que se facilitó a los grupos de la oposición en la Asamblea y quiere tener, además, todo el "expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación contra la COVID-19, resoluciones (escritas o verbales) recaídas con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de las personas vacunadas hasta la fecha, con expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento, fecha de administración de la primera y segunda dosis".

El oficio de la Fiscalía advierte que "en el caso de que, de forma voluntaria, la posibilidad de vacunación haya sido rechazada por personas adscritas a INGESA, se requiere aportación escrita y documental de dicha renuncia" y apercibe a Lopera de que si se niega a facilitar la documentación requerida podría incurrir en un "delito de desobediencia".

El Ministerio Público también ha instado a los directores de la Residencia Gerón, Nuestra Señora de África y Cruz Blanca que, "con carácter urgente y en un plazo improrrogable de 15 días naturales", aporten "relación de los residentes, empleados y personal de dichos centros que han sido objeto de vacunación, con expresión de sus nombres y apellidos, categoría laboral, DNI y fecha de administración de la primera y en su caso segunda dosis".

Una vez recabada y completada la documentación, la Policía Judicial de la Policía Nacional será la encargada de elaborar "el correspondiente informe sobre la posible detección de irregularidades observadas durante el proceso de vacunación".