La Fiscalía ha publicado este lunes su Informe Anual 2020, en el cual ha recogido como peculiaridad que Ceuta y Melilla se topan con una especial dificultad para aplicar la medida que sustituye la pena de prisión por la expulsión en los casos de ciudadanos marroquíes condenados.
El Ministerio Fiscal explica que se debe al régimen jurídico de circulación reconocido a los residentes de las provincias de Tetuán y Nador por la Declaración formulada por España al Acta Final III del Convenio Schengen, al que se adhirió España según Instrumento de Ratificación de 25-6-1994. Como afirma la Fiscalía de Ceuta: “Dicho régimen, en la práctica, hace que la entrada y salida de ciudadanos marroquíes sea multitudinaria, constante y sujeta a una difícil comprobación, por lo que resulta casi imposible de controlar de forma individualizada a cada uno de ellos. Tales circunstancias impedirían la eficacia de la condición impuesta al recurrente, esto es, la prohibición de regresar a territorio español durante el periodo de 10 años, por lo que se aseguraría prácticamente la impunidad del delito por el que el recurrente ha sido castigado”.
El Ministerio Fiscal recoge en su memoria además las cifras de los menores extranjeros no acompañados (MENA) llegados al país en embarcaciones peligrosas. Estas cifras no incluyen a quienes se han introducido en España de manera clandestina a través de Ceuta y Melilla, ocultos en vehículos a motor, desde Francia o por vía aérea con documentación falseada.
Sin embargo, el departamento que dirige Dolores Delgado sí ofrece datos sobre menores extranjeros tutelados a diciembre de 2019. Por comunidades, Andalucía era la región que más menores acogía, con 4.617 registrados; seguida de Cataluña, con 1.977; Melilla, con 1.398; País Vasco con 777; la Comunidad Valenciana con 691; Ceuta con 712; la Comunidad de Madrid con 489; la Región de Murcia con 262; y Canarias con 421 Canarias.
Desde la Fiscalía ponen en valor la labor de la Policía Nacional en este ámbito, ya que es la encargada de realizar las pruebas de ADN para determinar el vínculo familiar entre los menores y adultos que manifiestan ser familia sin pruebas fehacientes. En este sentido, señala que se practicaron 11 pruebas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (CETI).
La incoación de diligencias preprocesales de determinación de edad ha alcanzado la cifra de 465.
El documento recoge la evolución de la población reclusa. Por autonomías, el Centro Penitenciario de Mendizábal tenía a cierre del año pasado 403 internos, 367 hombres y 36 mujeres.
En cuanto a los procedimientos por fiscalías provinciales de tráfico de drogas, estos han aumentado un 9,15 por ciento en Cádiz-Ceuta, al pasar de 1.148 en 2018 a 1.253 en 2019.
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