La
Fiscalía de Área de Ceuta ha presentado este viernes en el Juzgado una denuncia por presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Isabel Deu, por considerar que, en la expulsión a Marruecos de 34
menores inmigrantes no acompañados el pasado mes agosto, "se ha omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho", según señala la Fiscalía.
La denuncia apunta al delito de los artículos 74.1 y 404 del Código Penal y es el resultado de la finalización y archivo de la investigación practicada por esta Fiscalía, en la que se recogen declaraciones de cargos y funcionarios que pudieran haber intervenido en el proceso de repatriación, iniciada el 13 de octubre pasado a partir de la denuncia presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral (L’ESCOLAC).
En el escrito de denuncia, la Fiscalía de Ceuta relata que, entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de un número aproximado de 15.00 inmigrantes de los cuales 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron afiliados como tal siendo competente por ley la ciudad de Ceuta de la protección y tutela de estos menores no acompañados.
Tras adoptar varias medidas asistenciales y desbordados por la escasez de recursos para atenderlos adecuadamente, la vicepresidenta, María Isabel Deu, decidió emprender varias actuaciones a fin de agilizar la repatriación a Marruecos de los menores tal y como consta en la comunicación enviada a la delegada del Gobierno de la Ciduad Autónoma de Cweeuta, Salvadora Mateos, el 24 de mayo del pasado año, en la que indica que quiere aplicar el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 y publicado en el BOE el 22 de marzo de 2013.
Este Acuerdo, que hasta el momento no se había aplicado todavía, señala en su artículo 5 que la repatriación a su país de origen se aplicará “con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los estableció en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas”.
La comunicación de la Delegación del Gobierno de Ceuta a esta misiva, fechada el 10 de agosto, es favorable a la repatriación y recuerda que por indicación del Ministerio del Interior se haga respetando en todo momento los intereses y derechos de los menores para garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a una institución de tutela, comunicación que se envia sin que esté suscrito por autoridad o funcionario alguno.
En las diligencias de investigación, la Fiscalía apunta que no sólo se han omitido algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino todos al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el Acuerdo entre ambos países. No consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores o la comunicación a la Fiscalía.
La denuncia también incluye el listado de 145 menores inmigrantes no acompañados a los que se les iba a proceder a la repatriación, según acordaron la vicepresidenta primera y la delegada del Gobierno de Ceuta.
Las expulsiones de los menores marroquíes comenzaron el día 13 de agosto y el 16 fueron paralizadas por orden del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo número 1 de Ceuta y a las que también se opuso la Fiscalía.