Siete meses después de que la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimase la última petición de puesta en libertad de Javier Guerrero aportando 15.000 euros de fianza, su nueva defensa ha vuelto a solicitar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta que el exconsejero de Sanidad investigado por abusos sexuales a menores vulnerables salga de prisión provisional. Tanto la Fiscalía como la Ciudad, personada como acusación particular, se han opuesto.
El Ministerio Público considera, como ya alegó en primavera, que en el caso de Guerrero persisten riesgos de que intente eludir la acción de la Justicia, de destruir o alterar pruebas (sobre todo testificales) y de reiteración delictiva, así como diligencias de investigación pendientes de completar, como el análisis de su teléfono móvil.
La Guardia Civil, que investigó durante meses el comportamiento del doctor jubilado tras su encarcelamiento, ya ha aportado al sumario sin hallazgos de relevancia aparente el primer estudio de los dispositivos intervenidos a Guerrero tras su detención, el pasado 11 de enero a primera hora de la mañana en su domicilio.
En marzo la Audiencia Provincial coincidió con el juez instructor y las acusaciones en que no era procedente ponerlo en libertad habida cuenta de que más allá de la mera hipótesis es verosímil temer que pudiera querer fugarse habida cuenta de las penas de cárcel a las que se enfrentaría en caso de ser condenado, muy superiores a los dos años de prisión en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija el horizonte mínimo para una privación de libertad temporal sin condena.
Literalmente la legislación exige para decretar o mantener una orden de prisión preventiva tener en cuenta “la capacidad para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”.
El Juzgado de primera instancia tuvo en cuenta también en la ponderación de su primera decisión la edad del exconsejero, así como su capacidad económica y el hecho de que ya no dependa de trabajar para subsistir, pues solicitó su jubilación con efectos retroactivos al día de su detención (11 de enero) con derecho a la pensión máxima en España, por encima de 3.000 euros mensuales.
El exconsejero también está investigado en una pieza separada de la principal por tramar con un amigo en su coche la mejor forma de amenazar por teléfono a personal del Área de Menores que alertó de sus comportamientos impropios con niños. Incluso barajaron recurrir a “gente que se mueve por dinero” para mandarles “un recadito” con coartadas detalladas y planeadas.
Igualmente ha sido denunciado por duplicado por injurias y calumnias tras acusar ante los medios de comunicación a a “los responsables de 'La Esperanza' de arriba [dependencias gestionadas por la Ciudad]” y “los responsables de 'La Esperanza' de abajo [SAMU]” como autores de “amenazas, malos tratos y coacciones con extorsiones” a menores migrantes solos.
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