El periódico de Marruecos Al-Akhbar ha dado a conocer que el fiscal del rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán ha intervenido esta semana en el seguimiento de los informes elaborados por las autoridades competentes sobre la incitación a la protesta en Castillejos (Fnideq).
Estos informes incluyen la difusión de grabaciones en la aplicación de mensajería WhatsApp, en las que se hacen acusaciones graves contra funcionarios del Ministerio del Interior.
Además, se denuncia la manipulación de mensajes y la propagación de la idea de que el Estado ha fracasado en todos los proyectos alternativos que propuso tras la eliminación del contrabando con Ceuta y el blanqueo de dinero.
Según las mismas fuentes, cuando las fuerzas de seguridad se dirigieron al domicilio del sospechoso, comprobaron que se encontraba fuera del país, en una nación europea.
Ahora se investiga la fecha de su salida de Marruecos, si las grabaciones fueron realizadas y difundidas dentro o fuera del país, con qué actores pudo haber coordinado y qué agenda estaría detrás del caso, que el Ministerio del Interior sigue de cerca.
Las fuentes citadas por ese medio indican también que se sospecha que ciertas personas aconsejaron al sospechoso que abandonara Marruecos inmediatamente después del escándalo causado por su grabación de audio, con el objetivo de evitar sanciones legales.
La Fiscalía podría pedirle pruebas de sus acusaciones contra funcionarios, a quienes vinculó con redes de tráfico internacional de drogas. También se analiza su llamamiento a la población para movilizarse y exigir el derecho al trabajo, alegando el supuesto fracaso del Estado en impulsar el desarrollo.
Además, en sus mensajes instigó a las familias más pobres a rechazar las ayudas de Ramadán que distribuyen asociaciones benéficas y filántropos, y mencionó la existencia de una red criminal que controla la ciudad, sin dar más detalles.
Una fuente del diario indicó que algunos administradores de páginas de Facebook intentan eludir las denuncias presentadas contra ellos en el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán viajando al extranjero y esperando a que los casos sean archivados por imposibilidad de interrogatorio.
Posteriormente, regresan a Marruecos y aprovechan la falta de seguimiento por parte de las autoridades o el desconocimiento de los denunciantes sobre la posibilidad de reabrir las investigaciones y emitir nuevos informes oficiales.
La misma fuente señaló que el Ministerio del Interior ha dado instrucciones para rechazar cualquier difamación o insulto contra funcionarios públicos.
Además, ha ordenado a las provincias investigar las razones detrás del archivo de ciertos informes enviados a la Fiscalía, especialmente en el caso de individuos con múltiples denuncias por difamación y chantaje.
“Estos sospechosos se aferran a la libertad de expresión, aunque la práctica del periodismo profesional está sujeta a normas legales claras y no puede compararse con la difamación en redes sociales, donde las publicaciones pueden ser editadas, eliminadas o manipuladas sin control”, exponen.
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