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La Fiscalía abre diligencias previas tras la denuncia de MDyC por las vacunas

El partido había acudido a la Fiscalía para conocer la lista de los vacunados, que finalmente se entregará a partir de este miércoles a los partidos políticos

La Fiscalía ha decidido abrir las diligencias previas de investigación penal por el presunto incumplimiento del protocolo de vacunación contra el COVID-19 en Ceuta, según ha anunciado este martes el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que fue el partido que presentó una denuncia ante este órgano judicial ante la “falta de transparencia", denunció la formación, y la negativa en un primer momento de la Ciudad a dar los nombres, que finalmente sí se llevará a cabo a partir de este miércoles.

Según ha podido saber el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) tras la denuncia presentada por el posible incumplimiento del protocolo de vacunación contra el COVID-19 acordado entre las Comunidades y el Gobierno de España, la Fiscalía ha decidido abrir las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos, explica la formación liderada por Fatima Hamed en una nota.

"Desde el MDyC solo podemos compartir la decisión ante la gran preocupación que había causado el posible incumplimiento del protocolo y que ha provocado la dimisión del anterior encargado de la Sanidad local", señalan desde el partido localista, en referencia a Javier Guerrero.

El MDyC continuará con las actuaciones necesarias para que se conozcan los hechos y se asuman las responsabilidades por aquellos que hayan incumplido las normas saltándose la lista de preferencia.

MDyC anunció la pasada semana, el viernes, que acudía a la Fiscalía de Ceuta ante la “falta de transparencia y la evidente alarma social” en torno a las vacunaciones. La formación quiere que se esclarezca quiénes se vacunaron cuando no debían o no les correspondía en base al protocolo de Sanidad.

Tras ello, la Ciudad, a través del presidente Vivas, comunicó que sí daría el listado a los partidos políticos, que finalmente sí se llevará a cabo tras la autorización de la Secretaría General, que en un informe concluye que el derecho a esa información pesa sobre la protección de los datos.

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