Tras la entrada masiva en Ceuta a finales de julio, la Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, se ha pronunciado de forma tajante sobre las propuestas de retornos exprés. Según la fiscal, la iniciativa de devolver de manera colectiva a estos jóvenes "no tiene sentido", recordando que España está sujeta a estrictos compromisos legales que impiden expulsiones directas sin evaluar primero cada caso.
Esto en alusión a lo manifestado por el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores inmigrantes llegados a Ceuta.
En este sentido, se hace hincapié en que el ordenamiento jurídico español prohíbe las devoluciones automáticas de menores de edad. Gisbert ha subrayado la ineludible obligación de "valorar" de forma previa y "a título personal" el "interés superior del menor". Esta evaluación de carácter individual busca garantizar la seguridad del niño y analizar sus condiciones particulares.
La fiscal ha descartado por completo la viabilidad de retornar "directamente" y de manera "instantánea, directa y exclusiva" a los menores que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio sin proceder antes a "conocer sus circunstancias".
Ha destacado que cualquier medida de repatriación requiere una investigación exhaustiva del entorno familiar del joven en su país de origen para asegurar que no se le exponga a situaciones de vulnerabilidad o desamparo.
La atención y protección de los menores inmigrantes que acceden de forma irregular a España está estrictamente regulada por leyes nacionales y tratados internacionales. Gisbert recuerda que existe "una serie de requisitos" que constituyen "garantías legales" obligatorias. Estas normas se recogen en "el Convenio Europeo de Derechos Humanos", "la Convención sobre los Derechos del Niño", "la Ley de Extranjería" y "la Ley de Protección Jurídica del Menor".
Además, la fiscal recuerda que "la normativa está clarísima y es europea", haciendo hincapié en la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) el 12 de junio de 2026.
Bajo este marco legal, el protocolo exige realizar "entrevistas personales con intérpretes", evaluar detalladamente su "situación familiar y personal" y elaborar "informes de la situación familiar en origen" para constatar que el retorno no suponga "una situación de desprotección". Cumplir con este sistema de garantías "lleva su tiempo", pero Gisbert es clara: "lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación".
La distribución de los menores tutelados por el territorio nacional ha generado importantes fricciones políticas. La Fiscal de Sala ha señalado que, aunque algunas comunidades autónomas inicialmente "ponen pegas" para acoger a los jóvenes en sus centros, finalmente "ceden" cuando la Fiscalía interviene formalmente. Las regiones no pueden rechazar los traslados regulados por "los reales decretos de contingencia migratoria".
Gisbert ha lamentado las justificaciones autonómicas, como la falta de plazas libres, y ha acusado a ciertos gobiernos de "intentar entorpecer" el proceso de acogida legal. Asimismo, la fiscal ha detallado que solo le constan trabas en autonomías gobernadas por el PP y Vox, territorios en los que ha tenido que intervenir de manera "personalmente" para garantizar el cumplimiento de la ley.
La realidad humanitaria en Ceuta es sumamente compleja. Antes de la crisis migratoria de finales de julio, la ciudad autónoma ya sufría "una superpoblación". Para paliar esta saturación, la Fiscalía priorizó el traslado de 500 niñas a la península atendiendo a criterios de extrema vulnerabilidad.
La voluntad de los menores y sus familias también choca con las propuestas de devolución exprés. Los jóvenes entrevistados coinciden en que "no quieren volver a Marruecos" sino "ir a la península".
Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún "padre" o "madre" reclamando que le "devuelvan" a su hijo. Por el contrario, "muchos progenitores" han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece "estupendo" que sean acogidos por "los sistemas de protección de España".
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que no tiene sentido devolverlos? Y si tiene sentido que nos los quedemos?
Quién se aclara con esto, la unión europea dice que si y está señora dice que no.
Cuando el menor alcance la mayoría de edad solicitará el reagrupamiento familiar y por cada menor vendrán unos diez familiares.
De verdad, somos un país de pandereta. Textualmente dicen ustedes "Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún "padre" o "madre" reclamando que le "devuelvan" a su hijo. Por el contrario, "muchos progenitores" han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece "estupendo" que sean acogidos por "los sistemas de protección de España".
Cuando salgo por el centro por la noche sobre todo, que ya no sé si estoy en Castillejos o en Ceuta, me encuentro cientos por no decir mil chavales con móviles y zapatillas de deporte que yo les aseguro que no les puedo comprar a mis hijos, y ahora resulta que España se tiene que comer a estos jóvenes. Todos haciéndose fotos en la plaza de África, solo hay que darse una vuelta. Turismo pagado.
Estos jóvenes están mantenidos por sus padres, que tienen dinero en Marruecos. En vez de seguir los cauces normales para obtener un visado, que lo podrían obtener perfectamente, meten aquí a sus hijos para que vivan del cuento. Y nosotros gracias a nuestra porquería de legislación, tragamos y tragamos. ¿Dónde están viviendo todos estos jóvenes? Porque los veo consumiendo en las terrazas, entran en el parque marítimo, compran, van limpios gracias a Dios... y ya les digo, con mejor ropa de la que yo puedo permitirme.
¿Marcha verde? Cada vez coincido más con el chico Saharaui que sale en los medios, nos quieren aburrir a los ceutíes para que nos vayamos y les dejemos la ciudad en bandeja . Conmigo no lo van a conseguir.
Nada. Que nos lo comemos con patatas. País.
Con sus padres, familia y paisanos .Aquí no , para su país .
Vale, te compro el relato. Y a qué narices estais esperando para empezar a hacer vuestro puñetero trabajo? A poner los medios suficientes acorde a la situación desastrosa que se está viviendo? El interés del menor es estar deambulando por las calles malviviendo? Que dejen de echarse flores que esta gestión está siendo NEFASTA para todos
¿Pero España puede cambiar o adaptar la ley? Es que no entiendo por qué España tiene que investigar la situación de las familias que viven en Marruecos, con lo difícil que es hacerlo desde otro país.
¿No sería más lógico devolver a los menores y dejarlos tutelados por los servicios sociales de Marruecos y que ya ellos dentro de su propio país sin necesidad de intérprete busquen a las familias y las que no sean adecuadas pues que los niños queden tutelados por Marruecos?
Pues ya están tardando en empezar a valorar.