Tras la entrada masiva en Ceuta a finales de julio, la Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, se ha pronunciado de forma tajante sobre las propuestas de retornos exprés. Según la fiscal, la iniciativa de devolver de manera colectiva a estos jóvenes "no tiene sentido", recordando que España está sujeta a estrictos compromisos legales que impiden expulsiones directas sin evaluar primero cada caso.
Esto en alusión a lo manifestado por el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores inmigrantes llegados a Ceuta.
En este sentido, se hace hincapié en que el ordenamiento jurídico español prohíbe las devoluciones automáticas de menores de edad. Gisbert ha subrayado la ineludible obligación de "valorar" de forma previa y "a título personal" el "interés superior del menor". Esta evaluación de carácter individual busca garantizar la seguridad del niño y analizar sus condiciones particulares.
La fiscal ha descartado por completo la viabilidad de retornar "directamente" y de manera "instantánea, directa y exclusiva" a los menores que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio sin proceder antes a "conocer sus circunstancias".
Ha destacado que cualquier medida de repatriación requiere una investigación exhaustiva del entorno familiar del joven en su país de origen para asegurar que no se le exponga a situaciones de vulnerabilidad o desamparo.
La atención y protección de los menores inmigrantes que acceden de forma irregular a España está estrictamente regulada por leyes nacionales y tratados internacionales. Gisbert recuerda que existe "una serie de requisitos" que constituyen "garantías legales" obligatorias. Estas normas se recogen en "el Convenio Europeo de Derechos Humanos", "la Convención sobre los Derechos del Niño", "la Ley de Extranjería" y "la Ley de Protección Jurídica del Menor".
Además, la fiscal recuerda que "la normativa está clarísima y es europea", haciendo hincapié en la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) el 12 de junio de 2026.
Bajo este marco legal, el protocolo exige realizar "entrevistas personales con intérpretes", evaluar detalladamente su "situación familiar y personal" y elaborar "informes de la situación familiar en origen" para constatar que el retorno no suponga "una situación de desprotección". Cumplir con este sistema de garantías "lleva su tiempo", pero Gisbert es clara: "lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación".
La distribución de los menores tutelados por el territorio nacional ha generado importantes fricciones políticas. La Fiscal de Sala ha señalado que, aunque algunas comunidades autónomas inicialmente "ponen pegas" para acoger a los jóvenes en sus centros, finalmente "ceden" cuando la Fiscalía interviene formalmente. Las regiones no pueden rechazar los traslados regulados por "los reales decretos de contingencia migratoria".
Gisbert ha lamentado las justificaciones autonómicas, como la falta de plazas libres, y ha acusado a ciertos gobiernos de "intentar entorpecer" el proceso de acogida legal. Asimismo, la fiscal ha detallado que solo le constan trabas en autonomías gobernadas por el PP y Vox, territorios en los que ha tenido que intervenir de manera "personalmente" para garantizar el cumplimiento de la ley.
La realidad humanitaria en Ceuta es sumamente compleja. Antes de la crisis migratoria de finales de julio, la ciudad autónoma ya sufría "una superpoblación". Para paliar esta saturación, la Fiscalía priorizó el traslado de 500 niñas a la península atendiendo a criterios de extrema vulnerabilidad.
La voluntad de los menores y sus familias también choca con las propuestas de devolución exprés. Los jóvenes entrevistados coinciden en que "no quieren volver a Marruecos" sino "ir a la península".
Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún "padre" o "madre" reclamando que le "devuelvan" a su hijo. Por el contrario, "muchos progenitores" han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece "estupendo" que sean acogidos por "los sistemas de protección de España".
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Hace unos días decían que tenían que ir a sus colegios jajaja invasión invasión
Ceuta dícese de la ciudad con la que están experimentando un estudio sociologico, el Gobierno de España, Marruecos, la Unión Europea.
El Gobierno de España puede abandonar el Acuerdo Bilateral con Marruecos sobre menores no acompañados, en vigor desde 2012.
Ese Acuerdo establece que las autoridades españolas deben garantizar a los menores marroquíes la misma protección que a los menores españoles, y que el retorno no sea automático, sino que requiera la cooperación de las autoridades marroquíes.
Este Acuerdo supone una carga para los contribuyentes españoles que no se daría en el supuesto de un menor español que se encuentre entre el 30% de niños en situación de pobreza en España y que, viajando a Moscú, se quedara sin el acompañamiento de sus progenitores. En este caso, el Estado ruso solo estaría obligado a adoptar medidas de protección urgentes y temporales mientras el menor se encuentra en su territorio, conforme al Convenio de La Haya de 1996, que no obliga a que el Estado se haga cargo de su manutención, sanidad y educación hasta la mayoría de edad.
El Convenio de La Haya parece más equilibrado en cuanto a la asignación de responsabilidades, mientras que el Acuerdo bilateral con Marruecos, suscrito voluntariamente por España, puede ser considerado lesivo para los intereses económicos del Estado y de los contribuyentes españoles, al asignarles una carga que no tiene contrapartida en otros contextos internacionales.
El Acuerdo bilateral con Marruecos fue firmado por el Gobierno, su denuncia corresponde al mismo poder ejecutivo, con la intervención de las Cortes Generales en los términos previstos en la Constitución.
Marruecos será lo que sea, pero siempre gana. Es como aquello de "la casa siempre gana" de los casinos, pues igual. Ninguna familia quiere que los menores regresen, es mentira Quieren que se queden en España, estudien, obtengan permiso de residencia y, más adelante, nacionalidad; luego un posible reagrupamiento familiar, trabajo y remesas de dinero para Marruecos (el 10% de su sPib). Lo dicho: siempre gana.
Que cambien la ley! Con la petición de Marruecos, socio fiable según el gobierno, de que se le devuelvan todos los menores, ya hay garantías de que esos menores van a estar bien atendidos en Marruecos, no? Entiendo que si Marruecos averigua y dice en sus informes que la estructura familiar del menor no es adecuada, se haría cargo de estos chavales el gobierno marroquí en sus centros de menores, no?
Lo he dicho durate años, hay comentarios mios que se pueden buscar.
Han convertido a Ceuta en un campo de concentración de inmigrantes y MENAS. No se trata de buscar un reconocimiento pero es algo que se veia veni y NADIE, NADIE hizo nada.
Es muy fácil ser generoso desde la distancia.
Un niño cómo mejor está es con su familia y en caso de no tenerla los servicios sociales de su país.
Esta señora tendría que estar con su familia unos días en Ceuta y vivir esta tremenda situación.
Ésta situación es insostenible, queremos que Ceuta sea nuestra Albania.
Pues traigan DE INMEDIATO A 500 FUNCIONARIOS QUE SE OCUPEN DE ESTE TEMA PARA QUE EL PROCEDIMIENTO "SEGURO" FUNCIONE. NO LOS QUEREMOS MÁS TIEMPO AQUÍ. ¿LO HAN ENTENDIDO?
Ayer pasé al lado del hotel que hay para ellos en el morro, vistas al Mar, y estaba el menor en la ventana, hablando con su padre y madre que estaban con su hermano pequeño en la acera, que clase de MENA es eso? No somos más tontos porque es imposible
Compromisos legales son el secuestro? esta señora no ve a los niños llorar por querer irse con sus padres , la obligacion sobre la maxima protección no puede recaer en trabajadores de las , empresas de tratamientos de menores como si fueran meros almacenes de carne ,ONGs y demas centros de acogida , para que esten tirados en la calle mejor con sus familias. Retorno ya , la delincuencia infantil recaera sobre ella ???? Que pida conseja a Doña Antonia Palomo.