El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta, Francisco Lobato (FeSP-
UGT), ha entregado este miércoles al
director provincial de Educación, Javier Martínez, más de mil firmas de maestros y profesores de la ciudad autónoma para exigir a la Administración central socialista que “aplique desde septiembre” en su territorio de gestión la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación que prevé y “recomienda” a las Autonomías devolver a 23 y 18 horas semanales su jornada lectiva en colegios e institutos. Lobato ha defendido en declaraciones a los medios que “es irracional que el Ministerio, que solo tiene competencias directas en Ceuta y Melilla, no contribuya en ambas ciudades a la mejora de la calidad educativa sabiendo que además aquí tenemos las ratios más elevadas de estudiantes por aula”. Martínez ha explicado que pondrá la reivindicación sindical en manos de los Servicios Centrales del Ministerio, cuyos portavoces argumentaron durante su última visita a Ceuta que la reversión de los recortes del Gobierno de Rajoy en materia de jornada laboral en la ciudad dependen de que Hacienda autorice una partida presupuestaria extra para la contratación de unos 55 profesores de Secundaria.
El presidente de la Junta, en la que también tienen representación
FECCOO, CSIF y ANPE, considera que el “millón y medio de euros aproximadamente” que hace falta es “una minucia” si se compara con presupuesto global del Ministerio de Educación, por lo que “se trata de una cuestión que depende exclusivamente de la voluntad política”.
“No estamos solos en esta reivindicación unánime de los docentes: nos consta que la Dirección Provincial, la Delegación del Gobierno, el diputado y los dos senadores por Ceuta están haciendo gestiones en el mismo sentido y la Inspección ha elaborado un informe que no ha podido ser rebatido sobre la necesidad de liberar de carga lectiva a maestros y profesores”, ha apostillado.
El Ministerio ya aplicó durante todo el curso pasado la sustitución inmediata de los docentes de baja médica, para la que el PP introdujo un margen de diez días laborales de espera, y ha anulado también la ampliación de las ratios máximas legales de estudiantes por unidad que implantó el Gobierno de Rajoy en 2012.