Como mero ciudadano, observo estupefacto la serie de barbaridades que dicen y hacen algunos políticos separatistas. Nunca fui político. Escribo con independencia y neutralidad, intentando hacerlo con imparcialidad objetiva. Rara vez me ocupo de asuntos políticos. Pero no comulgo con “ruedas de molino” cuando independentistas radicales pretenden confundir la opinión pública con grandes mentiras, injusticias, artimañas o desafueros y, encima, nos creen tontos. Ahí, defiendo a ultranza mis legítimos derechos de opinión y de libre expresión, porque entiendo que hay un mínimo nivel de dignidad por debajo del cual las personas nunca deben descender, que, si alguien me lo toca, me siento moralmente obligado a replicar.
Porque, ¿en qué país mínimamente serio y responsable, que su Constitución propugna un Estado Social y Democrático de Derecho, más proclamando como valores superiores su indisoluble unidad en democracia y libertad, la independencia de la justicia, la separación de poderes, la igualdad de todos ante la ley y que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, puede haber luego ciudadanos que pretendan conseguir a toda costa recibir mejor trato y ser de mejor condición y derecho que los demás españoles y catalanes que inflexiblemente han de cumplen las normas, pagar impuestos y deudas al Estado?.
Ya saben que el Instituto Catalán de Finanzas creó un fondo dotado de 10 millones del dinero público para afianzar a 34 exdirigentes del “procés”, a fin de que los directos responsables de la malversación por la que fueron penalmente condenados no tengan que ser embargados en su propio patrimonio por la deuda de 5,4 millones descubierta por el Tribunal de Cuentas. Ahí, la Generalidad de Cataluña se ha pasado, pretendiendo justificar lo injustificable, aprobando su Parlamento independentista una norma autonómica disfrazada de apariencia de legalidad que avale el requerimiento de pago para cubrir la responsabilidad patrimonial exigida por dicho Tribunal a quienes desviaron dinero público para sufragar los gastos en el exterior con los que en 2017 se financiaron en su intentona golpista, exonerando a los culpables de tener que pagarlo de su propio patrimonio.
Paradójicamente, así, a personas que ya delinquieron malversando dinero público de la Generalidad y del Estado, es la misma Generalidad, directamente perjudicada, la que se erige en fiadora de sediciosos y malversadores para que no se les embargue su patrimonio. Y eso sería todo un disparate jurídico nunca visto, malversando de nuevo más dinero público, cometiendo otro presunto delito de malversación y posiblemente otro más de prevaricación. Conozco profesionalmente los procedimientos administrativos y tributarios, Y una Administración pública no puede favorecer a quienes han sido penalmente condenados por atentar contra ella y su patrimonio. Pretender exonerarlos, constituiría un fraude de ley con el que se persigue un fin prohibido por el ordenamiento jurídico. Máxime, jactándose y regocijándose públicamente los responsables condenados de que “volverán a hacerlo”.
Ni siquiera hace falta ser jurista ni experto en tributos para saber, por simple raciocinio y sentido común que, aunque pretendan simularlo de legalidad, lo que se pretende es una aberración jurídica y una inmoralidad, que ya está siendo investigado por la Fiscalía del TSJ de Cataluña. ¿Haría igual Tráfico con conductores sancionados, afianzándoles la DGT sus multas impagadas, o Hacienda con los contribuyentes que no pagan su deuda tributaria?. ¿En qué procedimiento de ejecución pública de deudas el órgano perjudicado se convierte en avalista de los infractores para que a éstos no se les embargue su patrimonio personal, implicándose el mismo órgano en un nuevo presunto delito de malversación?. Imagino a los países y ciudadanos serios del mundo civilizado reírse a carcajadas.
Más, ¿qué crédito o confianza podrían depositar los ciudadanos y el mundo democrático en tales dirigentes soberanistas si, hipotéticamente, algún día llegaran a alcanzar la independencia que “sí o sí” quieren?. Eso sería valerse del fraude de ley como instrumento de reincidencia para cometer otra inmoralidad aún mayor, a sabiendas de que lo es y con fines torticeros y espúreos; sería “blanquear” tan bochornosas conductas con las ahora llamadas “fake news” (bulos o mentiras), con los que ahora casi todo se deforma y se tergiversa falazmente para engañar o adoctrinar. Vivimos en un mundo de ficción, haciéndonos “comulgar con ruedas de molino”, si tan ingenuos fuéramos dejándonos engañar.
Quienes tanto nos amenazan y chantajean con romper España y a costa de España, pretendiendo engañar al mundo con su “España nos roba”, que se inventan, ¿por qué ocultan que desde años mantienen una deuda de 80.000 millones con España, que les está salvando de la bancarrota, en detrimento de otras Comunidades perjudicadas, más lo que ahora quieren cobrar en su reunión “bilateral” del fondo de rescate europeo, que ahora vuelven a amenazar, porque lo quieren ya y cobrar al “contado”, como públicamente dicen?. ¿Quién roba a quién?. En la reciente “bilateralidad” España-Cataluña, como ellos se inventan, a acaban de conseguir 1.700 millones para el Aeropuerto del Prat. ¡Bah!, “calderilla” para el cambio de caja. Y exigen públicamente cobrarlo “ya y al contado”, y que luego para septiembre quedan “amnistía”, referéndum” e independencia”, que la constitución impide.
El poder secesionista que se inventan, pero que socialmente no tienen, les ciega tanto que hasta ven normal que se puedan afianzar su responsabilidad personal, destinando todavía más dinero público para afianzar a los responsables, además de los 5,4 millones que ya desviaron para delinquir, confundiendo lo público con lo privado y lo particular con el Erario Público.
Han recabado un informe a su Cosell de Garantías, que ha dictaminado, contradictoriamente, que tal fianza sería legal aunque la forma sea inadecuada, debiendo modificarla, porque los 10 millones con que han dotado al fondo, serán administrados por “algún” Banco que todavía ni se ha designado, ni se le espera, porque antes todos los Bancos se han negado a avalar dichas cantidades. Ya en su día dicho Consell también informó favorablemente todas aquellas llamadas “leyes de transición” que después el Tribunal Constitucional tumbó.
Modestamente considero que afianzar con dinero “público”, a “particulares” sería una tropelía, un enriquecimiento injusto y una desviación de poder. Lo público no es de los políticos, ni de los desaprensivos que subrepticiamente meten la mano donde no deben; es de la comunidad en general. Y sólo puede administrarse en beneficio de los intereses generales y del bien común. Más, tanto en la vida pública como en la privada cada uno debe responder de las consecuencias de sus propios actos.
No hay cosa que más indigne al pueblo como que algunos políticos se sirvan de la política en su propio provecho y para fines particulares que nada tienen que ver con la “cosa pública”. El pueblo les deposita su representación para que le sean resueltos sus problemas, mientras ellos en muchos casos lo que hacen es crear nuevos problemas allí donde antes no existían. Y la sufrida sociedad está ya hasta la coronilla de tanto “listillo” de conveniencia. Tales conductas devalúan y desacreditan mucho la acción política, porque siembran ldesconfianza y alarma social en la sociedad; suponen una absoluta desconsideración y falta de respeto que ofende la inteligencia, la dignidad y la buena fe de los ciudadanos honestos y honrados que se sienten frustrados, engañados y defraudados.
No sólo me refiero ahora a los independentistas, sino también a los demás políticos desaprensivos. El vulgo popular lo denuncia con su sabia sentencia de: “todos son iguales”; aunque particularmente pienso que todavía quedan políticos que son personas honradas y honestas, catalanes y demás españoles de bien, que suelen administrar el dinero público con la diligencia, responsabilidad y esmerados cuidados con que unos buenos padres y madres de familia administran su propio hogar, aunque tales políticos probos vayan quedando tan pocos que más parecen una especie a extinguir.
Hace pocos años llegaron a la política algunos nuevos partidos y personajes que no se cansaban de proclamar capciosamente que venían a adecentar la política con la firme promesa de transformarla y regenerarla. Hasta la factura de la luz prometían abaratar; pero pronto parecen haber quedado contaminados con las viejas formas, de manera que, cuando ven que han sido ya desenmascarados y que por sus actos se les conoce. van terminando como en el “rosario de la aurora”, cada uno por su lado.
A lo largo de la historia, la Filosofía del Derecho ha intentado resolver estos problemas. Pero la Filosofía se ocupa del mundo “ideal”; luego la teoría filosófica, se torna en mera utopía, porque es la vida “real” la que nos pone a cada uno ante la realidad desnuda. Uno de los más destacados filósofos del derecho fue Marco Tulio Cicerón, primero, político y, después, elocuente jurista romano que defendía a ultranza el derecho y la justicia.
Su principal obra (“De Oficiis”), enseña las obligaciones que las personas públicas, honradas y honestas, deben cumplir frente al Estado. Es un trabajo filosófico pensado como dogma de ética y moral ligada a la acción político-social, concebido en forma de diálogo que pretende delinear una verdadera y propia moral para los políticos de la antigüedad, para tratar de impedir que el poder se corrompa. También escribe Cicerón en Pozzuoli el año 44 a.C., en una especie de testamento político sobre moral política destinado a su hijo y a la sociedad de Roma, que mientras tuvo por guía la unión, la moralidad y el trabajo serio y responsable, fue imperial; pero en cuanto fue degenerando en una sociedad viciosa, dilapidadora y corrupta, quedó reducida a simple ciudad.
Para Cicerón, un político debe saber siempre retirarse a tiempo y hacer de su juramento y lealtad al pueblo principal norma de su conducta; lo primero debe ser cumplir siempre con la ley y la justicia, respetando todas las instituciones del Estado: “Nunca – dice - deben anteponerse en la amistad de los políticos utilidades aparentes, honores, riquezas, deleites y otras cosas mundanas. Tampoco el hombre de bien, por respeto de su amigo, nunca obraría en contra de la república romana; no ha de faltar al juramento y la fidelidad ni aun en caso de ser juez de su amigo, porque se despoja de la persona de amigo cuando representa la de juez",
Por su parte, Escipión nos escribe: “La justicia y la ley deben ser los férreos pilares del estado. El dominio ejercido por la fuerza viola cualquier derecho. La verdadera armonía en una república sólo puede conseguirse si el individuo, en lugar de tratar de sacar provecho personal de su puesto público, antepone los intereses de la comunidad a los privados.
Sólo si la riqueza no se despilfarra en el lujo y la disipación, sino que se administra y se transforma en cultura espiritual; sólo si la aristocracia renuncia a su orgullo, y la plebe, en lugar de dejarse sobornar por los demagogos y de vender el estado a un partido, exige sus derechos, sólo entonces puede restablecerse la república. La dictadura resulta peligrosa; pero igualmente lo es la revolución”. Cree que en política sobran el amiguismo y el favoritismo en las relaciones políticas que hacen nacer la “corrupción”, lo contrario de la conducta honrada.
Desde el año 1990, los filósofos del derecho Frans Geraedts, Ruud Meij y Leonard de Jong, han desarrollado en equipo su tesis, preconizando: “Todos los ciudadanos del mundo se merecen tener un estado decente, porque, de lo contrario, la corrupción limita el ejercicio de los demás derechos. Y, concretamente para el caso de España, recomiendan como muy necesario para reducirla: “limitar las remuneraciones de los cargos electos; implementar una cultura anticorrupción, hacer más efectiva la transparencia y mayor intervención de la Fiscalía”.
Señalan que, en “España desde hace más de un siglo todos los partidos políticos que han gobernado han practicado corrupción; que no solo consiste en afanar el dinero público, sino en repartir cargos y otorgar prebendas o privilegios abusando del poder. Las relaciones entre política y amistad siempre han sido complejas. La política representa el campo de lo público, de lo que debe ser puesto en común y participado por la comunidad. La amistad a su vez entrevera lo público y lo privado”.
