La Ciudad Autónoma prevé recibir el año próximo del Estado como Autonomía y municipio casi 72 millones de euros. La mitad 36,05, llegarán, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con cargo al Fondo de Suficiencia Global, uno de los recursos del sistema de financiación autonómica vigente que debe servir para “asegurar la financiación de la totalidad de las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía”.
La liquidación del Fondo de Suficiencia Global de 2017 se ajusta por parte del Ministerio con la estimación de los Fondos de Convergencia y, dado que la primera es negativa para Ceuta en dos millones de euros, el saldo global de 2019 ascenderá a 7,7 millones. El Fondo de Convergencia se creó con el objetivo de “reforzar la convergencia en financiación per cápita y la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos” entre las distintas regiones.
Ceuta también se beneficia de su participación en los Tributos del Estado “como municipio y como provincia”. La estimación del importe correspondiente a la Ciudad en esa doble consideración parte de una estimación de evolución “similar” a la de este ejercicio y el pasado y se traduce en 24,8 millones de euros.
Al margen de esos tres grandes manantiales de transferencias del Estado, la Administración autonómica espera ingresar 3,9 millones de euros en concepto de “compensación de costes de funcionamiento de la planta desalinizadora” de agua.
Los Fondos de Compensación Interterritorial, que responden al mandato constitucional de “corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad”, dejarán en la ciudad 3,3 millones de euros, 2,4 del Fondo de Compensación y 0,82 millones del Complementario.
Los Fondos de Compensación, que se distribuyen entre las Comunidades Autónomas con menor renta y las Ciudades de Ceuta y Melilla, deben destinarse a financiar gastos de inversión.
Hasta un máximo del 25% de las cantidades de cada ejercicio puede destinarse a gastos de puesta en marcha de las inversiones financiadas con cargo a los mismos.
Los ingresos a través de tasas (que con el cajón de sastre de ‘otros ingresos’ se va hasta 11,3 millones de euros en los Presupuestos de la Ciudad para el año que viene) se han cuantificado “actualizándolas con carácter general con el IPC correspondiente al mes de agosto publicado por el INE en el mes de septiembre, tal y como dispone el articulado de la Ordenanza Fiscal General”.
A partir de ahí, algunas “se han incrementado de forma individualizada” como es el caso de la de recogida de basuras, la de tratamiento de residuos (con un incremento importante equivalente al 100% del valor anterior, pasando a superar ligeramente el millón de euros), la de carga y descarga de vehículos, la de multas y sanciones y la de ejecuciones subsidiarias, ésta en el mismo importe en que se ha incrementado su contraparte de gastos.
También se han visto disminuido algunas de ellas, como la tasa urbanística (en casi el 50% de su importe, quedando en 1,7 millones de euros), la de expedición de documentos, la de utilización privativa del suelo (“en cuantía relevante”, según el informe de la Intervención de la Administración), la de recargos de apremio y la de intereses de demora, entre otras de menor entidad. El resultado es “una importante disminución del importe del capítulo”, que pasa de 12,5 millones este año a 9,2 para el próximo.
La Ciudad ha estimado sus ingresos para el año que viene “a partir de la recaudación líquida de cada una de las partidas presupuestarias y proyectando esa recaudación a lo largo de todo el ejercicio”. Así, el capítulo de impuestos directos se mantiene en los mismos niveles “con un moderado incremento” mientras que en el de indirectos se produce “un importante aumento en sus créditos” gracias a que suben sensiblemente el IPSI Importación y el del Tabaco, ambos “por razón de la compensación del Estado”, pasando de 69,2 a 71,6 millones el primero de ellos y de 27,3 a 28,3 el segundo.
En cuanto a los otros dos conceptos relevantes del capítulo, uno de ellos, el del IPSI Operaciones Interiores, “disminuye” hasta 25,1 millones con respecto a 2018 porque “en el ejercicio anterior se produjo la tributación por el concepto de entrega de bienes inmuebles correspondiente al establecimiento de la cárcel”. El del gravamen complementario sobre el combustible “se mantiene en el mismo nivel” de 5,8 millones.
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