Fernando Grande-Marlaska y las asociaciones carroñeras

Ser ingenuo y confiado puede parecer más un defecto que una virtud, pero el ingenuo es feliz mientras tiene la certeza de haber conseguido su propósito. En el lado opuesto a la ingenuidad están los desconfiados, estos no son felices nunca, pero no se llevan decepciones, siempre se esperan lo peor y en muchas ocasiones hasta lo consiguen.   

Una de mis pocas virtudes es ser ingenuo, porque tuve la suerte de ser feliz, de creer que con la legalización del derecho de Asociación, las Asociaciones serían respetadas al mismo nivel que los sindicatos de Policía por la Administración y la propia Dirección General del Cuerpo. Pensaba que el nivel de interlocución, de intercambiar opiniones y propuestas no sería ya un obstáculo. Sin embargo, la realidad es bien distinta, porque las mentalidades no se cambian de un día para otro, se necesita un tiempo para que lo normal y legal sea eso: normal y legal. La normalidad, la aceptación de una realidad es mucho más importante que la legalidad y lamentablemente estamos legalizados pero no aceptados y normalizados.

Las asociaciones profesionales y sus representantes están aceptados como algo legal, pero no somos percibidos como una herramienta  útil, capaz de resolver conflictos, de aportar ideas, de crear unas mejores condiciones de vida para los guardias civiles y para engrandecer la Guardia Civil como institución. Estamos en un estado ambiguo de legalizados, pero no aceptados. Una ambigüedad que no beneficia a la administración, ni a las asociaciones profesionales, pero mucho menos a la sociedad por la que debemos trabajar.

La equiparación salarial es el objetivo principal de las asociaciones profesionales de guardias civiles. Unas organizaciones que tenían la necesidad de conocer la veracidad de lo publicado sobre el proceso de equiparación. En ese estado de desinformación nos sentamos en el consejo; mientras distintos medios de comunicación nos informaban de la ampliación de 45 días hábiles a la consultora Ernst&Young para concluir el estudio sobre el proceso de equiparación, algunos afirmaban que la equiparación salarial necesitaba una partida superior a los 807 millones de euros previstos. Un proceso que tiene en vilo a las asociaciones profesionales firmantes del acuerdo, que respetan escrupulosamente los tiempos del acuerdo a sabiendas que otras organizaciones carroñeras rezan compulsivamente para que fracase el proceso de equiparación y poder hacer caja vendiendo el fracaso como una traición de las organizaciones firmantes.

La celebración del segundo pleno del Consejo de la Guardia Civil pone en evidencia ese estado de no aceptación de las asociaciones. Un pleno en el que los representantes de las asociaciones esperaban aclarar las dudas sobre el proceso de equiparación salarial y conocer los avances del informe de la consultora Ernst&Young sobre el proceso de equiparación. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se limitó a informar sobre los logros de su ministerio y, como única novedad, que esa misma mañana se había mantenido una reunión entre la Consultora y la Secretaría de Estado, en la que se ha rechazado el informe  por  adolecer de un estudio de equiparación puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil.

El ministro evidenció una falta de empatía con las organizaciones que firmaron el acuerdo de equiparación, de no ser capaz de entender la legítima necesidad de conocer el avance del estudio de equiparación para saciar las necesidades de información que mantienen nuestros asociados, ante tanta información o desinformación que pone en duda la firme convicción del Gobierno de equiparar los sueldos de guardias civiles y policías nacionales con las policías autónomas y locales.

Decía que llegué a pensar que con la legalización del derecho de Asociación las Asociaciones de guardias civiles serían respetadas y consideradas al mismo nivel que los sindicatos de Policía. En eso me equivoqué porque el Ministerio del Interior ha tenido la deferencia de informar a los sindicatos policiales de que las informaciones aparecidas en los medios digitales sobre la equiparación son falsas, algo que no ha hecho con las asociaciones profesionales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería de reflexionar y ordenar a quien corresponda que no se olvide de que los guardias civiles también tienen representantes que deben informar a sus afiliados. Ese es el camino si de verdad este Gobierno apuesta por el derecho de asociación en la Guardia Civil.

Hace unos días le dije a unos compañeros que estaba convencido de que el proceso de equiparación tendrá el final esperado, porque tiene un amplio consenso político y social, de no existir ninguna razón para acabar con una injusticia que no tiene justificación alguna. Ingenuo fue su respuesta. A pesar de todo,  seguiré siendo un ingenuo, seguiré pensando que el proceso de equiparación será una realidad en enero de 2020. Seguiré siendo feliz, mientras las asociaciones carroñeras seguirán rezando para que la equiparación fracase y así sumar asociados desencantados.

Es mejor ser ingenuo que carroñero.