Categorías: Política

Fernández Díaz no conoce norma de la UE que impida instalar la concertina

El ministro del Interior recuerda que otros países europeos colocan cuchillas en sus fronteras. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo ayer desconocer “que haya ninguna legislación comunitaria que impida” instalar la concertina en el perímetro fronterizo de Melilla y Ceuta o en cualquier otra frontera europea. “Aquí mismo, en Bruselas, la policía belga en algunas ocasiones lo utiliza y en otros países europeos también nos consta que hay fronteras de estados de la UE que las tienen instaladas”, añadió. El ministro trasladó ayer a la Comisión Europea (CE)  que España está dispuesta a estudiar “alternativas” a las concertinas instaladas en la valla fronteriza de Melilla. “Si se nos plantea una alternativa que cumpla con la finalidad de, efectivamente, controlar nuestras fronteras y evitar que personas, de forma masiva además, entren ilegalmente en territorio nacional, estamos dispuestos a considerarlo”, dijo Fernández a su llegada al consejo de ministros de Interior y Justicia de la UE que se celebró ayer en Bruselas.
El ministro español trató el asunto con la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, en la noche del miércoles. “Tuve una larga y cordial conversación con la comisaria Malmström que, en primer lugar me quiso aclarar, sin que yo le dijera nada, que ella en ningún momento había utilizado esa terminología de pedir o exigir explicaciones (sobre la valla de Melilla)”, señaló.

Sin sugerencias o alternativas
“Ella estaba en la idea, y me lo trasladó así, de que las concertinas eran un elemento que no era disuasorio y que causaba lesiones graves. Yo le aclaré la situación de Melilla, también la de Ceuta”, señaló Fernández Díaz. El ministro reiteró que el Gobierno está abierto “a estudiar, con la mejor predisposición”, cualquier alternativa que permita evitar las intrusiones masivas de inmigrantes. Por el momento, la comisaria no ha sugerido ninguna alternativa, añadió.
El ministro dio a Malmström información detallada sobre las vallas de Melilla y Ceuta y en particular le explicó que “son exactamente las mismas que están desde el año 2005, tanto en superficie como en altura”. Asimismo, precisó “que en Melilla, en la valla exterior, la fronteriza con Marruecos, sigue estando la misma concertina que había” y que lo que se ha hecho es reinstalar la concertina “en un tramo de dos kilómetros y medio en la valla interior, que es por donde se producen los intentos de avalanchas”.
El titular de Interior explicó además que con la concertina lo que se pretende es evitar “la intrusión ilegal” de inmigrantes y que, desde el punto de vista del Gobierno y según la doctrina penal española, “es un método pasivo y no agresivo y disuasorio”. En ese contexto, Fernández Díaz entregó a la comisaria una copia de la doctrina penalista española sobre las “medidas de autoprotección o defensas predispuestas que se colocan para proteger una propiedad de intrusiones no autorizadas o agresiones ilegítimas”.
En el documento se explica que el objetivo de la medida es evitar el acceso irregular al territorio español ya que “existe un riesgo cierto de entrada ilegal por puntos no autorizados mediante el asalto, incluso masivo, a la valla”. Añade que “el medio utilizado para impedir u obstaculizar el acceso ilegal resulta proporcionado” y que el modo de actuar de esas defensas es notorio, aunque admite que “no resultaría inapropiado advertir claramente de su colocación en el caso de que tal advertencia no exista”.

Capacidad limitada
Por otro lado, dijo, “España tiene la capacidad de acogida que tiene y evidentemente no estamos en condiciones de aceptar en nuestro país a la ingente cantidad de personas que, buscando un destino mejor, quieren entrar”. Añadió que “si quieren venir a nuestro país o a cualquier otro país, tienen que cumplir las leyes y la primera ley que hay que cumplir es entrar legalmente”. Fernández Díaz reconoció además que una política de inmigración no se debe limitar únicamente al control de las fronteras, sino que debe abarcar una política integral que incluya la prevención, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las mafias.

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