Vía comunicado, el delegado del Gobierno señala que está preparando una resolución para responder a las protestas. Una semana después de que comenzaran las protestas de un colectivo de subsaharianos que reclama salir a la península, el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, hizo sus primeras declaraciones públicas. Lo hizo con un comunicado de prensa y no en comparecencia con preguntas abiertas de los periodistas. De esta forma advirtió a los subsaharianos que “a cartonazos nadie se va a la península”, instándoles a reconducir la situación.
El comunicado se emitía a las ocho de la tarde después de una mañana en la que la Policía Nacional se dedicó, en plena plaza de los Reyes, a solicitar la documentación a los subsaharianos para identificarles. Así lo hizo con un total de 74, entre los que había subsaharianos que sólo llevan diez días en Ceuta y no tres años como claman. Según la Delegación del Gobierno, de los 74 inmigrantes identificados, 46 proceden de Camerún, 10 de la República del Congo, 6 de la República de Guinea, 4 de Chad y los restantes de otras nacionalidades, como Costa de Marfil o Gabón. De ellos, el 80% está en Ceuta desde hace menos de 90 días. Es decir, nadie lleva ni dos, ni tres ni cuatro años en el CETI esperando el pase a la península.
Tras esta intervención policial que se supone era para advertirles que no podían provocar alteraciones de orden público ni intimidar a las personas todo siguió igual: las protestas, los gritos por las calles y los enfrentamientos con los viandantes. Incluso la Policía tuvo que intervenir en varias ocasiones para que no fueran a más, uno cuando varios inmigrantes quisieron rodear a un taxista al que cortaban el paso. El delegado quiso, no obstante, lanzar un mensaje de tranquilidad a los ceutíes “porque estamos actuando desde el primer minuto para asegurar la convivencia pacífica”, señaló. Para Chacón estas protestas “no tienen razón de ser y no les servirán para entrar en la península”. Así, el delegado ha hecho un llamamiento a los inmigrantes, a los que ha recordado que se tiene que cumplir la Ley de Extranjería, que sólo recoge la regularización de colectivos vulnerables o de admitidos por asilo, “y que en ningún caso, bajo ningún tipo de protesta va a pasar nadie a la península”. Las advertencias no consiguieron acallar las posturas de los francófonos. Fernández Chacón ha manifestado que se está trabajando “desde el minuto cero”, realizando gestiones a diversos niveles tanto a través de los órganos centrales de Madrid, concretamente los ministerios del Interior, Asuntos Exteriores y Trabajo e Inmigración, como en Ceuta. “Hemos conseguido hasta ahora un control y seguimiento por parte del Cuerpo Nacional de Policía que ha sido muy efectivo, porque se han evitado cortes de tráfico y alteraciones del orden”, ha manifestado, “y ese control va a seguir”.
Si persisten este tipo protestas, las identificaciones realizadas por la Policía Nacional darán lugar al levantamiento de actas de infracción, que derivarán a su vez en propuestas de sanción en virtud de la legislación vigente.Paralelamente, se trabaja en una resolución administrativa del Delegado del Gobierno, para dar una respuesta preventiva a estos actos de protesta “que aseguren la paz, armonía y tranquilidad de los ciudadanos”. Según Chacón, las protestas del colectivo no han ocasionado hasta la fecha “graves alteraciones del orden público, aunque sí molestias para el ciudadano”, indicando que las Fuerzas de Seguridad siempre responderán de una manera proporcionada y ponderada, garantizando el orden público. No hubo policía para medir el ruido Y dentro del caos generado por las protestas de los inmigrantes, ayer se produjeron más incidencias. Por ejemplo la protagonizada por una vecina del Paseo de Colón que reclamó los servicios de la Policía Local para que, a través de la unidad de sonometría, midieran el ruido que estaban provocando los subsaharianos. ¿Qué respuesta obtuvo? Que a esa hora no había policía local alguno que pudiera acudir a prestar este servicio. Así que la mujer se quedó sin que se le pudiera prestar dicha asistencia. Lo irrisorio del asunto es que una hora después la Policía le llamó por teléfono para decirle que ahora sí podían mandarle el agente encargado del control de sonometría, cuando los subsaharianos ya no estaban en Colón, quedándose sin atender la reclamación ciudadana. La explicación dada oficialmente es que antes sí existía un funcionario dedicado este menester por lo que podía atender las llamadas que se efectuaban para este tipo de control. Ahora ese mismo funcionario debe compartir otros puestos, dejando vacíos en el servicio como el que se produjo ayer.