Fantasías animadas de Zapatero

El Partido Socialista Obrero Español exige a los demás las dimisiones que no practica con sus cargos imputados,  tiene ocho cargos políticos acusados de corrupción en Canarias, Andalucía, Aragón y Madrid. Tres miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español de Canarias tienen causas judiciales pendientes. El Secretario de Transporte y consejero del Cabildo de Tenerife está imputado por el caso “Arona”. La Secretaria de Sanidad está imputada por el caso “Varadero”. Un vocal de la Ejecutiva está imputado por prevaricación por el cambio de uso de suelo. Mientras el Partido Socialista Obrero Español de Madrid (PSM) pide la dimisión de 45 altos cargos del gobierno madrileño que ni están imputados, mantiene a su número 2 imputada en el caso “Patrimonio Siglo XXI”. La fiscalía pide ocho años de inhabilitación para la Secretaria de Organización del PSM. También sigue en su escaño la diputada regional del PSM imputada por el mismo caso “Patrimonio Siglo XXI”. El exalcalde de Leganés del PSM mantiene su acta de diputado regional a pesar de estar imputado por un delito de prevaricación.
El Partido Socialista Obrero Español andaluz mantiene en su cargo al Delegado en Sevilla de la Consejería de Empleo de la Junta, imputado por cohecho en el caso Mercasevilla.
La “tolerancia cero” que predica Pepe Blanco no funciona con los alcaldes socialistas. El Partido Socialista Obrero Español mantiene al alcalde socialista de Estepona, que está imputado por un delito urbanístico. Los alcaldes de Torredelcampo y Marmolejo (Jaén) están imputados por corrupción pero el Partido Socialista Obrero Español les mantiene en sus cargos.
El Gobierno de Zapatero indultó alcalde de Carboneras, condenado por delito electoral, para que pudiera volver a presentarse en 2007.
El consejero socialista del Ayuntamiento de Zaragoza sigue en su puesto cuando está imputado en la operación “Molinos”.
Lo que dicen los socialistas cuando los imputados son ellos: Fernández de la Vega: “pido respeto a la presunción de inocencia”. Leire Pajín: “La imputación no rebaja su inocencia”. Secretario Organización del Partido Socialista Obrero Español andaluz: “no hay motivos para cesarle porque los indicios son leves”.
Y mientras todo esto ocurre en las filas socialistas, Zapatero hace retroceder a España a la duodécima potencia económica, las previsiones del Fondo Monetario Internacional auguran que España perderá su condición de novena potencia económica mundial y pasará a ser duodécima en 2014, alejándose aún más del G-8. La nefasta gestión de Zapatero dilapida la herencia económica del Partido Popular en sólo seis años. Brasil, India y Canadá relegarán a España a una discretísima posición.
El Ejecutivo socialista se cruzó de brazos al recibir en 2004 un país dinámico que creaba empleo, no ha tomado ninguna medida económica y ahora los españoles sufren el resultado de su inacción. El organismo internacional avanza que el PIB español se contraerá un 2,1% entre 2008 y 2014, mientras que las grandes potencias mundiales y los países emergentes reflejarán de nuevo crecimientos y superarán la crisis.
Las promesas de Zapatero de sobrepasar a Francia y de haber superado ya a Italia en renta per cápita se evaporan al contacto con la realidad de su gestión: ambos países seguirán en cabeza mientras España cae en picado. El mismo Zapatero que aseguraba en 2007 que llevaría a España a “la Champions League de la economía”, ahora afirma que “España no bajará a la Segunda División de la economía”.
El Partido Popular estará dispuesto a llegar a acuerdos con el  Gobierno en materia económica, siempre que el Ejecutivo rectifique su intención de subir los impuestos. Si está dispuesto a hacer un verdadero ajuste en las cuentas públicas, un auténtico plan de austeridad, a que no se produzca la subida del IVA  a partir del 1 de julio y a hacer un auténtico plan de lucha contra la morosidad, ahí va  a estar  el Partido Popular para llegar a un acuerdo.
Personalidades y organismos nacionales e internacionales de referencia “están restando credibilidad a las previsiones económicas del Gobierno de Zapatero”, como ha sucedido con el premio Nóbel de Economía, Joseph Stieglitz, que considera que las recetas aplicadas por Zapatero consistentes en subir impuestos son malas para este momento.
“Es incomprensible” que el Tribunal Constitucional lleve casi cuatro años sin emitir una sentencia sobre un asunto tan importante como el Estatuto catalán porque “la inseguridad jurídica genera una extraordinaria inseguridad económica”. “Eso no es bueno ni para Cataluña ni para España”. Hace tiempo hubo un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, entre Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero, para la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. ”El Partido Popular cumplió con sus compromisos, el Partido Socialista no los cumplió y por eso no se llevó a cabo la renovación”. En el momento en el que nos encontramos no se puede quitar legitimidad al Tribunal Constitucional; lleva tres años y medio funcionando y decir que ahora no puede emitir un fallo o dictar una sentencia, sería negar legalidad a todas sus resoluciones durante esos tres años y medio.
El gobierno de Zapatero calla ante las presiones contra el Tribunal Constitucional, el presidente socialista Montilla ha cuestionado la “legitimidad ética, política, moral” de los magistrados.
El Tribunal Constitucional ha sido elegido por todos los españoles a través de las Cortes, por el CGPJ y por el gobierno. Zapatero es el responsable de que no se haya renovado todavía el Tribunal Constitucional, fue Zapatero quien hizo una ley para prorrogar -una ley para una persona- el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional.
Zapatero engañó a los ciudadanos de Cataluña cuando dijo que aceptaría cualquier Estatuto que allí se aprobara porque lo cambió él en La Moncloa, exclusivamente y con un dirigente político.
El recurso al Tribunal Constitucional no es sólo iniciativa del Partido Popular sino que el Estatut está recurrido por el Defensor del Pueblo y varios gobiernos autonómicos, algunos socialistas, como el de Aragón.
No se puede cambiar el árbitro en mitad del partido porque no guste el resultado. Si se cambia el Tribunal Constitucional antes de la sentencia, supondría el fin de su independencia. El principio básico del Estado de Derecho es acatar las decisiones de los tribunales nos gusten o no nos gusten.
Miembros del gobierno socialista apoyan las presiones intolerables contra el Tribunal Supremo. Los que atacan al Supremo sustituyen el imperio de la ley por la justicia privada. El respeto a la independencia del Tribunal Supremo garantiza nuestra libertad, nuestra democracia y nuestros derechos. El gobierno usa la Fiscalía General como fiscalía gubernamental. La fiscalía utiliza una doble vara de medir en los casos que afectan a responsables políticos.
Fernández de la Vega anunció el recurso contra el archivo de la causa contra Camps, antes de que la fiscalía lo presentara. Rubalcaba aumenta un 25% los cargos de libre designación de la policía: en un Estado de Derecho la politización de la policía es una amenaza.