Mientras el Gobierno de Ceuta anunciaba hace solo un mes que seguía intentando tirar la torre de 7 plantas del
Príncipe, el popularmente conocido como ‘rascacielos’, esta misma tarde de martes ya se ha detectado la entrada de al menos dos familias con muebles que han accedido a esta
infraestructura con ánimo de quedarse en su interior. Lo que nadie aclara es si han entrado previo pago o aprovechando que el bloque de casas está terminado y vacías.
Es el último episodio de un auténtico culebrón que ha superado al anterior gobierno y a este, porque a pesar de los anuncios nada se ha hecho para demoler lo que es una auténtica oda a la construcción ilegal. Empezó levantándose poco a poco y ahora ya es el edificio más alto de Ceuta sin papeles.
El pasado enero la Ciudad indicó su voluntad de “devolver a la legalidad urbanística” al espacio ubicado enfrente del Poblado Legionario cuya construcción comenzó en el año 2015. En septiembre de 2018, hace ya casi 16 meses, la Consejería de Fomento apeló a un error formal consistente en que supuestamente “el número de parcela [con referencia catastral 8134058TE8783S0001AU] sobre la que se sitúa esta obra ilegal” había que dado “mal reseñado” en el expediente.
Fuentes del Ejecutivo local explicaron a El Faro que “el asunto nunca quedó paralizado y en cuanto se detectó el error que obligó a dejar el primer expediente sobre la mesa se incoó otro que actualmente sigue su curso”. De hecho, la documentación está “pendiente de notificación” al promotor de las obras ilegales.
La Policía Local denunció por primera vez hace ahora cuatro años y medio la ejecución de obras ilegales enfrente del Poblado Legionario. La Administración tramitó profusión de Decretos a cual más inútil, como demostró la evolución imparable y creciente del edificio, que durante los últimos meses del verano de 2018 vio cómo se acristalaba su ático.
El devenir histórico del edificio es la crónica de la impotencia de una Administración: en enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta de los hechos a la Fiscalía, pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1. “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. Hace tres agostos, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.
En octubre de 2017, la Consejería mandó parar las obras “que ilegalmente se están ejecutando” y cifró el presupuesto de demolición, que nunca se ejecutó, en 36.464,85 euros. En paralelo, a la vista de la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable”, se ordenaron distintas medidas cautelares que se revelaron igual de inútiles.