Tribunales y justicia

La familia que denunció a un profesor del San Agustín: "Queremos que se haga justicia con las posibles víctimas"

El Juzgado ha apreciado posibles delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos

La familia de un estudiante del Colegio San Agustín que el pasado mes de noviembre puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un comportamiento “cuando menos extraño” por parte de un ya ex profesor de ese centro rompió ayer su silencio con ‘El Faro’ para instar “a cualquier persona que haya padecido o conocido” hechos o indicios de presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil o abusos sexuales como los que se imputan al investigado a “que lo ponga en conocimiento de la Justicia”. El Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma es el que dirige la evolución de las Diligencias Previas 559/2018, que se abrieron cuando un recelo se convirtió en una alarma. “A nosotros”, han explicado desde la familia a este periódico, “nos extrañaban ciertas invitaciones a comer en restaurantes, regalos, decenas de mensajes al móvil día tras día...”. Pese a que los denunciantes tenían cierta relación con el entorno del investigado, con notoria relevancia social en Ceuta, uno de esos regalos, caro, colmó su inquietud.

En el material informático han aparecido fotos de desnudos explícitos

“Nos pusimos en contacto con la Guardia Civil, que nos instó a acudir primero a la Fiscalía de Menores, donde a su vez nos dijeron que no podía actuar de oficio sin denuncia previa, por lo que volvimos a la Guardia Civil para poner en su conocimiento esos hechos y las fotografías que encontramos en un móvil”, han relatado. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita se tomó muy en serio la alerta y el ex docente fue detenido durante unas horas en las que, además, se registró su domicilio y se incautó material informático. De su análisis se ha derivado el hallazgo, según las fuentes consultadas, de “muchas” imágenes de contenido sexual tanto en ámbitos privados como en el escolar. De imágenes tomadas por algún menor de sí mismo se ha llegado a fotografías explícitas de desnudos en casa del imputado. Por sede judicial han pasado ya al menos una decena de menores de edad o ya adultos que en el momento de los hechos todavía no hubiesen cumplido los 18 años. La intención de las investigaciones es determinar si a la tenencia de pornografía se pueden sumar agravantes de elaboración y/o difusión y si, además de imágenes, hubo comportamientos delictivos también físicos. La primera familia denunciante va a recabar ahora asesoramiento jurídico fuera de Ceuta sobre la oportunidad y conveniencia de ejercer la acusación particular “con el único objetivo de que se haga Justicia, de que la pena que se imponga sea, en su caso, la que corresponda por los delitos que se hayan cometido”.

“Solo queremos que se haga Justicia con todas las posibles víctimas que haya”

Pese a su “respeto” hacia la acción de los Tribunales, una de las circunstancias que han disgustado en la gestión del caso es que “la orden de alejamiento del profesor sobre el colegio y el joven tardó cerca de tres meses en dictarse”. El ‘San Agustín’, que no es parte en la causa, rompió a finales de enero, nada más recibirla, sus vínculos con el profesor, que se encontraba en situación de jubilación parcial. De las diligencias practicadas se han detectado “indicios fundados de la comisión, cuando menos”, de los tres delitos reseñados y la existencia de una “situación objetiva de riesgo” para el denunciante y otras posibles víctimas con las que compartiese espacio escolar.

Indicios suficientes de actos delictivos dentro del colegio

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta decidió en enero dictar una orden de alejamiento entre el profesor, el que hasta entonces había sido su lugar de trabajo (el Colegio San Agustín) y la posible víctima denunciante tras constatar la existencia de “indicios suficientes para hacer pensar que el investigado cometía en ocasiones los delitos que se le imputan en ese centro educativo”. Esa fue la “razón principal” para acordar su resolución.

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