La Mesa Rectora de la Asamblea de Ceuta solicitó ayer a la Secretaría General de la institución asesoramiento legal sobre cómo gestionar y responder a las
faltas de asistencia caprichosas e injustificadas en que puedan incurrir los diputados. Tanto el presidente
Vivas como la vicepresidenta Primera, Cristina Pérez, aprovecharon la primera reunión de la Mesa tras el parón parlamentario navideño para poner sobre la mesa un asunto de candente actualidad después de que los miembros del
Grupo Parlamentario de Vox se saltasen hasta cuatro
Sesiones Plenarias durante la recta final de 2021 sin más excusa que no están de acuerdo con el Orden del Día establecido o
para boicotear el acceso a su acta del diputado de
Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa. “La Secretaría General ha tomado nota del asunto, pero no se le ha solicitado formalmente un informe al respecto”, indicaron fuentes del Ejecutivo local sobre lo tratado en la reunión, a la que no acudió su titular, María Dolores Pastilla, sino Miguel Ángel Ragel. La socialista Cristina Pérez amplió que “tanto Vivas como yo hemos preguntado y encargado a la Secretaría General la elaboración de un estudio sobre de qué forma se puede controlar desde la Mesa de manera efectiva el deber de asistencia a los Plenos y las ausencias injustificadas”. La obligación de asistir a los Plenos y las Comisiones Informativas que se convoquen está compensada económicamente salvo para los miembros del Ejecutivo y de la Mesa Rectora con una indemnización de 1.382,4 euros brutos al mes que en el caso de los portavoces de los Grupos de la oposición, como Verdejo, se incrementa en 520,2 euros. El Reglamento de la Asamblea establece que “la ausencia injustificada y reiterada” de un diputado a las sesiones del Pleno de la Asamblea y de las Comisiones de las que formen parte, y a la Junta de Portavoces en su caso”, producirá “la pérdida de la compensación económica a que tuviese derecho por asistencias a los órganos colegiados”.
Pérdida de compensación y otras sanciones
Además de “la pérdida de la compensación económica” que perciben los diputados por acudir a los Plenos, el Reglamento contempla sanciones de multa de hasta 90 euros y suspensión de funciones hasta dos meses por no ir “reiterada y voluntariamente” a los reuniones de los órganos colegiados. Las sanciones sólo las puede imponer el Pleno en sesión secreta, oída la Junta de Portavoces y a propuesta de la Mesa, siempre “de forma motivada” y dando audiencia previa.
Obligación salvo “causa justificada” y regulación reglamentaria
Los diputados de la Asamblea local tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que formen parte, así como a la Junta de Portavoces, en su caso, “salvo causa justificada”, tal y como establece el Reglamento de la institución, que precisa que a esos efectos debe presentarse “escrito justificativo ante la Secretaría del Pleno antes del siguiente ordinario a celebrar” desde que se produjo la falta. Habitualmente la Corporación ha interpretado la normativa con laxitud y nunca se ha hecho causa de batalla política por la inasistencia de algunos electos más o menos prolongada por motivos médicos o laborales. Nunca hasta el año pasado se había registrado, sin embargo, un comportamiento como el de los cuatro parlamentarios de Vox, que en repetidas ocasiones han optado por no acudir al Pleno sin más justificación que la de manifestar su disconformidad con la ordenación de las Sesiones o para boicotearlas. El Reglamento prevé que “la ausencia injustificada y reiterada de un diputado producirá la pérdida de la compensación económica a que tuviese derecho por asistencias a los órganos colegiados”, así como la imposición en paralelo de otras sanciones que pueden ser “multas de hasta 90 euros y suspensión de funciones hasta dos meses, ponderándose según los criterios de graduación establecidos en la legislación estatal básica”.