La GIUCE debe ejecutar más de 50 demoliciones con sentencia firme

Se ha presupuestado una partida de 600.000 euros, tanto para edificios ilegales como para los declarados en ruina

El Área de Obras Públicas de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE) trabaja ya en la planificación de las diferentes demoliciones que deberán llevarse a cabo a lo largo de este año 2013. Actuaciones que, según informó la subdirectora de Fomento, Carolina Pérez superan el medio centenar en lo que a ejecución de sentencias firmes se refiere. Aparte, hay que considerar aquellos casos de edificios que, tras varios años de trámite, han sido declarados definitivamente en ruinas y han de ser también demolidos. Para el desarrollo de estos trabajos que arrancarán en un plazo “breve” se ha presupuestado una partida de 600.000 euros.
“En este caso se trata de seguir lo indicado por la ley, pues sobre estos casos concretos ya hay dictada una sentencia firme y nosotros hemos de ser los encargados de ejecutarla”, comentó Pérez. En esa línea aseguró que, en contra de la creencia colectiva, no hay que mirar solo hacia la barriada del Príncipe cuando se habla de construcciones ilegales pues son muchos los puntos de la ciudad en donde se advierte la presencia de este fenómeno. De hecho, aseguró, muchos de esos más de cincuenta casos que deberán demolerse en este 2013 son áticos. “No se trata de crear alarmismo ni de demoler por demoler, sino de tratar de frenar la proliferación de estas construcciones porque está en juego, en no pocos casos, la seguridad de las personas”, aseveró Pérez comentando cómo, cuando se han producido lluvias torrenciales, por ejemplo, se han dado casos de máxima emergencia en casas construidas en un lugar inapropiado.  
Respecto a los edificios que han sido declarados en ruina, a lo largo de las próximas semanas técnicos de la GIUCE realizarán un recorrido para examinar cada uno de los casos y priorizar aquellos que requieren de mayor celeridad valorando tanto el estado del inmueble como si en su interior se ha detectado la presencia de algún inquilino a pesar de no estar considerado por la administración como un lugar con las condiciones adecuadas de habitabilidad.

“Muchas veces son los propios vecinos quienes nos advierten”

La colaboración ciudadana es fundamental para, sino erradicar, tratar de frenar la proliferación de las construcciones ilegales y poner cierto orden. Como reconoce Pérez, este problema se lleva produciendo desde hace décadas y el Gobierno local, con la aprobación del PGOU, pretende que en unos años se vaya Solventando. “Muchas veces son los propios vecinos quienes nos advierten, quienes denuncian, pues nosotros aunque recorramos las calles no podemos detectar todo lo que hay”, indicó.