Casi tres años han pasado desde la
crisis migratoria de mayo de 2021 y uno y medio cumplirá en nada el
Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico que el Consejo de Ministros aprobó implementar en Ceuta, de cuyas medidas más trascendentales poco o nada se sabe, como de la prometida “estrategia de Estado para proteger la estabilidad, prosperidad y desarrollo de la ciudad y su población”.
El Gobierno local del
Partido Popular dio cuando la ciudad se asomó “al borde del abismo” por el gran órdago de
Rabat un ejemplo con escasos precedentes de lealtad institucional con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
La firmeza del presidente autonómico del PP junto a un inquilino socialista de La Moncloa en un frente común con el interés nacional por encima de todo cargó de munición a la ultraderecha, pero Vivas mantuvo el rumbo y dio la cara también por las presuntas bondades de abrir una “nueva etapa” en las relaciones con el país vecino.
El año pasado, cuando la promesa de abrir una
aduana comercial empezaba a verse cada vez más inverosímil, concedió al ministro de Exteriores el año que le había pedido para cerrar los (supuestos) últimos flecos con el Reino alauita.
A estas alturas de 2024 no ha habido novedades concretas al respecto. Nada se sabe del proyecto para invertir 80 millones en una ‘Ciudad de la Formación Profesional’ sobre el antiguo Hospital Militar (terrenos que cedería la administración local) y tampoco se ha concretado cuándo empezarán las obras del Centro Integrado del Brull sobre suelo regalado por el Ejecutivo local.
Las bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social que se iban a ampliar del 50% al 75% se han cambiado unilateralmente por un sistema que rechazan patronal y sindicatos.
En el aire está la vía para mejorar la conectividad con la península aunque fuese sin dedicar más dinero y tampoco se ha consumado algo en relación con las reformas que se reclaman desde Ceuta y
Melilla de las leyes del Impuesto de Sociedades o del IVA.
Los macroplanes de construcción de viviendas sociales han pasado de largo y la última promoción de 90 casas de Loma Colmenar no arranca.
Seguridad "en estudio"
El Consejo de Seguridad Nacional acordó en junio de 2022 elaborar un
Plan Integral de Seguridad para las ciudades autónomas, pero no se ha pasado apenas de las palabras.
Según acaba de explicar el Ejecutivo de Sánchez al diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya, en más de un año y medio se ha trabajado en “elaborar un estudio de situación desde un punto de vista general de la seguridad en diferentes ámbitos y sectores de actividad”.
“Una vez se integre y analice toda la información obtenida, se podrá comenzar a trabajar en los objetivos estratégicos del Plan y en las correspondientes líneas de acción”, augura.
Mientras la Administración General del Estado lo fía largo, la intensificación de la
presión migratoria sobre la ciudad de las últimas semanas y la anuencia con la que gestiona el fenómeno el país vecino mientras el Gobierno de España calla ha terminado de colmar el vaso del Ejecutivo local, que se confiesa decepcionado en general y desesperado en particular por su falta de recursos para responder a la problemática generada.
La propuesta que el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, llevará a un
Pleno extraordinario el jueves alerta de que la Ciudad se ve ante “una situación insostenible y de emergencia”. “Se trata de un asunto, el de la inmigración irregular, que a la hora de afrontar sus consecuencias debe ser una causa de todos, no solo de los territorios con fronteras exteriores, terrestres o marítimas”, entienden los de Vivas.
Por ello pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez “que emplee cuantos medios sean adecuados para, de acuerdo con la ley, evitar la entrada irregular de migrantes en nuestra ciudad”. También que “limite en todo momento” la estancia de migrantes menores y adultos en Ceuta “a la capacidad de los respectivos centros de acogida”.
El CETI alberga actualmente a unos 300 foráneos con un 40% de sus plazas libres, pero
en ‘La Esperanza’ ya hay un centenar de niños migrantes solos por encima de su capacidad máxima establecida en 2022 (132 jóvenes).
El mayor grado de consenso posible
El presidente de la Ciudad prevé abordar hoy el estado de la cuestión en la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno, con los miembros del Grupo Parlamentario Popular y con representantes de la oposición para intentar alcanzar el mayor grado de consenso posible en lo que a los siguientes pasos a dar se refiere.
De momento el jueves se someterá a la Asamblea una iniciativa que también instará a la propia Ciudad a “reforzar, previo cumplimiento de los trámites y procedimientos que sean preceptivos, los medios de atención a menores no acompañados al objeto de, en su beneficio, paliar los efectos negativos de la actual situación en distintos ámbitos”.
En las Cortes Generales, el congresista Javier Celaya ha intensificado la presentación de iniciativas para interrogar al Ejecutivo de Sánchez por sus planes para mejorar la gestión de la Sanidad (lastrada todo 2023 por la huelga médica) o la Educación (un fiasco monumental en el último informe PISA.
Las inversiones para construir una nueva Comandancia de la
Guardia Civil y una Jefatura Superior de la
Policía Nacional han sido reprogramadas y pospuestas. Solamente el proyecto de la interconexión eléctrica submarina parece avanzar conforme a lo previsto y el Ministerio de Defensa ha dado una de las pocas buenas noticias concretas con su anuncio de cesión “de forma no onerosa” de suelo militar hasta 2030.
“Esperábamos la implementación de una estrategia de Estado con medidas concretas y regales, de aplicación ágil y resultados palpables, pero no se vislumbra”, lamentan fuentes gubernamentales la deriva de la situación.