El caso que investiga la Fiscalía por
la presunta sustracción de medicamentos en el Centro Penitenciario de Ceuta, tal y como confirmó este lunes Instituciones Penitenciarias a este medio, podría conllevar detrás de él un delito contra la salud pública y otro de falsificación de documento. Y es que según han revelado a El Faro fuentes cercanas a la
prisión de Mendizábal, esos medicamentos, concretamente Rivotril, nunca llegaron a entrar en el centro penitenciario, sino que se encargaban desde la Enfermería y posteriormente se recogían en farmacias del exterior, pero no precisamente para abastecer a la farmacia de la cárcel.
La cronología de los hechos sitúa la comisión de este presunto delito unos meses atrás, cuando se detectaron unos pedidos de Rivotril -un psicotrópico que se usa como ansiolítico- a la farmacia de la prisión, levantando las sospechas del personal, ya que “denotaban un aumento alarmante y totalmente desproporcionado y no ajustado a lo que se consumía y se adquiría normalmente”, según estas mismas fuentes.
Fueron los propios servicios médicos de la prisión los que alertaron de esta circunstancia a la dirección de Mendizábal, ya que no veían normal ese incremento de los pedidos que, además, no llegaban a la prisión. Por este motivo se inició una investigación al respecto, llegando a la conclusión de que se “habían realizado pedidos de farmacia al margen de los conductos normales”.
Para ello, aseguran que el principal sospechoso llegó a utilizar de forma fraudulenta y bajo un presunto “abuso de confianza los sellos y firmas de los propios facultativos de la cárcel”.
Una vez hacía los pedidos, confirman fuentes penitenciarias, los medicamentos nunca llegaban al centro de Mendizábal, sino que era un empleado de la enfermería quien los recogía en la farmacia a través de las recetas supuestamente falsificadas.
Aunque aún no se ha podido comprobar -de ahí la investigación iniciada por la Fiscalía- qué hacía este trabajador con tanta cantidad de Rivotril, una de las hipótesis es que los distribuía en la calle, posiblemente al país vecino de Marruecos, donde el precio de una caja puede dispararse hasta los 300 euros, ya que es común usar este medicamento para elaborar drogas de diseño.
Una vez que la dirección de la prisión tuvo sospechas de lo que estaba ocurriendo, dio el aviso a Instituciones Penitenciarias, quien hace dos semanas envió a la Subdirección de Inspección Penitenciaria a investigar el asunto en el seno interno de la prisión. Al parecer, según relatan fuentes del interior de la cárcel, una vez averiguada la red de compra que mantenía este trabajador, un auxiliar de clínica, ocupando recetas falsas y recogiendo las pastillas fuera del centro penitenciario, se dirigieron a éste, quien, al parecer, reconoció los hechos ante la Inspección Penitenciaria, que previamente se entrevistó con todo el personal médico de la cárcel, así como con todo aquel que pudiera tener acceso a las recetas.
Con todas las pruebas que la Inspección Penitenciaria ha agrupado en un expediente abierto por este caso, se puso en conocimiento de la Fiscalía, quien lleva desde ahora la investigación. A su vez, Instituciones Penitenciarias ha paralizado este expediente hasta que Fiscalía resuelva si los hechos acometidos son constitutivos o no de algún delito.
Del expediente elaborado por la Inspección Penitenciaria se pueden deducir, al menos, la comisión de dos delitos, como podrían ser la falsificación de documento público -en referencia a la receta de pedido de farmacia- y otro contra la salud pública, ya que el Rivotril, además de ser un medicamento que se distribuye bajo receta médica, también es utilizado, en la actualidad, para la elaboración de drogas de diseño.
El tema ya se ha judicializado por lo que en próximas fechas será la Fiscalía quien empiece a llamar a testificar tanto al principal sospechoso, como al resto de testigos que puedan ratificar los indicios que Inspección Penitenciaria ya averiguó e incluyó dentro del expediente abierto, ahora paralizado hasta la decisión judicial.