La resolución es un “varapalo” para la presidenta del Comité de Empresa, según la central.
FSP-UGT anunció ayer que el Juzgado de lo Social resuelve a su favor la demanda que interpuso en contra de Amalia Díaz Ramos, presidenta del Comité de Empresa de Educación, y contra María Morilla Campoy, secretaria del Comité de Empresa de Educación.
La demanda estaba justificada, sostiene UGT, por las “continuas y reiterativas vulneraciones” de los derechos fundamentales de libertad sindical en contra de esta central y Miguel Sánchez Guillén, miembro de este sindicato en el Comité de Empresa de Educación.
El fallo del juez, continúa esta Federación, “deja muy claro y explicito en declarar que la negativa efectuada por los órganos directivos del Comité de Empresa, de negar al miembro de UGT, Miguel Sánchez Guillén, copia de las actas es constitutiva de una vulneración de libertad sindical, declarando la nulidad de tal conducta y condenando al mencionado Comité de Empresa, mediante su presidente o secretaria, que facilite a Sánchez Guillén, miembro de UGT, copias de las actas de este órgano de Educación.
Desde septiembre de 2007, recuerda UGT, formula la petición de las copias de las actas solicitando al juez el cese inmediato de la “actitud antisindical de la presidenta”.
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