El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio seguido por un presunto caso de abuso sexual que habría sufrido una residente del CETI en octubre de 2019.
Como acusado figura un funcionario del centro, el llamado A.F.V., quien en aquella época era trabajador social. La denunciante es una residente que estaba en situación de especial vulnerabilidad al ser madre de una hija menor de edad.
Fiscalía y Acusación Particular solicitaron pena de prisión e inhabilitación al considerar que los hechos están suficientemente acreditados, mientras que la Defensa pidió la libre absolución de su patrocinado y, en el caso de que hubiera condena, que se tuviera en cuenta una atenuante de dilaciones indebidas y se impusiera una pena de 8 meses de cárcel.
La vista, que se extendió hasta pasadas las tres y media de la tarde, contó con las declaraciones completamente opuestas de denunciante y acusado.
La mujer, de origen marroquí, estuvo acogida en el CETI alrededor de 8 meses junto a su hija. En su declaración, ofrecida por videoconferencia, insistió en que en los últimos meses de estancia en el centro del Jaral sufrió abusos por parte del acusado, que hacía prevalecer su condición de trabajador social en el citado centro sobre una persona incluida en el grupo de vulnerables.
Declaró ante el tribunal que el acusado quería tener una relación con ella, a lo que la fémina se negó. “Te puedo ayudar y mandarte a la Península”, mantuvo que le dijo. “Lo que yo quiero lo tienes tú y lo que tú quieres lo tengo yo”, recalcó que le mencionó con vistas a obtener un beneficio sexual a cambio de facilitarle ese traslado.
Entre los episodios que, asegura, sufrió citó un momento en el que ella acudía a recoger a su hija al colegio y el acusado se ofreció a llevarle en su coche particular para, ya en su interior, ponerle la mano en el muslo.
Se sintió “humillada”, como si fuera “una cualquiera”, al verse señalada como una mujer que podía atender esos deseos sexuales expuestos. Dentro del coche le habría pedido tener relaciones aprovechándose de su condición de superioridad por su trabajo de funcionario en el centro, que trataba además con el colectivo de residentes.
Contó otros episodios más de contacto con el acusado que se habrían producido dentro de la furgoneta del centro o en la casa del acusado, que pudo describir perfectamente por lo que constató que conocía como era y que, por tanto, la había visitado.
Se sintió “amenazada”, porque pensaba que, de no plegarse a sus insinuaciones, podría no salir fuera de Ceuta. La denunciante dejó claro que se sintió “chantajeada” por parte del acusado a quien creía con el poder de dejarla en el CETI o favorecer su salida o incluso devolverla a Marruecos.
Tras todo aquello sufrió ansiedad, anemia, y temió que algo le sucediera tras dar el paso de presentar denuncia en la Jefatura Superior de Policía después de derrumbarse ante las trabajadoras sociales del CETI a las que contó lo que estaba pasando.
La Defensa puso de manifiesto en su interrogatorio que algunas de las valoraciones expuestas ahora no habían sido recogidas en las anteriores declaraciones efectuadas en fase policial o de instrucción judicial.
Frente a esta declaración incriminatoria se presentó la del acusado, quien dejó claro que “jamás” había tocado a quien estuvo de residente en el centro y con la que trató como tal.
Negó que la hubiera llevado en alguna ocasión a su casa, recalcando que podía conocer dónde vivía porque su hija iba a un centro escolar situado cerca. También negó que le hubiera tocado dentro de su coche. Lo mismo hizo con los ofrecimientos de facilidades para marchar a la Península.
“Yo no llevaba el programa de familia”, declaró, exponiendo por tanto la imposibilidad de que él pudiera influir en un traslado más rápido al tratarse de una unidad familiar formada por madre e hija menor.
“Nunca he hablado de sexo con esta mujer”, insistió. Dijo, de hecho, que se vio sorprendido cuando ella le envió una solicitud de amistad a través de Facebook y comenzó una conversación con él por medio de Messenger.
Lo más que hizo con ella, manifestó, fue tomarse un café después de acompañarle al centro comercial a comprar una chaqueta para su hija ya que le daba pena después de confesarle que no tenía dinero para adquirir un chaquetón. “Que se saque esto de contexto…”, lamentó.
“Esta señora me tenía ganas y le han presionado, le dirían que tenía que denunciar, pero yo no le he hecho nada”.
Como testigos prestaron declaración quien fuera director del CETI, José Manuel Durán, quien dijo que antes de la presentación de esa denuncia en la Policía tan solo le habían llegado rumores de que este trabajador social podría estar extralimitándose con mujeres de protección internacional.
Cuando ya existió una exposición de hechos formal, es decir, una denuncia, ordenó que se investigara su comportamiento con esta y otras mujeres. También reconoció que la relación de las trabajadoras sociales del CETI con el acusado no eran buenas, sino más bien “tensas”, debido a los comentarios fuera de tonto que él solía hacer y por los que fue advertido.
Preguntado sobre si denunciar un acoso o abuso sexual serviría para que una residente saliera antes de Ceuta, el exdirector del CETI lo negó.
Claro fue el testimonio de una trabajadora social del centro que fue la que atendió a la víctima, la que escuchó su testimonio que le pareció cierto. Ya antes la habían visto montarse en el coche del acusado cuando este estaba de descanso, en una clara situación anómala. “Nos olíamos que algo no iba bien”, indicó al tribunal.
En el despacho, la mujer se “derrumbó” y contó lo que estaba pasando, el tocamiento ocurrido o los deseos de una relación sexual por parte del acusado a los que ella se negaba.
Las trabajadoras sociales del CETI habían escuchado comentarios de residentes que daban a entender que ni no se era guapa o bonita, el acusado no daba el laissez passer.
En sus informes, tanto Fiscalía como Acusación Particular pidieron prisión para el acusado (en concreto 2 años y 1 día sin opción a suspensión), haciendo hincapié en que el acusado se aprovechó de la situación de superioridad sobre una víctima vulnerable.
También se pidió inhabilitación para el ejercicio específico de trabajador social y responsabilidad civil de 2.000 euros.
Consideran que existió un caso de abuso sexual en el que ella asoma como una víctima “intimidada” a la que se le acercaba este funcionario buscando una relación. Además del testimonio de ella, indicaron que existían otras declaraciones que lo validaban.
Por su parte la Defensa recalcó que no habían quedado acreditados los hechos ya que la única prueba de cargo existente estaba marcada por variaciones y no era suficiente por tanto para enervar el principio de presunción de inocencia. “Hay que plantearse si se está ante un relato veraz o no”, concluyó.
Agentes de la Policía Nacional y Local se han desplazado esta noche a las inmediaciones…
Los vecinos de la barriada Bermudo Soriano de las Letras, en Ceuta, han experimentado mejoras…
Esta tarde la patronal y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores…
Castillejos se transforma en una ciudad blindada con la llegada de más efectivos de cara…
En la tarde de este miércoles se ha celebrado la última ceremonia en honor a…
Cuando en Ceuta todavía estamos 'estrenando' la nueva red de semáforos con sus más y…