Pablo Ceriani, miembro del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, ha considerado que "las expulsiones de menores desde Ceuta son un lamentable paso atrás para España".
En una entrevista en eldiario.es, Ceriani ha explicado que vio "con gran preocupación" el proceso de retorno de los menores a Marruecos. "El caso de Ceuta ha sido un lamentable paso atrás porque las decisiones no se adoptaron guiadas por el respeto a los derechos de cada niño, sino por otros motivos de colaboración entre dos Estados", ha comentado.
Pablo Ceriani, autor, entre otros informes, de 'Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española', del año 2019, añade en la entrevista que en 2018 advirtieron "de una serie de problemas serios, de deficiencias, en lo tocante a la atención, a la coordinación entre las autonomías y el Estado, a la preparación para contingencias con recursos de protección adecuados… Los niños quedaban en el sistema de protección y había que arreglar ciertas cosas: corresponsabilidad, transición a la mayoría de edad, permisos de residencia, recursos de acogida adecuados, más intérpretes y mediadores culturales… Se trataba de mejorar sustancialmente las políticas, pero no había prácticas de devolución con fines migratorios. Por eso estas expulsiones han sido tan preocupantes".
Para este argentino miembro de la ONU, "el de la excepcionalidad no es un argumento válido para nada" y lo que se tenía que haber hecho era "haber reforzado los recursos humanos, técnicos y de infraestructuras que existen en Ceuta y el resto de España para atender a los niños que llegaron, no obviar nuestras obligaciones legales para quitarnos el desafío de encima".
Además, este miembro electo del Comité de la ONU considera que "se hace difícil pensar que la solución pueda ser devolverlos a un país que ya dio cuenta de su déficit, desinterés o falta de voluntad a la hora de proteger sus derechos".
Sobre la posible vulneración de la Ley de Extranjería, Pablo Ceriani explica que "la Ley de Protección del Menor deja muy claro que es responsabilidad de las administraciones públicas velar por el interés superior del menor como principio rector supremo. Debería incluir más explícitamente referencias al niño migrante o solicitante de asilo aunque lo repita la normativa de Extranjería. Lo ideal sería que se apruebe el Reglamento de la Ley de Asilo y que incorpore procedimientos para que la niñez no acompañada pueda pedir protección internacional".
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